Mayoría de migrantes tiene trabajos formales, aunque barreras para revalidar títulos impiden aprovechar sus calificaciones

El informe, al que accedió Búsqueda, sostiene que la “migración reciente” en Uruguay presenta una estructura de edades más joven y menos feminizada que la población nativa o la migración con más tiempo en el país, tiene una sobrerrepresentación en espacios urbanos (en particular en Montevideo) y un nivel educativo comparativamente alto. Estas características desembocan en una participación y ocupación laboral del 78% y el 69,7%, respectivamente, indicadores incluso mayores a los de la población nacida en el país.

Al expandir su análisis sobre la influencia del Covid-19 especialmente en el mercado laboral de la salud, el documento señala que la pandemia “visibilizo´ la insuficiencia de médicos, enfermeras y trabajadores formados para el cuidado de personas con dependencia temporal o permanente”. Asegura que eso fue visible en toda la región, por lo cual países como Chile y Perú promovieron la contratación de migrantes profesionales en medicina para reforzar los servicios de salud locales, mientras Argentina autorizó de forma excepcional la contratación y ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero.

“En Uruguay, según la información proporcionada por las autoridades entrevistadas, se encuentra pendiente la emisión de un decreto que habilite temporalmente esta posibilidad. Esta experiencia podría marcar un camino para atender demandas en determinados sectores productivos que trascienda la excepcionalidad y el carácter utilitario de una posible reválida provisoria”, argumenta.

El informe apunta que desde 2010 hasta 2019 la Facultad de Medicina fue el segundo servicio de la Universidad de la República que registró más inscripciones de migrantes (13% del total), solo por detrás de Ciencias Económicas (15%). A escala general, en todas las facultades se advierte el peso de los estudiantes provenientes de Venezuela, que desde 2015 se “incrementó considerablemente”, al punto de “moderar la participación de estudiantes de origen argentino y brasileño”, que históricamente habían sido los más numerosos.

Para solucionar los procedimientos de revalidación de títulos universitarios, la ONU sugiere “revisar y testear con la academia, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil” la implementación del sistema en línea automatizado que a partir de 2022 y a cargo del Ministerio de Educación y Cultura supuestamente permitirá llevar a cabo el trámite de revalidación o de certificación de forma sencilla, rápida y transparente.

Denominado Aportes económicos y oportunidades de la población migrante y refugiada en Uruguay, el trabajo fue impulsado por la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay y coordinado por la oficina local de la Organización Internacional de las Migraciones. Tomó en cuenta censos de población, la Encuesta Continua de Hogares y registros estadísticos de la Junta Nacional de Migraciones, del Banco de Previsión Social (BPS), la Universidad de la República y el Ministerio de Desarrollo Social. También se basó en entrevistas a actores gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, referentes académicos, expertos internacionales, representantes de los trabajadores y del sector privado, personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiados.

El documento rompe con la creencia de que la mayoría de los migrantes que trabajan en Uruguay lo hacen de forma ilegal u informal. Según indica, el número que aporta a algún organismo de seguridad social pasó de 23.874 personas en 2013 a 38.221 en 2019, lo que significa un crecimiento del 8,3% anual. De ese total, el 93,5% lo hace al BPS, 2,5% a otro organismo de seguridad social en Uruguay y 4% al exterior. Los datos propios del BPS señalan que la población migrante ocupada de entre 20 y 59 años de edad que posee amparo de seguridad social pasó de 77,9% en 2013 a 80,3% en 2019.

De todas formas el documento recomienda al gobierno un conjunto de medidas para mejorar la inserción laboral de los migrantes, ya que es “la puerta de entrada al ejercicio de otros derechos como el derecho a la salud, educación, inclusión habitacional y el acceso a recursos sociales”. Entre las medidas que propone están armonizar la normativa vigente desde el precepto de igualdad de trato entre nacionales y no nacionales, implementar programas públicos concretos que faciliten el acceso a un alquiler social, identificar las competencias de la población extranjera y su complementariedad con las competencias nativas, dar mayor difusión a la plataforma Vía Trabajo del Ministerio de Trabajo y generar programas para fomentar el emprendimiento entre los migrantes.