“Una mala señal”, “un error” y una “interferencia que llama la atención”. Así, calificó el presidente del Directorio de Montecon, Richard von Appen, la revocación que el Ministerio de Economía (MEF) realizó el viernes 21 a la admisión de la denuncia que esa empresa hizo ante la Comisión de Defensa de la Competencia a raíz de la decisión del gobierno que extendió la concesión de la terminal del puerto a su rival Katoen Natie y le dio otras ventajas.
La decisión del MEF representó un “cambio repentino” cuando el caso “estaba yendo por los canales regulares”, dijo a Búsqueda. Por eso, Montecon solicitó por carta a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, “revisar” esa resolución, en el entendido de que la intervención y lo que está sucediendo en el puerto de Montevideo afecta el “Estado de derecho y la imagen de Uruguay respecto a la claridad de las reglas de juego”.
El ejecutivo, presidente de Ultramar (la empresa chilena que es accionista mayoritaria de Montecon y socia de la canadiense ATCO), dijo que el acuerdo de febrero del 2021 entre el Estado uruguayo y el grupo belga Katoen Natie —principal accionista de Terminal Cuenca del Plata (TCP)— genera lo contrario a lo que ocurre en casi “todos los puertos del mundo”.
—En febrero se cumplirá un año del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, impugnado por Montecon. ¿Cómo cree que ese contrato incide en el clima de negocios que ofrece Uruguay?
Montecon se ha desarrollado desde 1994 invirtiendo en equipos y capacitación de su personal y logró tener el 50% de la participación de mercado. Sorpresivamente el gobierno llegó a este acuerdo que por decreto está desviando volumen. Hemos sufrido en forma relevante el desvío de uno de los servicios hacia TCP, lo cual atenta contra la libre competencia dentro del puerto. Por eso hicimos la reclamación ante la comisión de defensa de la libre competencia en Uruguay.
Lo sucedido el viernes, donde se revocó la admisión de la denuncia, es una mala señal porque muestra una interferencia que nos llama la atención y atenta sobre los derechos que consideramos tenemos para poder ejercer nuestra actividad y competir por los clientes. Nos llama la atención que cuando (el caso) estaba yendo por los canales regulares, hubo un cambio repentino.
—¿Qué acciones tomará Montecon tras la revocación?
—Hemos hecho ver nuestro desacuerdo, nos hemos comunicado enviando una carta a la ministra de Economía solicitando revisar esa decisión y espero que así ocurra, porque esto tiene un impacto relevante, no solo adentro del puerto sino que también afecta el Estado de derecho y la imagen de Uruguay respecto a la claridad de las reglas de juego. Quiero recordar que los accionistas de Montecon no son solamente Ultramar, una empresa chilena, sino también ATCO, una empresa canadiense que está en varios países y que también está viendo esto con sorpresa.
—¿Montecon está evaluando iniciar alguna acción a nivel internacional?
—No. Montecon está usando todos los medios a nivel local, que es lo que corresponde, esperando una respuesta por parte del ministerio para poder evaluar cuáles son los siguientes pasos.
—¿Cree que pueda existir detrás algún interés superior al técnico, de carácter político, para que la comisión no investigue?
—No puedo emitir un juicio sobre eso. Nos interesa que la comisión pueda ver el caso y definir si se están cumpliendo o no las condiciones de competencia que a nuestra manera se han vulnerado.
—En diciembre usted se entrevistó con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. ¿Qué planteo llevó y con qué resultados salió de esa instancia?
—Uruguay ha sido un país que nos ha acogido muy bien. Nos sentimos muy a gusto desarrollando las actividades con nuestra capacidad empresarial, invirtiendo y desarrollando las personas y especialmente el comercio exterior, donde vemos un enorme potencial en este país. Le volvimos a transmitir ese compromiso e interés de seguir invirtiendo, pero (le dijimos) que esta situación nos tiene complicados y queremos tener claridad respecto de cuáles van a ser las reglas de juego, manifestándole nuestra discrepancia de cómo se ha manejado esta situación.
