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El acceso a las tarjetas de débito aumentó significativamente durante los primeros años de vigencia de la ley de “inclusión financiera”, y el salto más fuerte ocurrió particularmente entre los hogares de bajos ingresos y aquellos encabezados por mujeres o afrodescendientes.
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Asimismo, el avance que tuvo ese instrumento de pago en Uruguay fue mayor que el registrado en otros países similares, según una investigación del Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales.
El plan de inclusión, instrumentado desde 2014 en gobiernos del Frente Amplio, tuvo un repliegue parcial en 2020 por artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que abatieron el beneficio de la devolución de IVA a los pagos con tarjetas, a la vez que eliminaron la obligatoriedad tanto del pago de salarios a través de instrumentos de dinero electrónico como de los canales bancarios para las transacciones por grandes montos.
Entre 2012 y 2017, el porcentaje de hogares con acceso a tarjetas de débito aumentó para todos los niveles de ingresos y educación, aunque no ocurrió de manera homogénea. En el primer quintil de ingresos, el porcentaje pasó de 23% a 55%, en el segundo de 39% a 70% y en el tercero de 53% a 77%; en los hogares económicamente más acomodados la suba en puntos porcentuales fue algo mayor a 10 (a 84% y a 91% en el cuarto y quinto quintil en 2017, respectivamente). Estos últimos grupos fueron, por otro lado, los únicos que aumentaron —en porcentaje de los hogares— la tenencia de tarjetas de crédito.
La probabilidad de tener un instrumento de débito se incrementó en alrededor de 12 puntos porcentuales para los colectivos afectados por lo que fue el pago obligatorio de salarios a través de medios electrónicos, en comparación con otros grupos similares, según la investigación del Decon basada en datos de la Encuesta Financiera de los Hogares Uruguayos (EFHU).
A pesar de “estas mejoras en términos de acceso” a tarjetas de débito durante el período analizado, “aún persisten las desigualdades por ingreso, nivel educativo, ubicación y condición laboral”, reflexionan las autoras, Cecilia Olivieri, Romina Quagliotti y Graciela Sanroman. Y señalan la diferencia de 36 puntos en el porcentaje de tarjetahabientes entre el primer y el último quintil de ingresos, de 40 puntos entre individuos con primaria y educación terciaria completa y de 11 al comparar hogares que viven en la ciudad capital y los que no.
Según los datos más actuales publicados por el Banco Central, a fin del año pasado habían emitidas 3.060.510 tarjetas de débito. Eso significó un incremento de 4% respecto a 2020, con lo que siguió creciendo la penetración de este instrumento en el sistema de pagos nacional aun después de la LUC.
Comparación global
Por otro lado, empleando el Global Findex (con datos individuales y no por hogares, como la EFHU) del Banco Mundial, las investigadoras compararon estos números de la inclusión financiera uruguaya con la situación en otros países. Algunos, como Argentina, también implementaron el pago de los salarios de los empleados públicos a través de depósitos bancarios, pero no para los privados, como estableció la ley del 2014 en Uruguay.
En materia de acceso a tarjetas de débito, el punto de partida es de distancia respecto a los países de altos ingresos. En estos, entre 30% y 100% de las personas poseían estos instrumentos de pago en 2011, mientras que eran en torno a 18% en Uruguay. Seis años después, ya con la ley de inclusión vigente para el tramo final del período comparado, Uruguay “está más cerca con casi el 60% de acceso con tarjeta de débito”.
El panorama es diferente si la comparación se acota al contexto latinoamericano. En 2011, Uruguay ocupaba la mitad de la tabla en términos de acceso a tarjeta de débito y pasó a estar entre los cuatro primeros en 2017, siguiendo a Chile, Brasil y Venezuela.
