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    Millonaria demanda civil por presuntos honorarios impagos involucra en la causa de Pluna a más empresarios y gobernantes

    La jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos citó a declarar para setiembre a Daniel Rocca, ex abogado de López Mena, y evalúa convocar como “indagado” a ese empresario argentino

    Desde 1987 y hasta mayo de 2014 Daniel Rocca se desempeñó como abogado de Juan Carlos López Mena, uno de los empresarios más importantes del Río de la Plata. La ruptura del vínculo profesional entre dos viejos conocidos derivó en un juicio civil por U$S 2 millones de honorarios impagos y otros U$S 200.000 por daños y perjuicios iniciado el pasado lunes 4 ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de decimosexto turno, a cargo de la jueza Gabriela Merialdo.

    Pero la implicancia de esta contienda está lejos de quedar reducida a la esfera patrimonial. De hecho, la Justicia especializada en Crimen Organizado ya puso un ojo en la demanda civil.

    Es que en medio de las 95 páginas del escrito judicial abundan detalles sobre las negociaciones en torno a la subasta de los aviones de Pluna, el aval que el Banco República otorgó a la desconocida empresa española Cosmo —por el que fueron procesados el ex ministro de Economía Fernando Lorenzo y el ex titular del Banco República Fernando Calloia— y reuniones que se celebraron al más alto nivel del gobierno para tratar estos temas.

    En efecto, según dijeron a Búsqueda fuentes judiciales, a pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos citó a Rocca para que declare en los primeros días de setiembre. Según los informantes, Rocca será interrogado específicamente para que aporte más detalles de las reuniones en las que dice haber participado luego de la subasta.

    Las fuentes indicaron que también está en “análisis” la citación como indagado a López Mena, quien ya declaró en la causa en diciembre de 2012 pero en calidad de testigo. La sede judicial también citó como indagado al “caballero de la derecha” Hernán Antonio Calvo Sánchez, quien declaró anteriormente como testigo y pidió la cooperación de la Justicia española para interrogar al propietario de Cosmo, Antonio Álvarez. De esta forma se comenzará a tirar de la enredada madeja de Pluna, que comprende tanto a particulares como a funcionarios públicos.

    En el marco del juicio civil, Rocca da pistas y pide la citación de numerosos jerarcas y ex jerarcas del gobierno. Entre ellos, solicita que se convoque a Lorenzo y Calloia, al ex director de Secretaría del Ministerio de Transporte, Pablo Ferrer, al ex secretario de Presidencia, Alberto Breccia, al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, al presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo Pedro Buonomo, al director de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, al secretario de Presidencia, Homero Guerrero, y al propio José Mujica.

    Consultado por la prensa, el presidente le restó importancia al asunto. “Se está peleando por $ 2 (sic) millones con el patrón de él”, dijo a “Subrayado”.

    Reuniones.

    En el correr de la demanda judicial por honorarios impagos, el abogado Rocca detalla una serie de reuniones con altas autoridades del gobierno a las que concurrió por pedido expreso de López Mena. Esas reuniones —según afirmó— no formaban parte de su tarea habitual de asesoramiento al empresario.

    De acuerdo con su relato, en una oportunidad López Mena recibió un llamado del embajador itinerante y hombre de confianza del presidente Mujica, Julio Baráibar, convocándolo a reunirse con el primer mandatario en su oficina de la Torre Ejecutiva.

    “El demandado me solicitó le acompañara a esa cita, expresando una preocupación, tensión y presión manifiestas ante lo que consideraba el incorrecto proceder del gobierno de que se hiciera cargo de garantizar ante el BROU el aval emitido por dicha institución a Cosmo, por la compra de los aviones en el remate, lo que una y otra vez dijo no tuvo nada que ver”, argumenta.

    Una vez en el despacho presidencial, Rocca afirma haber constatado la presencia de Mujica, Lorenzo, Apezteguía, Baráibar y Breccia. A los pocos minutos se incorporó a la reunión Calloia. Según su descripción, “el clima de la reunión era tenso y crispado”.

    “Pude constatar que López Mena se encontraba ensimismado y por demás preocupado, algo no habitual en él, situación que no comprendí a qué correspondía”, afirma.

    De acuerdo con Rocca, los funcionarios pretendían que López Mena firmara un formulario por el cual “la sociedad Los Cipreses SA (Buquebus) se constituía en garante de Cosmo ante dicho banco por el aval” emitido para que la empresa española participara del remate de los aviones. El otorgamiento del aval a Cosmo por parte del BROU había sido informado el día anterior a la reunión por el semanario Búsqueda.

    Rocca subraya que en ese instante explicó “en detalle” los perjuicios que le ocasionaría a López Mena hacerse cargo de esa obligación.

    “En base a lo dicho, el demandado se negó a firmar en su carácter de presidente de Buquebus el formulario de fianza”, señala.

    “Ante ello, el señor Apezteguía aportó otro documento similar con la única diferencia que en el formulario de fianza del BROU el que aparecía como garante era el propio López Mena a título personal”, agrega. López Mena “ratificó su decisión de no firmar ninguno de dichos documentos, por lo que la tensión era manifiesta, ya que las autoridades de gobierno pretendían lo hiciere basados en que a su criterio existía un vínculo con la citada Cosmo”.

