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    miércoles 17 de julio de 2024

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    Mutualistas piden US$ 80 millones para avanzar en digitalización de historias clínicas; proyecto con esos fondos duerme en el Parlamento

    Hay un ejemplo al que las autoridades sanitarias suelen echar mano para bajar a tierra la importancia de la historia clínica electrónica. Un paciente del interior de Uruguay, pongamos de Rivera, tiene recurrentes episodios de cólicos nefríticos. Esa persona está de paso en Montevideo y termina atendiéndose de urgencia por esta dolencia en una emergencia cualquiera de la capital. Luego se va de vacaciones a Paysandú y vuelve el problema: otra vez los cólicos. Una nueva consulta por el mismo asunto, en tres ciudades y hospitales distintos. Lo que se plantea con el ejemplo es que si los diferentes médicos que se rotan en la asistencia de ese paciente tuvieran un rápido acceso a sus antecedentes, a imágenes con resultados de sus estudios y datos sobre su medicación, se mejoraría la atención; sería más ágil y más precisa. La plataforma digital puede condensar toda la información útil sobre un caso y hacerla disponible en un solo clic en la computadora de un consultorio.

    Es evidente que hay consenso sobre los beneficios de esta herramienta. Lo saben los médicos, lo sabe el gobierno —que trazó la informatización clínica como prioridad para este período— y lo saben las empresas. Pero si bien ha habido avances, la cuestión está algo trancada. Al menos así lo plantearon fuentes del sector mutual a Búsqueda. El proceso de digitalización de las historias clínicas no va todo lo rápido que debería, dijeron. Y para los directivos de las mutualistas hay una razón casi excluyente: un proyecto de ley “cajoneado” en el Parlamento, que habilita una nueva partida económica del Estado para destinar a la inversión en salud privada.

    Se trata de una iniciativa por la que las instituciones reciben dineros de fondos públicos sin contrapartida pero con la obligación de destinarlo a mejorar la infraestructura y los servicios. A esto se le llama sobrecuota de inversión. No es algo nuevo. En julio de 2012 la ley 18.922 facultó a la Junta Nacional de Salud (Junasa) a pagar una sobrecuota a las mutualistas con el objetivo de financiar proyectos de inversión previamente aprobados por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud Pública (MSP). El primer capítulo de esta sobrecuota, unos US$ 94 millones que salieron de la billetera estatal, ya fue ejecutado o está en ejecución por las mutualistas de todo el país.

    Según la respuesta a un pedido de informes al MSP realizado por el diputado blanco Martín Lema, de los 41 proyectos de inversión aprobados, 35 finalizaron en el cobro de la sobrecuota. Aunque se aclara que eso no implica “haber culminado el proyecto ni haber terminado con la rendición de gastos asociados”. En la respuesta también se destacó que la mutualista Casa de Galicia está en proceso de devolución de los fondos cobrados, ya que se constató que el dinero que se le dio no se usó con el fin establecido en la ley.

    Un informe elaborado por Porcaro Consultores y que fue analizado el martes 22 por la mayoría de las mutualistas de Montevideo, desagrega otros datos. Durante el período 2013-2016 las instituciones de la capital recibieron por concepto de sobrecuota de inversión aproximadamente US$ 57 millones. Las del interior, en tanto, recibieron US$ 37 millones. Si se va aún más en detalle, en Montevideo, las mutualistas percibieron US$ 7 millones en 2013, US$ 20 millones durante 2014 y 2015 y US$ 10 millones en 2016. En este período de tiempo, las instituciones capitalinas invirtieron un total de US$ 90 millones entre fondos propios (42%) y financiamiento de la sobrecuota (58%). “El aporte de fondos por parte de las instituciones fue por tanto superior al 30% estipulado por el mecanismo de la sobrecuota”, destaca el informe. Y agrega que invirtieron un total de US$ 24 anuales —dos dólares por mes— por cada afiliado “para poder brindar mejor infraestructura edilicia, mejor equipamiento y mejor gestión administrativa”. La sobrecuota de inversión financió US$ 14 anuales por afiliado mientras que los US$ 10 restantes fueron aportados por las instituciones.

