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Una serie de modificaciones al régimen de construcción de inmuebles con exoneraciones de impuestos fueron definidos por el Ministerio del área, empezando por su denominación: ya no se le llamará de “interés social” sino “vivienda promovida”.
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El principal cambio tiene que ver con el alcance del esquema de topes al precio de venta que se adoptó en junio de 2014: desde el 1º de enero de 2017 se aplicará en Montevideo para 10% de las unidades promovidas (en lugar del 25% actual) y en el resto del país será para el 20% (hoy rige para la totalidad). Así lo comunicaron en una reunión con empresarios efectuada el 28 de octubre la ministra Eneida de León y el director de Vivienda, Salvador Schelotto, según un comunicado de la Secretaría de Estado publicado esta semana.
Con esa medida se apunta a “contemplar algunos reclamos del sector privado, a la vez que incluir (…) a los sectores bajos, medios bajos y medios que han presentado dificultades en el acceso a una vivienda adecuada”, explicó el Ministerio de Vivienda (Mvotma).
Otro cambio anunciado implica que el Mvotma se hará cargo de la comercialización de una parte de las viviendas construidas por privados amparadas en este régimen, buscando que las familias de ingresos bajos y medios bajos puedan adquirir una solución habitacional de un dormitorio pagando cuotas que podrían llegar a unos $ 10.000 al mes. Lo hará mediante la herramienta de subsidio a la cuota, informó a Búsqueda el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Eduardo Steffen. Si el Ministerio no logra colocarlas en determinado plazo las viviendas volverán a quedar a disposición del promotor de la obra sin tope de precio, agregó.
Actualmente los inmuebles construidos con exoneraciones de impuestos están siendo adquiridos por familias de los deciles de ingreso siete u ocho, pero no del cinco al que apuntará llegar el Mvotma. Steffen señaló que el nombre actual del régimen de promoción “induce a pensar que se trata de viviendas dirigidas a sectores carenciados”, pero la gente con ingresos menores a $ 70.000 mensuales no puede acceder. “Como se trata de viviendas para la clase media y media alta, el resto (de la población) se siente defraudada”, comentó. El cambio de denominación del régimen —de “vivienda de interés social” a “vivienda promovida”— tiene en consideración esa realidad.
Los beneficios tributarios abarcan, por ejemplo, la exoneración de las rentas derivadas de la primera enajenación y del IVA sobre esa transacción, así como de los impuestos al Patrimonio y a las transmisiones patrimoniales.
Las modificaciones a la reglamentación del régimen venían siendo reclamadas por la Appcu, especialmente lo relativo a los topes, aunque esperan otras adecuaciones, como el porcentaje de apartamentos de un dormitorio, por ejemplo. Si bien llegan “un poquito tarde”, dada la coyuntura recesiva que atraviesa el sector, Steffen evaluó que “incentivarán mucho” la actividad.
