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En medio de la pandemia originada por el Covid-19, los diversos gobiernos corren una carrera contra el tiempo, tanto para frenar la expansión de la catástrofe sanitaria como para contener su impacto en la economía y en los mercados financieros globales.
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Claramente, estamos ante un shock extraordinario y con características únicas, cuyos devastadores efectos sobre la economía global recién están comenzando a notarse. Como había sido el caso con los indicadores de China, que se conocieron la semana pasada y que habían mostrado los peores registros históricos, esta semana lo mismo ocurrió con los indicadores de actividad preliminares para marzo (índices PMI) de Europa y Estados Unidos (EE.UU.), que también mostraron los peores registros desde que se llevan datos, particularmente por la fuerte y lógica contracción en los servicios. A esta altura, pocas dudas quedan de que la contracción que tendrá la economía mundial en 2020 será mayor que la que se dio en 2008 durante la última gran crisis financiera, al tiempo de que se acrecienta la incertidumbre respecto a la velocidad con la cual podrá retornarse eventualmente a una relativa normalidad.
Dado este contexto, no debe extrañar que los gobiernos y los bancos centrales en todo el mundo estén apelando también a medidas extraordinarias. Quizás el caso más impactante es el de EE.UU. En efecto, por un lado su Reserva Federal anunció el lunes 23 que ingresa en una etapa de quantitativeeasing ilimitado —en la que va a comprar sin límite todo tipo de bonos, no solo treasuries y MBS, sino también estaduales y municipales, así como corporativos calificados como investmentgrade, quedando por ahora solo fuera del nuevo programa los bonos highyield— para asegurar que el crédito siga fluyendo en la economía. Por otro lado, ayer miércoles se llegó a un acuerdo en el Congreso para aprobar un paquete de apoyo de unos US$ 2 billones (algo así como 10% del PBI estadounidense), el más grande de toda la historia. Incluye medidas como un fondo para garantizar préstamos y asistir a empresas grandes por unos US$ 500.000 millones; unos US$ 350.000 millones para asistir a las compañías pequeñas; unos US$ 150.000 millones para asistir a los hospitales y otros proveedores de salud en la compra de equipos y suministros; pagos directos para las familias de ingresos medios y bajos a razón de US$ 1.200 por cada adulto y US$ 500 por cada niño, así como la extensión del seguro de desempleo a cuatro meses.
Masivo como es este tercer paquete de estímulo para lidiar con la crisis del Covid-19, existen dudas tanto sobre la velocidad con la que podrán enviarse los pagos a las personas afectadas, así como respecto a la rapidez con la que se podrán poner en práctica el resto de las medidas. Además, dada la dinámica que viene mostrando, la enfermedad se ha transformado en un “objetivo móvil” que requerirá sucesivas medidas paliativas de los gobiernos. Como señaló ayer Jason Furman, miembro del equipo económico del entonces presidente Barack Obama durante la recesión de 2008: “Nunca vi al Congreso moverse tan rápido para hacer algo tan grande. Lamentablemente, el problema puede ser más grande y moverse todavía más rápido”. O como también dijo el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard: “El paquete es básicamente correcto para la actual situación, pero es solo un apoyo transitorio, esto no es estímulo”.
En definitiva, la guerra contra el Covid-19 y sus consecuencias tanto sanitarias como económicas y financieras recién está en sus comienzos, con la complejidad agregada de que las medidas para mejorar en el área sanitaria —cuarentenas más o menos estrictas— repercuten negativamente en el ámbito económico y financiero, y viceversa. En todo el mundo, y dependiendo de la “billetera disponible”, todos los gobiernos apuntan a proteger lo más posible los niveles de ingreso de las personas que se ven impedidas de trabajar normalmente, así como los flujos de caja de las empresas y la cadena de pagos ante la dramática caída de la actividad que se viene observando.
Uruguay no es la excepción a esta situación, y el gobierno está haciendo lo que puede con los escasos recursos con los que cuenta. Seguramente, habrá que activar rápidamente las líneas de crédito contingentes con las que cuenta el país, así como estar en “primera fila” cuando los organismos internacionales movilicen sus recursos para ayudar a los diferentes países (el Fondo Monetario Internacional dijo en estos días que se encuentra pronto para movilizar su capacidad prestable por alrededor de US$ 1 billón). Hasta tanto no esté más o menos claro que la actual guerra está por terminar, no tiene ningún sentido preocuparse por nada más.
