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Como pocas veces, pandemia mundial de por medio, el sistema de salud ha estado en un sostenido centro de atención. Es constante. Desde hace más de cuatro meses que la mayoría de los temas orbitan sobre la capacidad instalada de las mutualistas y hospitales públicos para enfrentar la demanda asistencial, la actuación de los médicos, el multiempleo profesional, los brotes de coronavirus detectados en algunos sanatorios, los hisopados obligatorios a pacientes ante cada nuevo ingreso.
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Hace unos días se empezó a discutir un nuevo convenio colectivo para el mutualismo en el Consejo de Salarios. Y apareció un nuevo frente de batalla para el sector. Las instituciones privadas están abriendo el paraguas. Ya lo habían hecho meses atrás, cuando advirtieron —producto del desempleo— una caída de casi 40.000 cápitas que paga el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por cada usuario con cobertura de la seguridad social.
Ahora, cuando todavía no se ha concretado la segunda reunión de la ronda de negociación con el gobierno y los sindicatos, en el mutualismo no avizoran un panorama auspicioso. Más bien todo lo contrario. En el sector se manejan varios informes técnicos, adelantándose a distintos escenarios. En todos hacen hincapié en el impacto del desempleo como consecuencia del bajón económico que trajo el coronavirus. Según información del sector mutual a la que tuvo acceso Búsqueda, estiman para los próximos meses una posible disminución de afiliados Fonasa de alrededor de 130.000 personas, lo que implica una baja de un 6% del padrón. La pérdida de socios Fonasa produciría a su vez una reducción de ingresos operativos por conceptos de cuotas salud y copagos. Con base anual, las mutualistas estiman que la caída en ingresos operativos sería de US$ 124 millones.
Las estimaciones tienen un sustento. A partir de información de la Encuesta Continua de Hogares relevada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2019 se tipificó a los hogares según la estructura de su cobertura Fonasa y se estimó el impacto de la pérdida de empleo formal en la cantidad de afiliados a las mutualistas. A partir de esta información, se estimó que cada 100 puestos que se pierden, 21 activos afiliados a una institución dejan sin cobertura a todo el hogar, y que en estos hogares hay además otros 2,13 miembros con cobertura Fonasa en promedio. En definitiva, las mutualistas perderían 66 afiliados Fonasa por cada 100 empleos menos, evalúan desde este sector. Y de ahí surge la posible caída en el padrón de 130.000 socios Fonasa. Según el INE la tasa de empleo pasó de 56,7% en febrero de este año a 53,1% en marzo. Esta reducción implicó una pérdida de 102.675 puestos de trabajo, solo en marzo.
La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que representa a los trabajadores del sector privado, tiene una plataforma que exige un convenio colectivo de 12 meses de duración, la defensa de la totalidad de puestos de trabajo y que el gobierno sostenga la cartera de afiliados Fonasa mientras dure el convenio.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El impacto de la fuga hacia ASSE
Una de las conclusiones a las que arriban en el mutualismo es que, si el gobierno “no aplica ninguna medida” para frenar la caída de los socios Fonasa, ese contingente de 130.000 personas pasaría a asistirse en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Y advierten que todo incremento en la cantidad de usuarios de ASSE causará la necesidad de acrecentar su producción en, por lo menos, un 10%. Esto, sostienen desde las instituciones, implica un evidente aumento del gasto. Y esta situación se plantea en un contexto en el que el lineamiento definido por el Poder Ejecutivo para la próxima Ley de Presupuesto es que exista una reducción del 15% en cada inciso.
Según números que maneja el sector con base en datos oficiales, el gasto por usuario en ASSE es de $ 2.519. Fuentes del mutualismo explicaron a Búsqueda que este presupuesto es “prácticamente el mismo” que si se incorporaran todos los usuarios de ASSE al Fonasa y, al igual que para los demás prestadores integrales que integran el sistema de salud, se pagaran las cápitas por edad y sexo y las metas prestacionales cumplidas. Y que si se agrega el gasto que otros organismos públicos hacen para cobertura de prestaciones de los usuarios del sistema público (el Hospital de Clínicas o las policlínicas municipales, por ejemplo).
En síntesis, señalaron las fuentes, por la vía del financiamiento actual de ASSE, el gasto por usuario de salud pública supera en 2019 en un 7% al gasto que surgiría de pagar las respectivas cuotas salud. Es decir que, por la vía del financiamiento actual, el Estado gasta una cifra superior por usuario a aquella que pagaría si lo incorporara a la cobertura del Fonasa, abonando la cuota salud correspondiente.
