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La vigilancia de la gestión de los dineros públicos se va extendiendo no solo por las actuaciones directas efectuadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sino mediante equipos auditores propios, cuya creación en los distintos organismos se aceleró en el actual período de gobierno. Hasta ahora, más de la mitad de los ministerios y otros incisos de la administración central tienen esas estructuras, una proporción que alcanza a 80% en el caso de los entes y servicios descentralizados.
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La actual Ley de Presupuesto Nacional (19.924) y un decreto reglamentario del 2022 exigió la creación de estas unidades internas. Con ese marco, se conformó además un Sistema de Informacio´n de Auditori´a Interna Gubernamental del Uruguay (Siaigu), que se transformó en un “pilar” para “cambiar el paradigma de control” con que se venía actuando hasta el 2020, sostuvo Rafael Brocos, coordinador de la División Sector Público de la AIN. Con “una estructura muy chica”, de 33 funcionarios a su cargo, esa área solo puede “alcanzar un universo muy pequen~o del Estado (…). Parados en esa situacio´n, nos planteamos el desafi´o de que´ poder hacer con los mismos recursos para ampliar nuestra red de control”, argumentó en una reciente comparecencia en el Parlamento.
Explicó que desde mediados de este an~o está operativo el Siaigu —cuya creación había sido prevista por la anterior administración a través de la Ley 19.535—; allí se vuelca informacio´n relativa a las auditori´as internas realizadas, a la evaluacio´n del control interno y a aspectos vinculados al gobierno corporativo. En la Ley de Presupuesto vigente se amplió el alcance del sistema a los entes auto´nomos y servicios descentralizados del dominio comercial e industrial, a la vez que en el proyecto de Rendición de Cuentas que trata actualmente el Parlamento se prevé involucrar también al llamado para-Estado. Con todo esto, dijo el jerarca, las auditorías alcanzarían a un universo de “ma´s de 250 organismos que hoy gestionan fondos pu´blicos. En mayor o menor medida tenemos las hijas y nietas de las empresas pu´blicas, fideicomisos y otro monto´n de cosas que nosotros hoy podríamos estar auditando”.
Los datos provistos al Siaigu son utilizados por la AIN para “inferir” si “los organismos son gestionados de manera efectiva, eficiente, e´tica, transparente, responsable y en beneficio del intere´s pu´blico sin llegar a realizar auditori´as propiamente dichas”, reseñó. A partir de esa información, otro propósito es “determinar el nivel de madurez” de las unidades internas, que no es parejo, apuntando a que sean “robustas”, precisó. La AIN también busca “saber si son gestionadas las vulnerabilidades que se identifican” a partir de sus auditori´as internas.
Si bien la AIN empezó a recibir informacio´n desde 2018 de algunos organismos, “la realidad actual es bastante diferente” en cuanto a la cantidad de unidades de auditori´a interna involucradas. Estas han ido aumentando en número y, hoy, el 55% de los incisos de la administracio´n central las tiene. Aseguró que el 50% fueron creadas a partir de 2020, como las de los ministerios de Transporte, Vivienda, Desarrollo Social, Ambiente y Economía.
Brocos informó que hasta hace un par de años habi´a “muy poquitas” personas pu´blicas no estatales con unidades de auditori´a interna constituidas y que en la actualidad las tienen 20 de las 42. El 71% surgieron en este gobierno.
En los entes y servicios descentralizados dijo que “son poquitos (…) los que van quedando sin unidades de auditori´a interna. Los últimos en incorporarlas fueron el Inisa, la Ursec y el Instituto Nacional de Colonizacio´n.
“¿Por qué tomamos como beneficio esto en la interna? Porque fue un camino muy largo para que el Estado reaccionara y tomara en cuenta que (…) es un mecanismo adecuado para gestionar diligentemente e imprescindible para el cumplimiento de las poli´ticas pu´blicas que se establecen independientemente del gobierno de turno”, sostuvo.
“Corto” de recursos
Refiriéndose a la AIN, Brocos indicó a los legisladores que es un organismo que “esta´ corto” en personal, una estructura que “no ha cambiado para nada”, aunque destacó que logró mejorar sus resultados. Repasó que la AIN pasó de realizar 14 auditorías al año en 2019 a efectuar 35 actuaciones en 2022, y prevé cerrar el 2023 con un número similar. Atribuyó esa mayor productividad a los incentivos dados al personal, así como a la incorporacio´n de “nuevas herramientas”, como el Siaigu, que les permite ser “ma´s eficientes y contar con mejor informacio´n para realizar auditori´as ma´s a´giles, ma´s concretas y de mayor valor agregado”. También destacó que la AIN firmó seis nuevos convenios de adhesio´n con entes auto´nomos y servicios descentralizados en su rol de “superintendencia te´cnica” para asesorarlos en el proceso de seleccio´n de las empresas privadas que ejercen la funcio´n de auditoría interna. “Esto sucede mucho en personas pu´blicas no estatales, que tal vez por su estructura no amerita que tengan personal propio destacado en lo que es la unidad de auditori´a interna y han comenzado a tercerizar” esa tarea, explicó.
