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El número de denuncias por violencia doméstica que registra el Ministerio del Interior no deja de crecer año tras año. En 2011 fueron 15.868. En 2014 llegaron a 33.671. Y 2018 cerró con 39.481, según los últimos datos del ministerio, a los que accedió Búsqueda.
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El aumento de las denuncias no necesariamente implica que haya más situaciones de violencia, sino que las víctimas —mujeres en la enorme mayoría— se atreven a denunciar más. Tanto el ministerio como la Fiscalía y el Poder Judicial han hecho esfuerzos en los últimos años para crear espacios más amigables para que las mujeres denuncien —con la instalación de unidades especializadas y la capacitación de funcionarios— y han creado plataformas para reportar casos a la distancia y de forma anónima, como una página web y una aplicación para celulares.
Sin embargo, con el foco puesto en crear condiciones adecuadas para que las mujeres denuncien y reciban protección rápida, quedó postergado el problema del “día después”.
“De nada sirve que la Justicia disponga 180 días de alejamiento cuando la víctima sabe que vencido ese plazo tiene que volver a vivir con el hombre porque no tiene otro lugar a dónde ir, o si durante ese tiempo no recibió asistencia psicológica para reforzar su autoestima, o si el agresor no asistió a ninguna instancia para superar el problema”, planteó la jueza penal Julia Staricco, que integra en representación del Poder Judicial la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de las Tobilleras Electrónicas.
“De nada sirve que la Justicia disponga 180 días de alejamiento cuando la víctima sabe que vencido ese plazo tiene que volver a vivir con el hombre porque no tiene otro lugar a dónde ir”, planteó la jueza penal Julia Staricco
“No es solo cómo recibimos la denuncia, que era lo que veníamos trabajando hasta ahora, sino también asegurarle a la víctima el día después”, señaló. “¿Qué pasa el día después? En eso estamos trabajando ahora”, agregó.
La preocupación de la comisión va en línea con los objetivos de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, aprobada a fines de 2017, que precisamente busca garantizar una respuesta estatal adecuada, que contemple los problemas de vivienda, de salud y laborales que se derivan de las situaciones de violencia.
“Los problemas de violencia de género implican un abordaje desde varias instituciones para dar una protección efectiva a la víctima”, dijo Staricco. Por eso la ley “habla de una ‘responsabilidad del Estado’. Porque obviamente ni la Policía, ni el Poder Judicial ni la Fiscalía pueden solucionar todos estos temas”, explicó.
Falta seguimiento
Las tobilleras electrónicas han demostrado ser una herramienta eficiente para proteger a las mujeres que corren riesgo de violencia. El Ministerio del Interior incorporó la tecnología en 2013, con un proyecto piloto que puso 100 tobilleras a disposición para Montevideo. Debido a los buenos resultados, se fue ampliando a todo el país y actualmente hay 600 tobilleras en uso en todo el territorio nacional, informó el ministerio a Búsqueda.
Sin embargo, los agresores a veces incumplen la medida de alejamiento, incluso con la tobillera. Esa violación debería implicar una sanción inmediata, como la prisión, pero los controles fallan.
“Sabemos que muchos a los que les ponemos la tobillera incumplen la medida. Por eso es importante hacer un relevamiento efectivo de los casos de incumplimiento de las medidas cautelares, para tener un mejor control”, dijo Staricco. “Porque el incumplimiento es un delito”, aunque no siempre se reporta como tal.
El martes 5 fue hallada muerta en Artigas Rosana Batista, una policía de 29 años que había denunciado a su expareja por violencia y amenazas. El hombre desacató la orden de alejamiento y la mujer lo volvió a denunciar, pero el juez de Familia no ordenó el uso de una tobillera electrónica, sino que reiteró la orden de alejamiento. La directora de la Unidad de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, declaró ayer a El Observador que es “bastante común” que tras el incumplimiento de una medida cautelar los agresores no sean sancionados, sino que por el contrario se resuelva exclusivamente “reiterarle las medidas”.
Rehabilitar al agresor
Más allá de su eficacia, las tobilleras no son más que una herramienta temporal para evitar un peligro inminente, y no solucionan el problema de fondo. En ese sentido, el Ministerio del Interior insiste en que no debe “sobreutilizarse tomándose como la única alternativa”, dijo Zabaleta a Búsqueda. En determinados casos puede ser más apropiada la prisión para el agresor o el realojo de la víctima, explicó. Además, cuando el problema persiste la solución no puede ser prolongar el uso de la tobillera, añadió.
En todo el país Inmujeres tiene 32 servicios para la atención a mujeres víctimas de violencia y 12 para la atención de varones. En 2018 se realizaron 9.619 atenciones o consultas sobre violencia basada en género y se atendieron a 2.982 mujeres y 296 varones.
En ese sentido, desde la comisión interinstitucional entienden que la imposición de una tobillera debe ir siempre acompañada de otras medidas, como la obligación de que el agresor concurra a tratamiento, y para eso están intentando ”unificar criterios“ entre los jueces.
“Se advirtió que en muchos casos se impone la tobillera, pero no se obliga a la persona a realizar un tratamiento o se le impone, pero fallan los controles para saber si está cumpliendo”, explicó Staricco. “Es importante que se imponga la obligación, no que sea voluntario, porque si la persona no va, configura un delito de desacato”.
“Tenés que atender a las dos partes: se debe proteger a la víctima pero también hay que tratar de rehabilitar al agresor para que salga de ese círculo”, afirmó.
De todos modos, las opciones que tiene la Justicia para derivar a los agresores son escasas. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social ofrece atención para víctimas y agresores, aunque el servicio no está disponible en todos los departamentos. Staricco dijo que la comisión está intentando coordinar esfuerzos para extender este tipo de atención.
Según los datos que proporcionó a Búsqueda el Ministerio del Interior, en todo el país Inmujeres tiene 32 servicios para la atención a mujeres víctimas de violencia y 12 para la atención de varones. En 2018 se realizaron 9.619 atenciones o consultas sobre violencia basada en género y se atendieron a 2.982 mujeres y 296 varones.
En la capital también está disponible el Servicio de Atención a Hombres que Deciden Dejar de Ejercer Violencia que brinda la Intendencia de Montevideo.
