El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno confirmó esta semana la extradición del italiano Rocco Morabito, según informaron a Búsqueda fuentes judiciales.
El Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno confirmó esta semana la extradición del italiano Rocco Morabito, según informaron a Búsqueda fuentes judiciales.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáMorabito está requerido por la Justicia de su país por presuntos delitos de tráfico y tenencia de estupefacientes.
El fallo cierra un ciclo de vaivenes judiciales sobre el destino del mafioso, que desde hacía más de una década vivía en Punta del Este bajo el nombre de Francisco Capeletto y un supuesto origen brasileño.
En Uruguay, Morabito estaba cumpliendo prisión preventiva por el delito de falsificación de documentos. Sin embargo, era al mismo tiempo una de las 10 personas más buscadas por la agencia antidrogas de Estados Unidos, debido a su rol en la mafia calabresa Ndrangheta, y en Italia pesa sobre él una pena de 30 años de cárcel como resultado de un juicio desarrollado “en rebeldía”, es decir, sin la presencia física del acusado.
Justamente esa particularidad del proceso hizo que Uruguay demorara en conceder la extradición. Como el juicio en rebeldía está expresamente prohibido por la Constitución uruguaya, el fiscal Luis Pacheco le puso una condición al pedido de la Justicia italiana: que al llegar Morabito tuviera derecho a un nuevo proceso judicial con las garantías debidas.
Unos meses después, en marzo de 2018, la jueza de Crimen Organizado, Dolores Sánchez, desestimó el planteo de Pacheco y decidió conceder la extradición sin condiciones. La defensa de Morabito apeló esa decisión, que ahora fue confirmada por el tribunal.
En medio de ese proceso, el mafioso estuvo cerca incluso de quedar libre. A mediados de 2018 su defensa pidió el cese del arresto por entender que se había cumplido el plazo previsto por el artículo 339.2 del Código del Proceso Penal (CPP), que establece que una persona requerida no puede estar privada de libertad más de 120 días. El fiscal Pacheco consideró que correspondía conceder el pedido, pero la jueza Sánchez determinó que por encima del CPP está el tratado de extradición firmado entre Uruguay e Italia en 1879, que le permitía mantener la prisión preventiva.