Vamos a estar abiertos a buscar una solución. Lo único que pedimos es poder competir, no pedimos ningún privilegio especial.
—El gobierno defendió el acuerdo como un “gran logro” en lo político, económico y social. ¿Usted qué dice?
—Discrepo, este acuerdo va en contra, porque pierde competitividad el puerto de Montevideo y Uruguay, que le está entregando un monopolio a una terminal que cuando tuvo que competir logró el 50% del volumen. Porque Montecon captó el otro 50% con el desarrollo de tecnología y dando un buen servicio en los muelles públicos. Ya fuimos seriamente afectados por el desvío de uno de los servicios, lo que está teniendo efectos importantes sobre la capacidad de mantener el empleo actual. Por eso lamentamos esta decisión arbitraria. Hemos perdido más del 20% del volumen y también ha tenido un impacto muy grande en la rentabilidad. Lo más valioso que tiene esta empresa es la gente, y vamos a hacer todo lo posible para cuidar los puestos, pero también estamos enfrentados a una realidad.
A fin de mes una nueva naviera, HMM, llegará de Oriente a Montecon. Eso ayudará y esperamos poder atraer volumen adicional probablemente de otros puertos; estamos hablando con varias otras. Pero necesitamos tener certeza de que pueden trabajar dentro de Montecon con una proyección de mediano y largo plazo.
—¿Qué perspectivas tiene para 2022 en términos de actividad e inversiones en Uruguay?
—El volumen en el puerto montevideano creció 25% en 2021, y este año esperamos un crecimiento de entre 5% y 8%, con los clientes actuales. Pero puede ser mayor si somos capaces de atraer clientes adicionales, de trasbordos de Buenos Aires o el sur de Brasil.
En materia de inversiones, hay un compromiso de los accionistas en que si hay una oportunidad de desarrollar terminales, infraestructura de muelle o grúas de última tecnología, estamos disponibles y le corresponde al gobierno buscar esos espacios para que podamos evaluar e invertir. En Nueva Palmira también estamos comprometidos a desarrollar la terminal TGU y poder captar nuevos volúmenes y clientes.
—¿Eso no es contradictorio cuando reclaman reglas claras para competir y señalan que se entrega el negocio de contenedores a un monopolio privado?
—Muy por el contrario: eso reafirma el interés de competir y poder entregar los mejores servicios (ante el crecimiento de los barcos y de los movimientos por recalada) y atender lo que se va a venir, si se hacen bien las cosas.
—En general, Montecon ha tenido un perfil público bajo. ¿La reciente revocación decepcionó sus expectativas?
—Estamos convencidos de que esta decisión del gobierno es un error; acá hay un cambio de reglas relevante. Por eso hemos usado las vías legales y las instituciones que corresponden, como es la comisión de libre competencia. Vamos a defender nuestros derechos como inversionistas, además del derecho a trabajar de las 700 personas que están en Montecon, que no entienden y están hondamente preocupadas.
Esperamos que esto se pueda revertir. No dejo de ser optimista en cuanto a que el gobierno va a entender que esta es una mala política pública y que lo que corresponde es restablecer la presión competitiva dentro del puerto, que es lo que ocurre hoy en día en prácticamente todos los puertos del mundo. Es raro lo que está ocurriendo hoy en el puerto de Montevideo, es una anomalía.
—En la base del diferendo el gobierno dice que el acuerdo consagra el “restablecimiento de la operación portuaria en cumplimiento de las normas vigentes”, por ende, que la actividad que Montecon viene desarrollando en las áreas públicas es ilegal.
—Que esto lo resuelva la Justicia. Por eso hemos ido a la comisión, para que determine si se está cumpliendo o no, si este acuerdo cumple con las leyes actuales. No tenemos ningún temor de enfrentar cualquier instancia.
