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El titular de Salud Pública, Daniel Salinas, planteó en el Gabinete de Bioseguridad su preocupación respecto al “análisis de residuos de agroquímicos en los alimentos” y a la “protección de los trabajadores del sector agrícola”, según pudo averiguar Búsqueda.
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Consultado sobre este tema, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, quien preside ese gabinete, declaró a Búsqueda: “Esa preocupación la compartimos también”.
“Dentro de las competencias del MGAP está la responsabilidad de los aspectos vinculados a la aplicación de los agroquímicos”, dijo.
Y acotó que “de la misma manera como él debe tener la preocupación en que los medicamentos no tengan consecuencias colaterales en su aplicación y en su debido uso”. Asimismo, “en los tratamientos fitosanitarios tenemos el máximo cuidado de que las aplicaciones específicas de productos autorizados no tengan consecuencias ni en la población, ni en los trabajadores encargados” de esa tarea, afirmó.
El titular de Ganadería se refirió a que hay una estructura en Bioseguridad, que está compuesta por varias instancias integradas por profesionales científicos de una “serie de especialidades”, en un “grupo técnico muy calificado”.
En “toxicología, ingeniería de alimentos, alergenicidad, entomología, ciencias veterinarias y agronómicas”, entre otras, repasó.
Sostuvo que “el Ministerio de Salud Pública no tiene representante en ese Comité de Articulación Institucional (CAI), porque aduce que no lo integra, que no tiene la especialidad y los recursos necesarios”.
“Entonces acordamos con el ministro (Salinas) identificar esa capacidad para que puedan incorporarla y tengan la información, sin perjuicio de que los técnicos que actualmente lo integran son de absoluta idoneidad y confianza”, contó.
Más científico que ideológico
Mattos destacó que “el grupo de análisis de riesgo es el mismo que venía procesando, en la mayor parte de sus integrantes”. En lo que “hemos trabajado es en generar justamente más información para que la instancia de decisión política no sea una traba”, puntualizó.
En este período “hay una recuperación de un rezago importante que se venía verificando, porque algunos eventos autorizados este año fueron presentados hace bastante tiempo”, dijo.
Sostuvo: “Esto evidentemente que es un cambio, porque nos basamos mucho más en los aspectos científicos y nos preocupamos también de la competitividad”.
El ministro de Ganadería también habló de este tema el martes 16 en el acto de inauguración de la cosecha de trigo, realizada en Dolores. “Estamos poniendo arriba de la mesa un criterio más científico que ideológico, a la hora de aprobar los eventos transgénicos”, enfatizó al diferenciar con la política adoptada por las administraciones del Frente Amplio.
En declaraciones a Búsqueda, Mattos se refirió a la diferencia que hay entre la cantidad de semillas transgénicas aprobadas en los países de la región, que son competidores de la producción de granos de Uruguay.
“Al 2019 en Brasil había 43 eventos comerciales de maíz aprobados y en Argentina había 35, mientras que en Uruguay apenas 12”, detalló. Y consideró que en el caso de la soja “es peor aún”, porque en ese año había 16 organismos genéticamente modificados autorizados en el país norteño, 15 en el mercado argentino y “apenas siete” en el campo uruguayo.
“Muchos de estos eventos son modificaciones múltiples”, porque “sobre un mismo evento hay una modificación siguiente para otra característica”, que implica “pequeñas modificaciones sobre un mismo carácter”, señaló.
Defendió el menor impacto que suponen las semillas transgénicas para el medio ambiente, específicamente por una aplicación adecuada de agroquímicos.
“Al contrario de lo que se puede pensar en forma general, protegen el medio ambiente, porque muchos de ellos implican que en el ciclo productivo, por el paquete tecnológico asociado, se realicen menos aplicaciones de insecticidas y en algún caso de herbicidas, respecto a otros elementos que no componen estas características”, aseguró.
