Ministerio de Ambiente revisa proyecto de UTE para instalar línea de alta tensión tras denuncia de tala de monte nativo en Salto

La denunciante es Petra Cisa, una mujer que se opone a que se tale en su predio parte de un monte nativo para instalar algunas de las torres de alta tensión.

“Quiero analizar todo más allá de este caso. Al pasar por 263 padrones puede haber muchos con este problema y otros con otros”, dijo el ministro.

Técnicos de Ambiente prevén recorrer el sitio mañana viernes 13 y comenzar a cruzar datos con la “huella física” del proyecto. El sitio tiene 92 hectáreas de vegetación autóctona y está ubicado en la tercera sección judicial de Salto, sobre el arroyo San Antonio Grande. Tiene diversos árboles, cuya conservación es prioritaria y no fueron identificados en la consultoría privada.

En función del nivel de tensión de las líneas, UTE estableció una faja de servidumbre —un área de seguridad por la que no se puede transitar— de 80 metros, aunque asegura que solo talará una parte para que pasen los cables durante la construcción.

Informes

Cisa adjuntó al expediente un informe elaborado por un ornitólogo privado y dos documentos internos de la DGF del MGAP. El primero de ellos está firmado por los ingenieros agrónomos Fabián Bique y Marcelo Roschutzegger y recomienda “definir el sitio como de alto valor de conservación y que sea lo menos alterado por acciones antrópicas” dadas las características de los bosques que tiene y las condiciones en que se encuentran los ecosistemas.

Otro, firmado por el ingeniero agrónomo Eduardo Díaz Ballandra (también de la DGF), agrega que debe conservarse el bosque dada su conformación, especies y por poseer un carácter primario-fustal. “La DGF entiende conveniente modificar el trazado de la línea eléctrica fuera del padrón o por lo menos hacia el límite sur donde afectaría bosque más ralo, árboles aislados y menor diversidad de especies”, finaliza.

Contratado por la denunciante, el ornitólogo Gabriel Rocha relevó el predio y constató la existencia de 102 especies de aves, de las cuales tres son prioritarias para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP): gaviota capucho gris, carpintero bataraz y crestudo. A su vez, visualizó un aguará guazú, en riesgo de extinción, y consideró que el lugar es “potencialmente muy viable” para especies como el cardenal amarillo, que está en “grave peligro” a escala global.

“El predio representa un manchón de ecosistema de monte parque muy bien conservado con especies de aves especialistas en ese ambiente, tan particular y tan amenazado en Uruguay por las distintas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales. Es importantísimo conservar este sitio no solo para los individuos que viven allí sino porque sirve de corredor biológico para conectar con otras zonas de monte parque de la región”, señaló Rocha.

UTE esgrimió razones técnicas y económicas para negarse a modificar el trazado. Señaló que obtuvo la autorización ambiental previa (AAP) y citó el estudio de impacto ambiental, el cual señala que existe un “deterioro” del bosque y que el proyecto tendrá efectos “poco significativos”. “Se estima que la fragmentación asociada al proyecto determinará un aumento en el número de parches pequeños. Este efecto será perceptible en los parques de bosque serrano interceptados, ya que en los parques de bosques ribereños y parque atravesados será imperceptible debido a sus grandes tamaños”, dice el informe técnico.

“El proyecto ha cumplido con las normas ambientales vigentes habiendo considerado todos los aspectos señalados por la propietaria del inmueble, incluyendo un análisis detallado del trazado de la línea, el medio receptor y las medidas de afectación, siendo estos estudios realizados por un consultor independiente y avalados por las autoridades competentes. No se encontró evidencia objetiva de que la modificación del traslado resulte en una ventaja desde el punto de vista ambiental”, concluye el informe elaborado por la gerenta de Medio Ambiente de UTE, Claudia Cabal, y el jefe de Gestión, Rafael Curbelo.

Durante la presentación del proyecto, la semana pasada en Salto, Curbelo aseguró que la tala sería “mínima” y estaría autorizada por la DGF. “Se trata de evitar impactar en los árboles que estén en proceso de extinción y por eso se viene trabajando con la DGF para minimizar los impactos”.

Ante la controversia por el impacto ambiental, Peña señaló que el plan era revisar la situación para definir si el monte parque es de “prioridad para la conservación”. En función de esto analizarán con UTE las alternativas al cambio de trazado o si es necesario implementar otras medidas para minimizar la intervención. “El tendido subterráneo igualmente requiere una intervención sobre el monte, que puede ser mayor al momento de la construcción”, agregó el ministro y aseguró que “en principio” tenían tiempo, ya que las obras en estos padrones están previstas para el año que viene.

Obra

El proyecto prevé la instalación 955 torres distanciadas entre 350 y 400 metros entre sí. La línea está compuesta por dos tramos: uno sale de Tacuarembó y el otro de Salto Grande. Ambos se conectarán en la localidad de Chamberlain, ubicada cerca de Paso de los Toros, donde se construirá una estación, que también funcionará como enlace con la nueva planta de UPM, que además de producir celulosa generará energía a partir de biomasa. A esto se sumarán dos líneas de 150 kilovatios que conectan la estación Chamberlain con las líneas existentes entre Rincón del Bonete y el parque eólico Palmatir.

El gerente de Desarrollo de Transmisión de UTE, Julián Malcon, dijo que la obra le dará una “gran fortaleza” al sistema eléctrico. “Previene contra las fallas, mejora la calidad del servicio y baja las pérdidas del sistema eléctrico”, expresó.

La obra estaba en el programa de inversiones de UTE pero se aceleró tras ser incluida como compromiso en la renegociación del contrato con UPM que realizó el gobierno de Lacalle Pou. La financiación será mixta: el BID otorgará un préstamo de US$ 87 millones, mientras que UTE realizará una emisión de deuda las próximas semanas que ascenderá a US$ 103,5 millones.