“La discriminación se ve en esta sala”, afirmó Gloria Rodríguez. La senadora del Partido Nacional —la primera senadora afrodescendiente— participaba el martes 20, en el Hotel Hyatt Centric Montevideo, de una jornada sobre legislación antidiscriminatoria y decidió, desde la segunda fila del auditorio, poner sobre la mesa la discriminación étnico-racial. “¿Cuántos negros, con formación como para estar acá, hay?”, preguntó.
En el evento hubo distintas exposiciones sobre el estado de situación del derecho en materia de legislación antidiscriminatoria. Además asistieron expertos, fiscales, ministros de la Suprema Corte de Justicia, autoridades del Ministerio de Educación y Cultura e integrantes de las colectividades afro, armenia y judía.
“Estamos en un país que se ha destacado por el respeto a los derechos humanos, pero en el tema étnico-racial estamos muy lejos. Se discrimina de forma cruel”, insistió Rodríguez.
La discriminación, entendida como un trato de inferioridad a una persona o grupo por motivos de raza, sexo, ideas políticas o religión “atraviesa todo”, aseguró el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno, Luis Charles. El fenómeno, agregó, “no produce solo muertes o lesiones físicas”, sino que también provoca depresión, baja autoestima, afecta el desempeño laboral, entre otras consecuencias.
Durante su exposición consideró que las leyes contra la discriminación “no son suficientes” y tampoco lo es la capacitación de los funcionarios: “Un ser humano no puede considerarse sospechoso por su color de piel u origen étnico”, dijo.
Charles elaboró un proyecto para que sea sancionada la “discriminación pura y directa”, una iniciativa que la senadora Rodríguez presentará en el Parlamento para incorporar al Código Penal un nuevo delito en esa materia.
La propuesta, a la que accedió Búsqueda, consiste en condenar a quien niegue, imposibilite, dificulte, ponga trabas u obstaculice “el acceso a un empleo, ascenso o cualquier mejora en el mismo; el ingreso o la permanencia en establecimientos comerciales, medios de transporte, espectáculos, actividades deportivas, así como cualquier servicio o prestación de naturaleza pública o privada en relación con el color de la piel, la religión, el origen étnico-racial o la orientación o identidad sexual de una persona”. Las penas previstas van de tres a 18 meses de prisión. A su vez, se establece que no podrá invocarse el “derecho de admisión” por esas causales.
“El derecho penal no es la solución, pero manda un mensaje de valores. Tenemos la sanción de la incitación al odio y merecemos una contra la discriminación”, afirmó Charles.
Con su posición coincidió en parte el excatedrático de Derecho Penal, exministro de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional Gonzalo Fernández. “El derecho penal no cura nada, porque viene después que el daño, pero tiene una función pedagógica”, añadió.
Una segunda parte del proyecto propone una sanción contra los administradores de páginas web o buscadores que sean notificados por el carácter discriminatorio de un contenido y no lo den de baja, en un contexto de “desplazamiento de la vida social a las redes sociales” y por tanto de un “desplazamiento al delito informático”. En ese sentido, Charles consideró que las redes sociales son un “campo propicio” para incurrir en actitudes discriminatorias desde el anonimato y con “sensación de impunidad”.
El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, afirmó que la “existencia de leyes supone un freno” para las personas que incitan a la violencia o al odio, pero que sin embargo “no es suficiente la legislación si no existe una auténtica aplicación”.
En una línea similar, Fernández consideró que la legislación existente “se aplica escasamente en la práctica”.
Combate, no eliminación
La jornada contó con expositores internacionales, como el filósofo, escritor y ensayista argentino Santiago Kovadloff, quien consideró que la problemática del odio y discriminación es “arqueológica”, aunque en cada época toma una “consideración distinta”. Para el filósofo, “no nos libraremos nunca del odio”, pero sí es posible “combatirlo permanentemente”.
Charles, en tanto, dijo que la discriminación muchas veces es una “actitud subterránea”, “difícil de medir y fácil de negar”, pero para combatirla “hay que saber dónde está presente”.
“La educación es clave para combatir los prejuicios y para mostrar la tolerancia”, dijo.
Durante un espacio de debate, una docente del Centro Educativo Impulso, público de gestión privada que está instalado en Casavalle, relató cómo los alumnos sufren discriminación por asistir a esa institución. La docente consultó al filósofo argentino sobre cómo deben transformar esa situación para que los niños —que son las futuras generaciones— “no reproduzcan” la discriminación.
Kovadloff respondió que “el dolor y el sufrimiento tienen que ser reconocidos por los maestros”, que deben expresarles a los alumnos “la necesidad que tienen de acercarse y la dificultad que tienen para ayudarlos”.
“No hay que ocultar eso”, dijo, y agregó que la mejor forma de trabajar con esas situaciones es “invitarlos a que comprendan que estamos cerca de su padecimiento, pero entendemos que la sociedad tiene que transformarse para combatirla, y no para eliminarla”.
La costumbre y el derecho
La jornada tuvo un análisis de la respuesta del derecho internacional, a partir de la exposición del excatedrático de la Facultad de Derecho Didier Opertti, también exministro de Relaciones Exteriores y de Interior. El experto consideró que la legislación “responde a consensos de Estados”, algo que complejiza la aprobación de normativas, pero que a pesar de eso se debe “seguir pensando en el valor irremplazable del derecho como voz responsabilizatoria”, aunque “muchas veces quede en el terreno de la declaración”.
Consideró que el principio de no discriminación está consagrado en “casi la totalidad de los instrumentos universales y regionales”, y que aunque los principios de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —el órgano judicial de las Naciones Unidas— “son una fuente del derecho”, hay otra que es la “costumbre” y que se debe tener cuidado con que “se arraigue la costumbre de que la fuerza pueda al derecho”.
El excanciller hizo referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, como un caso de “vigencia y actualidad” que involucra discriminación. Aludió a la demanda que realizó Ucrania en 2017 a la CIJ por considerar, entre otros asuntos, que Rusia había vulnerado la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965. El país denunció que hubo discriminación étnica contra comunidades tártaras, restricciones a la enseñanza, sumado a desapariciones, asesinatos, registros no autorizados y detenciones.
Para Opertti, es necesario que se realicen “ejercicios” de reflexión —como esa jornada— para analizar el estado actual del derecho internacional y revisarlo para que contemple nuevas formas de discriminación. Que no tenga un carácter “estático” y sea “vivo”, dijo.