    En esa reunión incluso se llegó a hablar de la renuncia de algunos de los jerarcas y sobre la continuidad del vínculo en el futuro de López Mena con el Estado (ver recuadro).

    Según relata Rocca, luego de un cuarto intermedio se concluyó que “la única solución posible” era que Cosmo “culminara el proceso”, para lo cual López Mena presentó a la empresa española a la aseguradora con la que trabaja desde hace muchos años en Argentina, Boston Seguros.

    De acuerdo con el abogado, en esos días “se dieron distintos contactos entre López Mena con (Hernán Antonio) Calvo y también con autoridades de gobierno, quienes insistían y le exhortaban tratase de buscar una solución al tema”.

    Además de esos encuentros, Rocca relata una reunión que se produjo a fines de octubre de 2012 en la terminal del puerto con el actual secretario de la Presidencia Homero Guerrero por el cobro del aval bancario.

    En esa reunión —según afirma el abogado— Guerrero se comunicó telefónicamente con el presidente Mujica, “el que anunció que el fideicomiso, ante el no pago en tiempo por Cosmo del precio de los aviones, habría de ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta otorgada por el BROU a dicha empresa y consecuentemente dicho banco ejecutaría la contragarantía constituida por la aseguradora Boston”.

    Luego de ese encuentro, Rocca dice haber mantenido “un par de reuniones” con Guerrero “en las que se analizó en detalle la situación, en especial la creada a López Mena con el BROU y la aseguradora Boston, que constituyen herramientas fundamentales para el devenir de sus negocios”.

    “Situación complicada”.

    La aparición del propietario de Cosmo en mayo de este año fue decisiva en el punto final a la relación profesional entre Rocca y López Mena, según cuenta el abogado en la demanda. Por esos días, Álvarez, dueño de la empresa que ofertó en la subasta de los aviones de Pluna y luego desistió, envió un correo electrónico al fiscal Juan Gómez en la que explicaba la participación de su empresa en el caso.

    Allí afirmaba que un mes antes de la subasta Hernán Calvo se puso en contacto con él para ofrecerle prestar el nombre en el remate a cambio de U$S 13,7 millones. Luego siguieron otros mails de Álvarez a López Mena y su hijo esta vez pidiendo que se pusieran en contacto con él para solucionar “el lío que montaron”.

    Según relata en la demanda, Rocca le aconsejó reiteradas veces a López Mena presentar un escrito ante la jueza para ponerla en conocimiento de los mails por entender que tenían el “propósito de menoscabar su honor, procurando un beneficio económico indebido”.

    En la demanda, Rocca sostiene que los dichos del dueño de Cosmo se daban “de patadas” con “la versión siempre manejada por López Mena de que solamente contactó a Calvo para que interesara a alguna empresa en la subasta”. Fue así que entendió necesario verificar la verosimilitud de la versión de Álvarez porque de ser cierta acreditaba “la supuesta participación indirecta de López Mena en la compra de los aviones subastados”, lo que el empresario “siempre negó”. Según dice, el 23 de mayo por la tarde en una conversación telefónica, Horacio Martire, abogado de Los Cipreses SA en Argentina, le informó que la versión de Álvarez era cierta.

    Más tarde, Rocca se comunicó por teléfono con López Mena. El abogado sostiene que le dijo que “su situación se tornaría por demás complicada ante su reiterada negativa de no tener nada que ver en el asunto”. El empresario, cuenta Rocca, no sostuvo su posición como antes y esta vez “formuló interpretaciones distintas y confusas de los hechos”. Además, “al sentirse descubierto”, López Mena le dijo a su abogado que “no era ajeno a lo ocurrido”, por lo que también “se vería involucrado en el asunto”.

    “Ante tal ofensivo y desleal proceder y en protección de mis derechos, dado el anuncio de involucrarme en temas ajenos a mi responsabilidad, resolví notificarle vía correo electrónico la decisión irrevocable de no asesorarle legalmente más a él ni a sus empresas”, relata.

    Desde octubre de 2012 hasta mayo de 2014, Rocca asegura haber asesorado al empresario para el arriendo mensual de los siete aviones, la conformación de empresa pública privada con patrimonio que superaba los U$S 50 millones, la adquisición de activos por U$S 137 millones a través de la cesión del boleto de Cosmo y la asunción de la obligación del pago del aval emitido por el BROU. Además dice haber asesorado a terceros como Boston Seguros y Calvo bajo orden y costo de López Mena.

    “Se evidencia el resultado beneficioso del asesoramiento, ya que pese a lo engorroso y poco claro de la situación derivada del aval dado por el BROU a Cosmo para participar en la referida subasta y por otros hechos referidos líneas arriba, el demandado solo declaró como testigo en la causa penal en la que resultaron procesados Lorenzo, Calloia y hasta el notario que documentó la subasta”, afirma en la demanda.

    Información Nacional
    2014-08-07T00:00:00

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