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    Mayores costos y menor demanda serán los principales problemas

    Los empresarios reclaman al gobierno medidas que bajen la presión fiscal y negociar más TLC

    “Uruguay es un país extremadamente caro”, se quejó uno de los ejecutivos consultados para la XXI Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda. Se trata de una percepción compartida por varios y que se reflejó al momento de identificar cuáles son los mayores problemas que afrontarán sus firmas el próximo año. De hecho, el incremento de los costos —como los salariales, impuestos y las tarifas de servicios públicos— es el principal desafío que visualizan; fueron 56 las menciones a este asunto.

    A los encuestados se les pidió que señalaran cuáles son los mayores problemas que identifican para sus empresas en 2017. El aumento de costos es una preocupación constante del empresariado; también en la encuesta anterior había figurado con la mayor cantidad de menciones. Entre los ejecutivos del sector de los servicios, el agro y las finanzas, los mayores costos encabezan su lista de preocupaciones.

    A mediados de este mes el gobierno informó los porcentajes de ajuste de las tarifas de UTE, Ancap, Antel y OSE que regirán desde enero. Y, en línea con el sentimiento de descontento que reflejó la encuesta de Búsqueda, las 20 gremiales nucleadas en la Confederación Empresarial del Uruguay y, por su lado, las cámaras de Comercio y la Mercantil, emitieron sendos comunicados cuestionando los incrementos.

    En la encuesta, el descenso de la demanda interna o externa fue el problema que siguió en cantidad de referencias (39 en total), una percepción entendible tras un 2016 en el que la actividad estuvo virtualmente estancada en algunos trimestres. Este asunto constituye la principal preocupación para los comerciantes.

    Luego, 20 mencionaron la mayor competencia como un problema importante a afrontar el próximo año. Algunos fueron más específicos y aseguraron que se preparan para tener que competir con jugadores informales o con prácticas desleales, como el dumping.

    La conflictividad laboral recogió 12 menciones como mayor problema; para las empresas constructoras este asunto reviste la misma relevancia que la baja productividad laboral y el aumento de los costos de producción.

    Aun con menos cantidad de menciones, otras dificultades que avizora el conjunto del empresariado son el deterioro de la competitividad (asociada al bajo precio del dólar), la pérdida de rentabilidad del negocio y algunos problemas específicos de sus giros, por ejemplo.

    Medidas.

    A los encuestados se les solicitó también que dijeran cuáles son las medidas que debe adoptar el gobierno el próximo año, así como aquellas que entienden que deben ser evitadas. Las respuestas estuvieron en sintonía con las preocupaciones señaladas por muchos de ellos.

    Abatir el “costo país” y la presión fiscal que soportan las empresas fue, por lejos, la medida más reclamada, con 40 menciones. El clamor fue todavía mayor si se considera que hubo otros 30 que demandaron bajar el gasto público, lo que muchos piensan que debería permitir aliviar la carga tributaria.

    Recibió 24 menciones el reclamo de propiciar una mayor apertura comercial y de negociar más tratados de libre comercio (TLC). Se trata de una reivindicación que había aparecido en anteriores encuestas, aunque no con tanta fuerza como en la presente; es que se cierra un año en el cual la administración del presidente Tabaré Vázquez negoció una profundización del acuerdo con Chile e hizo gestiones para empezar a discutir un TLC con China.

    Introducir cambios que eleven los niveles educativos de la población siguió en el orden de medidas reclamadas, con 19 menciones, y luego la de acciones que ataquen el problema de la inseguridad pública (18). Otros pretenden que el gobierno actúe para hacer subir la cotización del dólar y así favorecer la competitividad exportadora, además de restablecer el equilibrio en las relaciones laborales, que perciben inclinadas a favor de los trabajadores (16 menciones en ambos casos).

    Pocos señalaron acciones que, a su entender, deberían ser evitadas. Siete pidieron no aplicar los cambios tributarios y postergaciones de gasto que, a modo de un ajuste fiscal, entrarán en vigor en 2017. Con menos cantidad de menciones, algunos reclamaron a las autoridades no ceder a las presiones del sindicalismo e impedir confrontaciones en el oficialismo y con la oposición política.

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