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La asamblea del Casmu resolvió investigar la gestión anterior, presidida por Raúl Rodríguez
El documento de memoria y balance puesto a consideración habla de una “alerta institucional de máxima gravedad”, “extrema fragilidad financiera” y un ejercicio negativo de US$ 26 millones
El oficialismo del Casmu salió fortalecido de la primera asamblea general ordinaria del pasado martes 17. La concurrencia, destacada en conferencia de prensa al día siguiente por el presidente de la mutualista, Domingo Beltramelli, fue la mayor en años: más de 850 médicos capitalizadores. En ella se aprobó el balance correspondiente al último ejercicio, cerrado al 30 de setiembre de 2025, así como el informe de la Comisión Fiscal y el plan de reestructura.
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Por el contrario, la memoria anual y la evaluación de la gestión institucional anterior, a cuyo frente estuvo Raúl Rodríguez, hoy directivo de la oposición, no obtuvieron aprobación.
“Recibimos un mandato muy claro de los socios capitalizadores del Casmu para que se realice una investigación para determinar si existieron eventuales irregularidades o incumplimiento de normas durante la gestión anterior”, dijo Beltramelli a la prensa. La mutualista, la tercera más grande del país en número de afiliados, intervenida por el Ministerio de Salud Pública (MSP) desde julio de 2024, contratará auditorías externas con ese fin.
En su memoria y balance, presentado en la asamblea, un análisis de la Comisión Fiscal formuló “una alerta institucional de máxima gravedad” a causa de que el último balance “evidencia un escenario de extrema fragilidad financiera”. Debido a ello, el documento señala que, “de no adoptarse medidas estructurales urgentes y profundas”, hay un “riesgo real” para la “continuidad prestacional” de la mutualista y “para el sustento laboral” de más de 6.000 trabajadores, entre personal técnico y no técnico.
En su exhortación final la Comisión Fiscal deslizó la falta de transparencia de evaluaciones financieras anteriores. Uno de los reflejos de esta situación es el último ejercicio negativo que, tal como adelantó Búsqueda, es de $ 1.057.120.013, unos US$ 26 millones a la cotización actual. “Este resultado constituye un deterioro económico de magnitud y resulta diametralmente opuesto a lo que se venía afirmando respecto de la institución en ejercicios anteriores”, añadió. Esta conclusión fue votada por mayoría, con los dos votos del oficialismo y el negativo del representante de la oposición en ese organismo.
“Un aspecto crítico en este ejercicio fue el registro de ajustes a los resultados acumulados por un total de $ 810.721.169”, indica el documento, algo que también había sido adelantado por Búsqueda. “Estas partidas corresponden mayoritariamente a la regularización de saldos de ejercicios anteriores ($ 559.955.563) que no habían sido reconocidos oportunamente”, añade.
Aunque el Casmu fue intervenido por el gobierno de Luis Lacalle Pou en julio de 2024 por su crítica situación financiera, algo que fue prorrogado por la administración de Yamandú Orsi al año siguiente y por un año más, esta información es un marcado contraste con lo que se divulgaba institucionalmente hasta ahora. La anterior gestión, la que era encabezada por Rodríguez, aseguraba que con el de 2024 se habían logrado cuatro balances consecutivos positivos. De hecho, el ejercicio anterior era positivo en $ 26.075.249.
Esta fue la primera asamblea general ordinaria a cargo de las nuevas autoridades del prestador, que asumieron el 2 de octubre. El Casmu tiene hoy 176.659 socios.
En la conferencia del miércoles, Beltramelli señaló que, dependiendo de los resultados que tenga esa investigación, se “verá lo que corresponda”. “Si hay que presentar alguna solicitud desde el punto de vista judicial, se tendrá que hacer”, añadió.
Frutos y planes
La asamblea, que según distintos participantes tuvo momentos tensos, terminó en la madrugada del miércoles. La instancia fue precedida de tironeos y cruces entre el oficialismo y la oposición del Casmu, encabezados por Beltramelli y Rodríguez.
El actual presidente quiso llevar tranquilidad al asegurar que su administración tiene un plan de recuperación basado “en cuatro pilares” —la calidad asistencial, la reestructura financiera, la paz social y el crecimiento de la masa social— que “en cinco meses de gestión ya está dando sus frutos”, como “la reducción del 50% del déficit operativo mensual”.
El documento de memoria y balance exhortaba a los directivos y a la asamblea “a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para fortalecer la transparencia administrativa y asegurar la sostenibilidad financiera como única vía para preservar su futuro, garantizar la asistencia de calidad y proteger las fuentes de trabajo”. Sobre esto último, Beltramelli dijo que la estabilidad asistencial y laboral son sus principales objetivos, y aseguró que hasta ahora no han tenido “dificultades para pagar los sueldos” ni fue necesario “un recorte de personal”. A su lado, la gerenta económica financiera del Casmu, María Ana Porcelli, señaló que se han regularizado créditos, se han bajado intereses y que “todas las herramientas” posibles para salir de la situación financiera están sobre la mesa, cuando fue consultada sobre la posibilidad de pedir un nuevo fideicomiso.
En el mismo documento analizado, la actual oposición —que ha cuestionado fuertemente la decisión de las nuevas autoridades de indemnizar y reintegrar como capitalizador al exconsejero Álvaro Niggemeyer, afín a los nuevos administradores— cuestionaba ese balance señalando que hay $ 510 millones “que se arrastran de años” y que “hasta el momento los auditores externos” no lo consideraban como parte del pasivo, por lo que se trataría de una modificación en los criterios. A su vez, también indicaban que hay $ 260 millones “que nunca se reconocieron y ahora hubo un cambio de criterio de nueve años para atrás”. Según la minoría, el resultado “integral” del ejercicio era positivo en $ 1.000 millones y señalaba que la causa de la intervención, en 2024, fue por solicitar el fondo de garantías para las mutualistas “con la misma expresión de motivos” que el Casmu había hecho cinco años atrás.
Consultado por la investigación votada para el período en el que presidió, Rodríguez contabilizó que “desde 2020” hubo tres contadores, tres abogados y tres médicos interventores, cuatro contadores, dos abogados y dos médicos veedores, dos empresas auditoras externas, más la presencia de representantes del MSP y la Junta Nacional de Salud. “Si no me plantan nada, no hay nada”, resumió.
