Mientras solo cuatro departamentos tienen sitios de disposición habilitados, el gobierno busca cerrar todos los vertederos para 2025

En diciembre el ministro de Ambiente, Adrián Peña, afirmó públicamente que 16 departamentos de Uruguay disponen los residuos en sitios ubicados en lugares no habilitados por la secretaría estatal. Los únicos autorizados oficialmente, señaló, son Rocha, Maldonado y Río Negro (particularmente en Fray Bentos). El resto dispone su basura en vertederos a cielo abierto, sin control ambiental ni regulación técnica.

“Colonia se podría decir que está casi habilitado y otros están trabajando para lograrlo, como Florida y Artigas. Seguro que en este período vamos a tener la mayoría en condiciones ambientales óptimas”, afirmó.

La mejora de estos sitios de disposición final implica en la mayoría de los casos el cierre de los vertederos del departamento. Es por eso que las autoridades pretenden otorgar US$ 17 millones a las intendencias para avanzar hacia ese objetivo.

“La idea es lograr primero el acondicionamiento lo mejor posible de los rellenos de las capitales departamentales y luego tratar de cerrar todos los vertederos que están en las localidades menores, instalando plantas de transferencia”, explicó.

Lo que se busca es comenzar a implementar una política de regionalización: tener solo un relleno por departamento o, incluso, la operación de rellenos compartidos.

Esta propuesta estuvo por muchos años sobre la mesa, pero nunca se llevó adelante. Amarilla aseguró que se ha avanzado con varias iniciativas y en febrero pretenden anunciar la puesta en marcha de algunas experiencias. Entre ellas, se buscará instalar un relleno regional entre Soriano y Río Negro, otro entre Rivera y Tacuarembó, y otro entre Florida, Durazno y Flores.

“Creo que está cambiando la cabeza y se están dando cuenta de que son cosas hacia las que es necesario ir”, dijo.

En pocas semanas, además, se anunciarán al menos cuatro nuevos convenios con gobiernos departamentales que permitirán concretar la transferencia de fondos para el cierre de vertederos y el inicio de la construcción de las plantas de transferencia, adelantó Amarilla. A través de estas plantas se pretende recuperar mucho material reciclable que hoy va a la basura, como papel, cartón, metal y plástico.

“La idea es que en la planta de transferencia se recupere lo máximo posible y que solo se termine deponiendo en el relleno sanitario aquello que es material orgánico o inerte, y que compactado puede generar una larga vida útil al relleno sanitario”, explicó. Es que actualmente, casi “las dos terceras partes del papel y cartón que se consume en Uruguay y el 90% del plástico y el nylon” llega a los vertederos en vez de ser recuperado, ejemplificó.

Vertedero de Maldonado. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Metas reales

A pesar de la realidad actual del país en materia de disposición final de residuos, Amarilla se mostró esperanzado respecto a cumplir la meta de cero vertederos a cielo abierto para 2025. Si no se consigue eliminar el 100%, al menos apuntan a disminuir “un gran porcentaje”.

“Se está viendo un avance vertiginoso”, aseguró.

El gerente de Desarrollo de Negocios y Medio Ambiente de la empresa Teyma Gestión Ambiental, Luis Horta, explicó a Búsqueda que hoy no existe una normativa internacional que obligue a los sitios de disposición final a cumplir con determinadas condiciones. Según dijo, lo que se busca es que estos espacios cumplan con recomendaciones técnicas de organismos especializados como la International Solid Waste Association o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, aunque para poder abrir y operar un relleno sanitario se debe tramitar una autorización ambiental previa ante el Ministerio de Ambiente.

“Lo que ocurre es que muchos de los sitos de disposición final son anteriores a que entrara en vigencia esa reglamentación, por lo que la mayoría no tramitaron nunca una habilitación de este tipo”, indicó.

Según dijo, hace muchos años que las intendencias operan los vertederos a cielo abierto en malas condiciones. “Maldonado ha sido el primero en buscar una solución y Montevideo en los últimos años se ha puesto a tiro. También la Intendencia de Rocha tiene un relleno sanitario habilitado y está el de Fray Bentos, que fue diseñado y es operado por Teyma”, comentó.

El experto, expresidente de la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay, detalló que un vertedero a cielo abierto o un sitio sin condiciones adecuadas pueden provocar graves consecuencias ambientales. Por ejemplo, la falta de sistemas de control y tratamiento de emisiones puede contaminar tanto las aguas subterráneas como las superficiales, impactando en la salud pública.

Además, opinó que un indicador importante de la situación del país son los reiterados incendios ocurridos este verano en diferentes vertederos del Uruguay, así como los sucedidos en 2022 en Lavalleja y Durazno.

“Eso es consecuencia no solo de que es un lugar inadecuado para enterrar los residuos, sino que la operativa que desarrolla el gobierno de ese lugar no es consistente con lo que se debería hacer”, criticó. Se trata de espacios donde los residuos quedan al descubierto, sin tapar, y eso produce que con el calor y los gases de la descomposición se llegue a “situaciones complicadas”.

“Todos los vertederos que están asociados a una capital departamental son un tema a atender. Hoy la problemática número uno del país en materia de gestión de residuos son justamente los sitios de disposición final”, enfatizó. Horta dijo que el Ministerio de Ambiente también lo ha entendido y celebró las políticas impulsadas por la cartera.

Sin embargo, al ser consultado acerca de si es posible cumplir la meta a 2025, el especialista opinó que “es alcanzable, pero hay que tomar decisiones ya para poder llegar a una solución adecuada”. En esa línea se refirió también a la política de regionalización de los rellenos sanitarios, ya que en un territorio tan pequeño como Uruguay “no es eficiente tener 19 soluciones para 19 departamentos”.

“Es por ahí; hay una aceptación a nivel técnico de ese tema, también desde el propio ministerio”, indicó. Igualmente, explicó que no es algo sencillo de implementar debido a las autonomías departamentales.

Un punto que entiende debería formar parte de la discusión es que en Uruguay, si bien la gestión es una responsabilidad de los gobiernos departamentales, estos “no tienen por qué hacerlo por cuenta propia”.

“Somos un país muy particular en ese sentido. En Argentina, Brasil, Chile o Colombia los gobiernos departamentales tercerizan los servicios de disposición final porque las instituciones del ámbito privado tienen otra flexibilidad y otra rapidez para resolver los problemas”, señaló.

Río Negro es una de las intendencias que ha apostado a esa administración compartida, y según dijo a Búsqueda el director de Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del departamento, Adrián Stagi, la experiencia ha sido muy positiva.

“Estamos muy adelantados con respecto a otras intendencias y a los objetivos que propone la Ley Nacional de Gestión de Residuos”, sostuvo. De todas maneras, el jerarca agregó que la principal dificultad son los fondos que las intendencias deben destinar para poder generar un relleno sanitario y la operativa que implica.

Las localidades como Durazno, Melo y Tacuarembó se encuentran hoy en una situación crítica.