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Mercosur estudia acuerdo para que medidas de protección por violencia de género se apliquen automáticamente en todos los países
Uruguay pretende que la herramienta se extienda a personas que no se identifiquen “con el género femenino”, porque no hay “razón jurídica” para no darles protección “por el simple hecho de que no son mujeres”
La ley uruguaya prevé una serie de medidas para proteger a una mujer cuando se ve amenazada por una situación de violencia de género. Entre otras cosas la Justicia puede ordenar al agresor cesar los actos que intimidan a la víctima, prohibirle comunicarse o relacionarse con ella, restringir su presencia en los ámbitos donde se mueve la mujer, prohibirle la tenencia de armas de fuego y obligarlo a mantener la pensión alimenticia si así corresponde.
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Estas disposiciones, sin embargo, quedan prácticamente suspendidas cuando la víctima cruza la frontera para entrar en Argentina o Brasil. Diferentes jurisdicciones y legislaciones demoran o sencillamente imposibilitan los trámites necesarios para que las medidas impuestas en un país tengan validez en otro. Esta dificultad, de especial relevancia debido al continuo movimiento fronterizo en el Mercosur, es discutida desde hace un tiempo en el bloque, que el mes pasado decidió aprobar un proyecto para solucionarla.
Se trata de un documento de recomendación elaborado por los ministros de Justicia cuyo fin último es la creación de un instrumento jurídico regional que reconozca automáticamente las medidas de protección por violencia de género en todos los países del Mercosur. En concreto, un acuerdo que posibilite que las órdenes de protección dictadas en un país tengan efectiva aplicación y vigencia en cualquier otro país del bloque, en las condiciones y plazos dispuestos por la autoridad judicial que dispone las órdenes.
Para este acuerdo de cooperación “deberá procurarse tomar en consideración las necesidades que imponen las respectivas disposiciones internas de los estados parte, a fin de que resulte una herramienta lo más sencilla posible y para que la implementación de las mencionadas medidas de protección sea rápida y de efectivo cumplimiento, en cualquiera de los estados parte, y constituya un mecanismo ágil de comunicación e intercambio de información”, dice parte del proyecto al que accedió Búsqueda.
Junto con el documento, los ministros de Justicia presentaron también una minuta con recomendaciones separadas, en la cual se volcaron puntos de vista propios de cada país. La delegación de Uruguay propuso que el reconocimiento de las medidas de protección sea a favor de toda víctima que sufra violencia intrafamiliar: niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y personas trans.
“Limitar el ámbito de aplicación del acuerdo solo a mujeres víctimas de violencia basada en género sería desconocer la existencia de situaciones de violencia en familias cuyos integrantes no se identifican necesariamente con el género femenino. En consecuencia, dicho ámbito de aplicación del instrumento no debiera discriminar géneros, debiendo ser lo más inclusivo posible y no plasmando una concepción binaria”, sostiene el planteo uruguayo.
Agrega que “no existe razón jurídica suficiente para que la protección no pueda ser extendida a otras personas que, sin identificarse con el género femenino, son también víctimas de violencia intrafamiliar, como niños y adolescentes varones abusados, por el simple hecho que no son mujeres. Una víctima es una víctima, con independencia de su género y vínculo familiar que lo une al victimario y merece un trato igualitario y gozar de protección”.
En la reunión de los ministros de Justicia, realizada el 3 junio, participó por el gobierno Gastón Gianero, director de Asuntos Legales, Constitucionales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, en representación del ministro Pablo da Silveira. “Lo que Uruguay señaló es que, más allá de reconocer y visibilizar la situación de las mujeres, es necesario que un instrumento como este, que va a llevar mucho tiempo elaborar, deba ser aprovechado para incluir todo tipo de violencia intrafamiliar. Uruguay no sugiere no contemplar ni proteger, sino ampliar”, explicó Gianero a Búsqueda.
No va a ser fácil
El proyecto presentado por los ministros de Justicia toma en consideración el acervo normativo internacional y regional que ya hay en la materia y los compromisos asumidos por el Mercosur en acuerdos, pactos y convenios sobre derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Con base en todos estos antecedentes normativos se propone “intensificar la articulación de los órganos administrativos y judiciales, con vistas a asegurar la efectiva aplicación de las medidas de protección dispuestas a favor de las mujeres en situación de violencia basada en género en el país en el que se encuentren, e impulsar mecanismos ágiles de comunicación e intercambio de información entre los estados parte sobre esas medidas de protección”.
Entre los puntos jurídicos y jurisdiccionales más engorrosos a solucionar, y que fueron discutidos de forma preliminar el 3 de junio, se encuentran los regímenes de notificaciones, la exoneración de legalización y la apostilla u otras formalidades análogas que logren darle celeridad a los trámites de solicitud. Uruguay, por ejemplo, propuso que las solicitudes y los documentos que acompañen las medidas de protección se redacten en el idioma del Estado requirente y se acompañen de una traducción al idioma del Estado requerido.
“Hoy, para el cumplimiento de las medidas de protección por violencia de género hay que completar un trámite ante la otra jurisdicción extranjera, que se torna absolutamente ineficaz y lento cuando intenta ir de la mano del tránsito fluido de personas por las fronteras del Mercosur”, señaló Gianero. Hay casos de sentencias que no son condenatorias —incluso de notificaciones judiciales— que previo a tener vigencia en otro Estado deben ser aprobadas por diversos tribunales, en algunos casos hasta la Corte Suprema.
“La idea de este acuerdo es muy buena y ya comenzó a gestarse. De todas formas, tiene algunas dificultades jurídicas que llevarlas a la práctica no va a ser fácil. Los países deberemos adaptar y adecuar mucha legislación muy diversa para alcanzarlo”, concluyó Gianero.
