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Según datos que maneja el Ministerio del Interior, más del 90% de las personas en situación de calle tienen anotaciones policiales, lo que incluye desde altercados en la vía pública a controles de rutina por parte de la Policía. Fuentes del ministerio aseguraron a Búsqueda que la cartera está dispuesta a actuar de la forma en que sea conveniente para colaborar en la solución al problema, como ya lo ha hecho en el pasado al aplicar la Ley de Faltas y retirar personas que ocupaban espacios públicos y afectaban la convivencia ciudadana. De todas formas, agregaron que en última instancia las decisiones dependen del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
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Ambos ministerios han tenido diferencias públicas durante este período, cuando el director nacional de Policía, Mario Layera, y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, criticaron ciertas políticas del Mides como adversas a la acción policial. A escala más interna, cómo actuar ante las personas que viven en la calle es uno de los temas que genera más discrepancias, ya que desde el Ministerio del Interior consideran necesaria una mayor severidad.
Por lo pronto, el ministerio ha fortalecido económicamente a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) —una dependencia cuyo objetivo es reinsertar en la sociedad a los adultos que egresan del sistema penitenciario— al duplicar su asignación presupuestal anual de $ 5.600.000 a $ 10.600.000.
Además, el próximo jueves 13 y viernes 14 la Dinali y el ministerio organizarán en Montevideo el Congreso Latinoamericano de Políticas Pospenitenciarias, en el cual participará como orador el ministro Eduardo Bonomi. Con expertos de las Naciones Unidas, Argentina, Chile y Colombia, el congreso discutirá el tema de las personas en situación de calle y tendrá una ponencia específica para debatirlo: “Violencia en prisión, reingreso comunitario y situación de calle”, a cargo de la socióloga uruguaya Fiorella Ciapessoni.
Consultado por Búsqueda, el director de la Dinali, Jaime Saavedra, sostuvo que “la magnitud de la problemática” supera las posibilidades del organismo. “En ningún lugar del mundo está previsto que las políticas pospenitenciarias atiendan todos los requerimientos de quienes salen de prisión. En los últimos tres años salieron seis mil personas por año y la mayoría lo hace sin vivienda, sin trabajo, sin educación, sin familia, con adicciones... Nuestra población objetivo tiene un combo completo de problemas durante toda una vida, que obviamente nosotros no podemos resolver”, afirmó. “Si Jaimito no tiene educación ni capacidades, no es un problema del Ministerio del Interior”, ejemplificó.
Sobre la situación específica de las personas en situación de calle, indicó que “en general corresponde al Mides” y que la política de la Dinali se enfoca en la Posada de Camino, un edificio que inauguró hace un año y sirve de hogar para 66 personas los primeros 90 días tras ser liberadas del sistema penitenciario. “Respecto a la manera de poder sacar gente de la calle, ya pasa por cosas estrictamente policiales y operativas que no dependen de la Dinali sino de la Policía, pero ellos actúan en el marco de sus posibilidades”.