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En los últimos años hubo un crecimiento sostenido en el número de denuncias por violencia doméstica, impulsado en gran medida por la mayor visibilización del tema y por la mejora en las facilidades que ofrecen los servicios del Estado, como la Policía y la Fiscalía.
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Sin embargo, denunciar este tipo de hechos sigue siendo difícil, ya que a veces las mujeres que acusan a su pareja quedan sin sustento económico o vivienda, enfrentan litigios por la tenencia de los hijos, sufren consecuencias laborales e incluso pagan un costo social.
“‘Si a él lo procesan y va a la cárcel, ¿yo de qué vivo?’. Existen esas dificultades y no es fácil. De pronto es una mujer que no trabaja y tiene cuatro hijos. Hay que entender lo complejo que es”, dijo a Búsqueda la jueza penal Julia Staricco, que integra en representación del Poder Judicial una comisión interinstitucional que trabaja en los temas de violencia de género.
La magistrada planteó que si bien las denuncias aumentaron —en 2018 fueron 39.481—, sigue siendo un número que no refleja el total de los casos. Esa subrepresentatividad se da aún más en las clases altas, sostuvo.
“No todas las víctimas pueden denunciar, no todas tienen la contención y la fuerza suficiente para afrontarlo, por más estatus económico que puedas tener”, advirtió.
“El ser humano, mal o bien, es igual en todos lados. La violencia pasa en todos los ámbitos, pero en ciertos sectores se denuncia menos. Porque en determinados barrios pesa más ‘el qué dirán’, o el mantener un estatus”.
Además, en las clases altas también puede darse una dependencia económica de la mujer con respecto a su pareja. “De pronto si hace la denuncia sabe que tendrá que mudarse y sacar al hijo del colegio, del club, del barrio donde tiene a todos sus amigos. Y piensa que así le va a hacer más daño, y prefiere seguir aguantando. Es tan valedero eso como cualquier otra situación”, dijo Staricco.