Mides finalizó convenio con ONG que atendía a víctimas de trata

Según las cifras aportadas por la Fiscalía, al consultar sobre delitos de trata de personas y explotación sexual, entre enero y el 5 de diciembre de 2023 hubo 37 denuncias, entre las que incluyeron 11 delitos, además de la trata de personas, como el comercio o la difusión de material pornográfico de menores, la retribución o promesa de retribución a personas menores de edad, la explotación sexual de menores, el contacto con niños o adolescentes para cometer un delito y la divulgación de imágenes de contenido íntimo. Se trata del año en el que hubo menos denuncias en relación con el 2022, cuando fueron 61, o con el 2021, cuando fueron 43. En tanto, en los últimos tres años hubo solo una denuncia por prostitución forzada, en 2021, y por tráfico de personas fueron solo tres en 2022.

Para Perroni, las comisarías “no son el mejor lugar para denunciar”, porque la trata es un delito que forma parte del crimen organizado, y “a veces hay corrupción”, pero consideró que faltan campañas de comunicación donde se informe a la población sobre la problemática y las “mejores vías de denuncia”, que deberían incluir una línea de teléfono específica para hacerlo de forma anónima, que en la actualidad no existe.

Por otro lado, otra de las dificultades para detectar cuando se comete este tipo de delitos es que existen temores de las víctimas por eventuales represalias si recurren a la Justicia, además de que en muchos casos las mujeres no se identifican como tales. En ese sentido, puso como ejemplo un caso de 2015, que surgió a partir de la denominada “Operación Imperio”, por la que fueron procesadas dos personas que traían a mujeres dominicanas para explotarlas sexualmente. Según relató Perroni, las víctimas decidieron volver al lugar de explotación, que eran whiskerías ubicadas en los departamentos de Treinta y Tres y Lavalleja. Algo similar ocurrió en 2020 en la whiskería Las Vegas, ubicada en Guichón, donde una mujer fue imputada por trata de personas, pero las víctimas la defendían y llegaron a asegurar que era “como una madre”.

La jefa del Departamento del Combate a la Trata de InMujeres, Daniela Sena, coincide en el diagnóstico y asegura que tiene “muchas aristas”, como que suele ser una problemática vinculada a personas migrantes, que en muchos casos desconocen los mecanismos de denuncia.

Tanto Sena como Solari cuestionaron que debería existir una mayor “proactividad” para identificar las situaciones de trata de personas. “Salvo excepciones, se basa demasiado en cuando surgen y no en salir a buscarlos”, dijo la jerarca de InMujeres.

Sin convenio

A principios de noviembre de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social resolvió finalizar el convenio que tenía con la Asociación Civil El Paso desde 2011, a través del cual eran atendidas las víctimas de trata, según confirmó a Búsqueda la directora del InMujeres, Mónica Bottero. En la actualidad trabaja un “equipo de emergencia” transitorio, formado por seis técnicas, hasta que se concrete la contratación de forma individual.

“La atención va a pasar a ser prestada directamente por técnicas de InMujeres. La modalidad de contrato por los próximos dos años será por contratos BID, pero luego serán funcionarias”, indicó Bottero.

Según confirmó la jerarca, los llamados para nuevos técnicos estaban “un poco atrasados, hubo dificultades en el reclutamiento” por ser cargos de “alta especialización” y “aún faltan en algunas áreas donde no fueron seleccionadas” las personas.

Sobre la razón de la decisión de finalizar el convenio con El Paso, Bottero expresó que decidieron, con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, crear un servicio propio que incluya además de la atención a mujeres, la de los hombres.

La representante de la ONG El Paso, Perroni, lamentó la decisión de la cartera. “Realmente teníamos una experticia importante y un acumulado de trabajo y atención”, dijo. Durante cuatro meses “pasaron dos casos públicos grandes”, en relación al de Maldonado y al de Artigas, y “las víctimas se quedan sin un acompañamiento, porque la Fiscalía lo da en relación al acceso a la Justicia, pero nosotros abordábamos de forma integral, con vivienda y salud”, señaló.