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La inflación —el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios— volvió a estar sobre la mesa en los meses recientes, incluso como parte de los debates en la recta final de la campaña por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.
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En enero, los calores provocaron la muerte de parte del stock avícola, causando ya una primera presión —temporal— sobre los precios internos. En febrero, además, la invasión de Rusia a Ucrania elevó todavía más los valores del petróleo y el trigo, principal producción de esos países, pero también de la carne.
En ese marco, el gobierno promovió la exoneración del Impuesto al Valor Agregado al asado de tira por un mes, con la posibilidad de extenderla por otro más. “De la gente que más necesita, la más vulnerable, ¿se piensan que es gente que come asado de tira? ¿Vamos a incorporar el asado de tira en las ollas populares?”, cuestionó el senador frenteamplista Mario Bergara.
Según calculó Búsqueda a partir de la Encuesta de Gasto e Ingresos de los Hogares (Engih) llevada a cabo entre 2016-2017 —la última disponible— por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en aquel entonces eran los hogares con menores ingresos los que destinaban una mayor proporción (5,4%) de su ingreso al consumo de asado de tira, frente al 1,2% del decil superior. En términos per cápita, en cambio, estos valores eran significativamente menores entre los más “pobres”: $ 380 contra $ 980 mensuales.
El domingo 17, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que se trata del asado de exportación, “uno de los cortes más consumidos”. En la misma línea, el senador blanco Sebastián da Silva aseguró que el asado sin IVA no hará “distinción del poder adquisitivo de la gente”, puesto que el gobierno “no hace asado para pobres”.
Los microdatos de la Engih no permiten evaluar la calidad del asado consumido por los distintos hogares.
Por su parte, el también senador opositor Daniel Olesker argumentó que el gasto en asado representa menos de un 1% de la canasta básica. Y, aunque efectivamente en 2005 este corte suponía 0,69% del gasto total de los hogares, su peso aumentó desde entonces y equivale hoy al 3% de las erogaciones totales de los hogares.
Los mismos cálculos pueden replicarse para otros bienes actualmente afectados por distintos factores de coyuntura. En el caso de los productos de origen avícola, por ejemplo, el director de la Granja, Nicolás Chiesa, anunció esta semana un acuerdo para el congelamiento de precios de los huevos por al menos un mes.
Según al encuesta del 2016-2017 los huevos eran 0,6% del gasto familiar.
El IPC y el FMI
Las diferencias entre los números citados por los senadores del Frente Amplio y los que surgen de los microdatos no son estrictamente un error. De hecho, son aquellas ponderaciones las que el INE considera actualmente a la hora de calcular el IPC. Sin embargo, tanto la medición oficial de la inflación como el análisis de la bancada opositora pueden presentar sesgos debido a este margen.
Un objetivo de las actuales autoridades del INE es mejorar la “calidad” de sus estadísticas, entre ellas, el IPC. Eso coincide, además, con algunas de las sugerencias que plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los resultados de una encuesta a institutos estadísticos de distintos países publicada el viernes 18: cambiar la forma en que se releva la información y fortalecer los procesos.
Para ese relevamiento el FMI utilizó seis indicadores básicos para medir la calidad de las mediciones.
Según la encuesta, en 2020 Uruguay resaltaba como uno de los 160 países que publicaban sus indicadores de precios cumpliendo con el criterio de “oportunidad”, es decir, que se informaban con la frecuencia adecuada (mensual) y dentro de las cuatro semanas luego de finalizado el período.
El trabajo del INE también destaca por publicar el detalle de las ponderaciones que se hacen para el cálculo del índice: sobre el bolsillo de los uruguayos no pesa igual el kilo de yerba que el litro de pisco peruano. Casi el 65% de los países relevados cumple este requisito. Sin embargo, aquí también está uno de los principales problemas. “El cálculo del IPC se basa en dos tipos de información: la perteneciente a los precios de los ítems incluidos en la canasta básica utilizada para medir las variaciones; y aquella sobre los gastos de los hogares, destinada a agregar los índices elementales en sucesivos índices de mayor nivel”, explica el informe del FMI.
Respecto a la recolección de información sobre el consumo de los hogares, el INE conduce —cada 10 años, aproximadamente– la Engih, que permite actualizar la estructura de ese gasto. Por tal razón, en parte, es que el FMI lo ubica entre el 20% con mayor atraso; más de la mitad de los países tenía en 2020 un rezago menor a cinco años.
Otra opción, según el organismo internacional, es guiarse por las Cuentas Nacionales para derivar y validar los ponderadores. También se utilizan datos de ventas minoristas y registros administrativos, aunque menos de 20% de los países lo hacen.
En cambio, para la recolección de precios el FMI distingue entre cuatro métodos. El más tradicional es el registro local, con encuestadores de la oficina de estadísticas que visitan uno a uno los comercios seleccionados en la muestra. Es el más utilizado por el INE, aunque complementa la información con la que recibe por parte de grandes empresas y cadenas de supermercados. Esta última metodología forma parte de los llamados “métodos centrales” de recolección junto con los registros administrativos, las unidades reguladoras nacionales y el web-scrapping manual o automatizado (26%), la obtención mediante programación de información publicada en sitios web.
Recientemente, a raíz de las restricciones por el Covid-19, se ha comenzado a utilizar también los datos de transacciones obtenidos a partir de los scanners de supermercados: fecha, cantidades, valores, y una “detallada variedad de características”. Hoy en día el 31% de las oficinas de estadísticas utilizan esta metodología. El INE está trabajando en estas actualizaciones.
Entre otras mejoras, el FMI recomienda relevar los precios todos los días hábiles del mes —como lo hace la mayoría de los países de América Latina– y extender la cobertura al medio rural.