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Mutualistas y gobierno negocian para erradicar la intermediación lucrativa y no poner en riesgo la apertura del “corralito” en la salud
El ministro de Salud, Jorge Basso, sondeó con directivos de las prestadoras la posibilidad de no habilitar cambios de una institución a otra en febrero
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La apertura del corralito mutual, que permite el libre trasiego de socios desde una mutualista a otra, es una mecánica que está instalada sin sobresaltos desde el año 2009. En cada febrero —y solo por ese mes— el Ministerio de Salud Pública (MSP) habilita la posibilidad de que los usuarios asegurados por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y con más de tres años de permanencia en una institución puedan optar por otro centro de salud, tanto público como privado. La movilidad regulada, como se la define técnicamente, no parecía estar amenazada. Al contrario. Las señales transmitidas por las autoridades sanitarias han sido la de una estabilidad del mutualismo que permitiría, incluso, ir a un sistema libre: que no exista más corralito. Lo dijo en marzo el propio ministro de Salud, Jorge Basso, durante una comparecencia en la Comisión de Salud en el Parlamento. Es que si bien hay instituciones que ganan y otras que pierden socios durante ese mes, en promedio solo un 4% de los habilitados a cambiarse optan por hacerlo.
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Sin embargo, a tres meses de una nueva apertura, tanto en el gobierno como en el sector mutual existía una tensa incertidumbre sobre lo que ocurrirá el próximo febrero. Tanto así que Basso estuvo sondeando la posibilidad de suspender la apertura en 2018. Esto fue confirmado a Búsqueda por fuentes del sistema mutual, que dijeron que Basso hizo llamadas a directivos de mutualistas para conocer su opinión sobre una eventual medida de suspender transitoriamente la movilidad regulada. Según pudo saber Búsqueda, el feedback al planteo no fue nada positivo y eso hizo moderar una iniciativa que fue analizada por las autoridades sanitarias.La respuesta del sector, en general, fue que no es una idea de recibo. Entre otras cosas porque choca con los derechos de los afiliados y porque hay sobre la mesa algunas medidas propuestas para minimizar riesgos de intermediación lucrativa, que es la oferta de dinero o servicios extra a un usuario para que se cambie de mutualista, y que es la principal inquietud de gobierno y empresas detrás de cada apertura del corralito.
El nudo de la cuestión se arrastra desde principios de 2017, cuando quedó al descubierto una millonaria estafa al Fonasa que terminó con decenas de procesados, funcionarios de distintas mutualistas implicados y una investigación judicial que aún sigue en curso. Además de desnudar un problema en los controles del Banco de Previsión Social (BPS) —los estafadores inscribían a personas como trabajadores de empresas fantasma y se los afiliaba a mutualistas como socios Fonasa— quedó patente la vigencia de la intermediación lucrativa, un delito penado por ley y cuyas posibles soluciones vienen siendo analizadas por todos los actores involucrados. El miércoles 8, la Junta Nacional de Salud (Junasa) puso a discusión un documento con medidas para eliminar los riesgos de esta práctica y hubo acercamientos que permiten, en principio, garantizar la apertura. En la propuesta, a la que tuvo acceso Búsqueda, se manejan ocho medidas concretas. Entre ellas, que todas las afiliaciones, sin excepción, deben ser tramitadas personalmente por el usuario en las sedes del prestador y que haya una declaración jurada por parte del usuario de no haber recibido ningún incentivo para su afiliación. También se establece que se le enviará un mensaje de texto a cada usuario cuando se esté operando un cambio de prestador que lo afecte personalmente y se propone protocolizar y profesionalizar el pedido de inspecciones ante la sospecha de situaciones irregulares.
Las mutualistas habían presentado su propio borrador con propuestas, que también fue analizado el miércoles 8. Allí sostienen que “resulta conveniente mantener los actuales períodos anuales de movilidad regulada hasta tanto se evalúe la aplicación de las medidas propuestas”. En el documento se asegura que el régimen actual que regula la movilidad de los socios “compatibiliza el derecho a la libre elección de prestador por los usuarios y la conveniente estabilidad de las instituciones”. Y agrega: “Asegurar el mantenimiento de una relación estable con la institución prestadora genera beneficios asistenciales para los usuarios al permitir la continuidad asistencial” y “se reduce el riesgo de movimientos masivos de usuarios que pueden desestabilizar la economía y el funcionamiento de las instituciones”.
El dilema de la publicidad.
Ante cada apertura del corralito se oyen voces críticas con el uso que las mutualistas hacen de la publicidad para ofrecer sus servicios. Este año, el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, cuestionó que el dinero que algunas instituciones utilizan para publicidad e incluso para intermediación lucrativa provenga de las cápitas que el MSP paga a los prestadores por los usuarios que tiene. “El 100 % de ese dinero va para pagarles a los prestadores la atención en función del sexo y de la edad de las personas que son usuarias y debe ser utilizado para dar el mejor nivel de asistencia. Estamos en desacuerdo con que ese dinero se destine a otros fines, pues entendemos que perjudica el nivel de atención que la población debe percibir”, sostuvo. Las mutualistas expresaron en un documento elevado a la Junasa que tienen el “derecho legítimo” a “difundir y publicitar los servicios que brindan, informando genuina y adecuadamente a los usuarios de sus beneficios, con el objetivo de conservar o incrementar razonablemente su padrón de afiliados de acuerdo con su infraestructura y recursos asistenciales disponibles asegurando un equilibrio sustentable”.
