Mientras identifica restos de un detenido desaparecido, Uruguay impulsa un manual de buenas prácticas para cadáveres sin reconocer

“Lo sucedido el martes es una reconfirmación de la importancia de la búsqueda. Esto a veces genera escepticismo: se cuestiona por qué lo hacemos, por qué gastamos tanta plata, que no va a conducir a ningún lado… Y el hecho es que cada vez que se encuentra a un desaparecido se cae a pedazos esa tesis de que la búsqueda no sirve para nada”, afirmó a Búsqueda Wilder Tayler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. “Lo que se necesita para alcanzar logros como este es una paciencia enorme”.

Como el predio es empleado por el Ejército para diversas maniobras, actualmente hay 32 hectáreas bajo custodia para desarrollar excavaciones y no actividades militares. A las zonas de trabajo arqueológico se llegó a través de fuentes oficiales —como el Informe Final de la Comisión para la Paz— y de fuentes no oficiales: vecinos, soldados, organizaciones de derechos humanos y periodistas, entre otros.

Los testimonios de personas se suman a análisis por fotointerpretación y a sistemas de información geográfica de fotos tomadas en distintos vuelos por la zona. Además, a fines del año pasado la Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec) puso a disposición de la Inddhh una tecnología de última generación —denominada Lidar— para profundizar la búsqueda en todo el país. Desde entonces, mediante el Servicio de Sensores Remotos y Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Uruguaya se relevaron ocho áreas catalogadas de interés, entre ellas el Batallón Nº 14.

Los restos encontrados esta semana serán enviados a Buenos Aires al Equipo Argentino de Antropología Forense, que desde 2001 asesora a los diferentes mecanismos creados por gobiernos uruguayos para investigar el paradero de los desaparecidos. Este organismo será el encargado de realizar el análisis genético que dé nombre al cuerpo enterrado clandestinamente en el Batallón Nº 14.

El hallazgo se produce cuando faltan apenas días para el 50º aniversario del golpe de Estado que el 27 de junio de 1973 inició la dictadura y en un contexto político donde la historia está en debate. Es que el oficialismo impulsa dos proyectos de ley que generan dudas en la oposición: uno para que todos los archivos del pasado reciente sean de acceso universal y otro para resarcir a las víctimas de la guerrilla.

En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Javier García, destacó “lo conmovedor del episodio” y “la esperanza de la paz en una familia uruguaya”, en el marco del “compromiso permanente que tiene el gobierno —desde el primer día que asumió— de trabajar con seriedad para aportar todo lo que se pueda”. Por su parte, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, en un comunicado de prensa, lo valoró como “un paso más en la imprescindible búsqueda de todas y todos los desaparecidos, que debe continuar”.

“Guía”.

A la vez que Uruguay avanza en la identificación de los restos encontrados en el predio militar, a escala regional pretende mejorar la búsqueda de personas con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. Fiscales de estos países acordaron nuevos trabajos para “restituir identidades a las víctimas”, según documentos a los que accedió Búsqueda.

Durante una reunión en la órbita del Mercosur celebrada el 9 de mayo en Bueno Aires, los fiscales discutieron competencias, alcances y límites de los Ministerios Públicos en la tarea de identificación de restos humanos de víctimas del terrorismo de Estado. “La desaparición de personas como estrategia de eliminación de individuos de los regímenes dictatoriales tuvo dramáticas consecuencias que no cesan con el paso del tiempo, sino que se reeditan cada día en la medida en que se mantiene la incertidumbre sobre la suerte final de las víctimas. Se trata de un tema de suma relevancia y vigencia”, dice una de las actas del encuentro.

Los fiscales argumentaron que “la actuación coordinada de los Estados en el marco del Plan Cóndor para desarrollar sus actividades represivas” —entre ellas, el traslado de personas secuestradas— obliga a los países a “articular esfuerzos”. Para eso propusieron elaborar un mapeo regional de casos de hallazgos de cadáveres e inhumaciones sin reconocer, vinculados con el terrorismo de Estado en los períodos que corresponden para cada país, enfocándose en zonas fronterizas y especialmente en las costas ribereñas. El objetivo es construir entre los ministerios públicos una base de datos que colabore en el proceso de identificación y elaborar un manual de buenas prácticas, donde los fiscales compartan sus protocolos de actuación ante el hallazgo de cadáveres para establecer criterios de actuación compartidos.

“Esta estrategia permite incorporar la variable de que se trate de víctimas cuya desaparición/secuestro se produjo en un país diferente al del potencial hallazgo de sus restos y articular esfuerzos tendientes a lograr las identificaciones del caso”, indica el acta, que menciona la posibilidad de enfrentar situaciones de traslado de víctimas secuestradas en un país a otro, así como la práctica militar de utilizar los ríos Paraná, Uruguay y el Río de la Plata para deshacerse de personas secuestradas en la Argentina, cuyos restos fueron hallados en las costas uruguayas. Como ejemplo concreto los fiscales se refirieron al caso de Rafaela Filipazzi y Agustín Potenza, quienes huyeron de Argentina a Uruguay en 1977, donde fueron secuestrados. Sus restos se hallaron en Paraguay en 2006.