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Medios comunitarios afirman que cambios propuestos por el gobierno para el sector borrarán “de un plumazo” al 40% de las radios
El titular de la Dinatel asegura que no se pretende “eliminar ni perseguir” a las emisoras, pero advirtió que muchas funcionan de manera irregular y tendrán “un último changüí” para ponerse al día
Hasta 2020 existían 47 frecuencias compartidas por grupos de personas y 72 asociaciones civiles con permiso para utilizar una frecuencia completa.
Los cambios en la regulación de las radios comunitarias que pretende hacer el gobierno no cayeron bien en el sector. El viernes 30 de julio representantes de la Mesa Nacional de Radios Comunitarias plantearon en el Parlamento algunos puntos que les preocupan sobre el proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio en Diputados.
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El proyecto introduce modificaciones al sistema de radios comunitarias que a entender de los usuarios “cambian cuestiones conceptuales sobre el servicio”. Así lo expresó durante la instancia Miguel Dell’Acqua,representante de Amarc Uruguay, que nuclea a 18 radios de todo el país e integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Dell’Acqua dijo que en la organización fueron “casi los últimos” en enterarse de los cambios que se pretende aplicar, a pesar de que existen instancias colectivas en las que se los podría haber consultado, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca). “Ahí no se habló de estas modificaciones y es una señal que nos preocupa, en el sentido de cuál es el rumbo que se quiere tomar”, cuestionó.
El representante de Radio Parque de La Paloma afirmó que en los artículos 147 a 150 de la Rendición de Cuentas se “centralizan las decisiones, se cierran radios y a futuro se desalienta buena parte del espectro comunitario”.
La norma vigente actualmente otorga dos tipos de autorizaciones para radiodifusión comunitaria: una para prestar servicios por 10 años prorrogables (otorgada a asociaciones civiles sin fines de lucro) y otra para frecuencias de uso compartido que utilizan algunas horas de la semana, para lo cual se asignan las frecuencias al Ministerio de Educción y Cultura (MEC), que administra su uso. Estas autorizaciones se otorgan por un año, generalmente a grupos de personas sin fines de lucro, con posibilidad de ser prorrogadas anualmente, y son sobre las cuales se aplicaría la nueva normativa.
De aprobarse la Rendición de Cuentas tal cual fue redactada, el uso de los espacios compartidos podrá autorizarse “por el plazo máximo de un año, prorrogable por una única vez por el mismo período”. A quienes se encuentren emitiendo actualmente en este tipo de frecuencias se les otorgará un “plazo improrrogable de dos años” y “transcurrido dicho plazo deberán cesar las emisiones”. Para seguir funcionando, se obliga a los grupos de personas a transformarse en una asociación civil, algo que fue muy criticado por el sector debido a que entienden que eso supondría grandes dificultades para muchas agrupaciones, sobre todo en localidades pequeñas.
“O sea que te dan dos años para existir. En la práctica eliminan los grupos de personas. Es imposible que un proyecto comunicacional comunitario se construya, se equipe y se financie, y que solo le den la posibilidad de ese lapso. O sea que a futuro hay un desaliento total”, afirmó Dell’Acqua.
Otra de las modificaciones incluidas en el proyecto es quitarle las competencias de este sistema al MEC y derivarlas al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). “Ahora se centralizan todas las decisiones en el MIEM y se eliminan otros organismos de participación, no quedan instancias de ida y vuelta”, reprochó Dell’Acqua en diálogo con Búsqueda. El comunicador hizo referencia a que el proyecto del gobierno para una nueva ley de medios —que también está a estudio del Parlamento— plantea eliminar la Chasca.
“Nos preguntamos cuál es el fundamento de esto; no entendemos la modificación que limita y dificulta la actividad de los medios comunitarios”, agregó.
Otro de los representantes de la Mesa Nacional de Radios Comunitarias, Daniel Larrosa, afirmó durante la comparecencia en el Parlamento que hoy el 40% de los medios comunitarios están en manos de grupos de personas, no asociaciones. Por lo tanto, de aprobarse la Rendición “se estaría borrando de un plumazo el 40% de los medios comunitarios del país”.
“Por ley el Estado está obligado a promover la radiodifusión comunitaria y con estos artículos la está cercenando”, cuestionó.
Consultado por Búsqueda, el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, explicó que hoy el MEC “no tiene la infraestructura para darle un seguimiento ni acompañar a ese tipo de frecuencias compartidas”, por lo que la propia cartera solicitó que se hiciera toda la gestión a través de un solo organismo, el MIEM. “Con esto se buscaba ser más eficientes en el uso de las actividades con fines comunitarios y que exista una sola ventanilla en ese sentido. Porque se terminaba usando el sistema de frecuencias compartidas con frecuencias que no eran de uso compartido. Entonces se confundían los dos sistemas”, dijo el jerarca.
Según sostuvo, esto no pretende “ni eliminar ni perseguir nada”. Sin embargo, señaló, desde hace tiempo la Dinatel está en conocimiento de que muchas radios comunitarias no cumplen con la legislación vigente y se encuentran en situación irregular.
“Por vía de un decreto del Poder Ejecutivo que todavía no pudimos sacar por cuestiones legales, queremos dar plazo para que las radios comunitarias que no han cumplido con los requisitos se pongan al día, como un último changüí para que cumplan con la ley. Si fuéramos a aplicar estrictamente la normativa, hoy tendríamos que cerrar varias y obviamente lo que se busca es darles una oportunidad, manteniendo la pluralidad”, indicó.
Acosta y Lara añadió que si pasan los dos años “no es que se elimina la emisora”, sino que se pretende que “las radios que realmente tienen un fin comunitario esporádico se constituyan como lo que tienen que ser (una asociación civil, lo que permite un mayor control) y van a ser renovadas en su espectro por un período de 10 años”.
“No es nada del otro mundo. Además, según el MEC no hay más de 17 radios comunitarias de uso compartido habilitadas y funcionando”, agregó el jerarca.
Hoy el sector de las radios comunitarias está algo desordenado y no se conoce exactamente cuántas están en actividad, ya que la cifra varía año a año. Pero según datos brindados por la Dinatel, hasta 2020 existían 47 frecuencias compartidas utilizadas por diferentes grupos de personas y 72 asociaciones civiles con permiso para utilizar una frecuencia completa por 10 años.
Dell’Acqua dijo que “el único argumento de la Dinatel” para justificar las modificaciones normativas es que la gestión del sector ha sido “un poco desprolija” y que muchas veces “se demoran en otorgar las adjudicaciones por falta de personal”. Sin embargo, opinó que el desorden administrativo “no es un problema de las radios”.