    Según esta rendición de cuentas que maneja el sector mutual de Montevideo basado en datos obtenidos por el propio MSP, entre el 80% y el 90% de los montos se destinaron a obras edilicias —nuevos sanatorios, servicios de emergencia de adultos y niños, áreas de internación, etc.— y a equipamiento médico —tomógrafos, mamógrafos, equipamientos para block, etc. Solo entre el 10% y 20% fue a parar a softwares y sistemas de información. Desde el mutualismo se aseguró a Búsqueda que las instituciones con más socios priorizaron las reformas en infraestructura, en la ampliación y remodelación de sus sanatorios, por sobre la informatización.

    Sobrecuota encerrada en el Parlamento. 

    Las mutualistas apuestan a la segunda parte de la sobrecuota para completar el proceso de digitalización de las historias clínicas. Algunas instituciones están más avanzadas que otras. Una fuente del sector mutual consultada por Búsqueda señaló a Cosem como la institución que más ha hecho por la informatización, pero hizo la salvedad de que este centro no tuvo que invertir en obras pues no tiene sanatorio propio.

    De acuerdo con cálculos realizados por asesores del sistema mutual de Montevideo, se necesitan unos US$ 80 millones para encauzar la recta final de la digitalización de las historias en el mutualismo. Esa plata es la que depende del visto bueno del Parlamento. Y ese visto bueno aparece hoy un tanto lejano.

    La última vez que se trató el tema en la Comisión de Hacienda de Diputados fue el 26 de abril. En esa oportunidad se resolvió, a pedido de la bancada oficialista, mantener el tema en agenda pero sin fecha para retomar su discusión. El diputado frenteamplista Alfredo Asti argumentó que se comenzaría a estudiar el proyecto de Rendición de Cuentas y recién ahí se vería si la iniciativa era una de las prioridades antes de tomar una definición. La sobrecuota no fue incluida como prioridad en la Rendición.

    En esa última sesión de abril, el diputado del Partido Independiente, Iván Posadas, desestimó el proyecto presentado por el Ejecutivo. “La sociedad no debe realizar otro esfuerzo adicional como es el de esta sobrecuota de inversión. Pensamos que no, que debe haber un sinceramiento. Se debe hacer un análisis crítico de esta reforma de salud, no para desmontarla, sino para establecer criterios de gestión”, señaló.

    El diputado colorado Conrado Rodríguez se mostró igual de crítico. “En la medida en que está demostrado que no hay ningún tipo de contralor de las autoridades sobre lo que se gasta, tanto por cápita como en el nivel de inversiones que hace cada una de las entidades que integran el sistema, para nosotros es muy difícil votar un proyecto de ley que nuevamente va a implicar que esos dineros no se gasten en forma eficiente”, dijo.

    Para el diputado blanco Jorge Gandini, el propio Frente Amplio se fue encerrando en este tema. “Si lo que se quiere es postergar este asunto hasta tener una discusión sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema Nacional Integrado de Salud, estoy totalmente de acuerdo, porque nos cuesta una fortuna y es muy malo. Sin embargo, no creo que el gobierno esté dispuesto a tener esa discusión. Me parece que nos están poniendo una excusa para no tratar este proyecto”.

    El baile, la música y la plata. 

    Los pronósticos para la segunda parte de la sobrecuota no son alentadores en el Parlamento. Pero desde el mutualismo se insistió en que la concreción de la historia clínica digital es un tema que debe tener como socio al gobierno. No solo por los planes trazados en ese sentido por la cartera de salud al inicio de la actual administración —el proyecto fue presentado por el propio Poder Ejecutivo—, sino también por las exigencias impuestas por el sector sanitario. Cuando el ministro de Salud Jorge Basso presentó el proyecto para la sobrecuota, en abril de 2016, anunció que el objetivo es que el 80% de los usuarios del sistema de salud dispongan de su propia historia clínica electrónica en este año y un 100 % en 2018.

    En Presidencia un decreto que detalla los requisitos para la implementación de las historias clínicas electrónicas aguarda solo por la firma del presidente Tabaré Vázquez. Los directivos del sistema mutual entienden que el gobierno y la trama toda de la reforma de la salud los “presiona” a aggionarse pero les suelta la mano. Una fuente del sector ejemplificó: “Nos quieren meter en el baile, nos ponen la música, pero no nos dan la plata para bailar”.

    Información Nacional
    2017-08-24T00:00:00