Nadie puede esconderse de la ley

La columna de Raúl Ronzoni

6 minutos

Nº 2271 - 11 al 17 de Abril de 2024

No es lo habitual, pero ocurrió: lo jurídico se impuso a lo político. El Senado rechazó dos recursos de revocación contra una decisión del cuerpo que habían presentado los afectados, el senador Charles Carrera y la diputada Susana Pereyra, frenteamplistas del Movimiento de Participación Popular.

Es lo que correspondía ante los patéticos argumentos de sus recursos. La contundencia del relato sobre los abusos perpetrados por los legisladores determinó que el Senado decidiera remitir los antecedentes a la Fiscalía porque presume que abusaron ilegítimamente de los servicios del Hospital Policial, lo que se decidirá al cabo de la investigación judicial. A eso recurrieron.

“Persecución política” y “amenazas” denunciaron con demagogia y simpleza los legisladores. Pretendían que el Senado dejara sin efecto su decisión para evadir la lupa de la Fiscalía. ¿Por qué huir de una investigación judicial que pueda establecer si mediante sus abusos de poder de los servicios del Hospital Policial violaron una ley penal o, en todo caso, pisotearon la ética y los principios? ¿Acaso hay normas que rigen la vida del ciudadano en general y otras para los gobernantes que se consideran privilegiados como parecen suponer Carrera y Pereyra?

En este país nadie puede esconderse de la ley y así lo demuestran diversos fallos que han afectado a gobernantes de todos los partidos.

Hace dos semanas, una nota de Búsqueda adelantó que la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado seguirá la recomendación de la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Parlamento de rechazar los recursos que pretendían trabar el curso de la Justicia.

Para contextualizar la información recuerda que ambos recursos refieren a los resultados de una comisión investigadora en el Senado que indagó la actuación de Carrera en el caso de Víctor Hernández, que en 2012 quedó parapléjico, víctima de una bala perdida que presuntamente salió del domicilio de un subcomisario donde se estaba realizando una fiesta. En una demanda civil de Hernández por ese hecho la Suprema Corte de Justicia eximió de responsabilidad al Ministerio del Interior pero nada se sabe sobre el autor del disparo.

Por iniciativa de Carrera como director general del Ministerio del Interior, el Hospital Policial, sin fundamento legal, se encargó durante tres años de la atención médica y psicológica de Hernández (al igual que Pereyra, fue registrado bajo el falso rango de oficial subayudante).

Luego se conoció que tanto Carrera como su exesposa también se habían atendido asiduamente en el hospital. La mujer recibió atención entre 2010 y 2012 sin pagar los tiques correspondientes.

Durante su internación, el Estado también le pagó a Hernández un sueldo mensual equivalente a un agente policial, dinero que salía del presupuesto destinado para la canasta de fin de año de los policías. Atento ante lo inusual, el tesorero del Hospital Policial solicitaba de forma mensual y por escrito los recibos del pago a Hernández. Siempre decían “Por orden del director general (Carrera) páguese a Hernández”, reveló el senador blanco Jorge Gandini.

La fiscal tiene el camino abonado. El programa de TV Santo y seña de Ignacio Álvarez divulgó la grabación de una conversación realizada en 2013 por el hermano de la víctima ante las trabas para ser indemnizados por el ministerio. De esta surge que Carrera le pide a la familia del paciente que no revele lo acordado para su atención en el hospital.

“Nosotros lo hicimos por lo humano, pero no ajustados a derecho”, dice el entonces director de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017), quien bien sabe lo que legalmente corresponde porque es abogado. Agrega: “Esto nos puede traer problemas con la policía”. El Hospital Policial, destinado exclusivamente a atender a los funcionarios, se mantiene sobre todo con la retención de 2,5% de sus salarios. El nosocomio tiene un déficit mensual de 21 millones de pesos y atraviesa serias dificultades económicas.

Cuando en 2013 el hermano de Hernández le dice a Carrera que va a informar a la prensa de lo ocurrido, el gobernante reacciona: “Escuchame una cosita. ¿Vos estás nervioso? Te vas de acá tranquilamente y no me jodas más. Yo llamé a tu madre para ver si podemos dar una mano. Porque a mí no me interesan los canales (de TV), el Partido Nacional, el Partido Colorado y Nacho Álvarez. Y te vas a cagar. Porque si estás nervioso te mando a cagar, hermano, y disculpame que te lo diga delante de tu madre. Porque yo acá vine a ver si puedo dar una mano, lo demás no me interesa”.

Carrera insiste en su altruismo (con dinero del Estado y de los funcionarios): “Ubicate y tratá de hablar clarito y bajito porque yo llamé a tu madre porque no me gustan las injusticias. Si nosotros (el gobierno) no tuviéramos interés, los hubiéramos dejado en la calle cuando ustedes se fueron al Clínicas (…) ¿Qué te venís a hacer el loco acá conmigo? ¿Quién te está dando una mano con los tiques (de alimentación), con todo? Están recibiendo la mejor atención. ¿Qué te venís a hacer el atrevido conmigo acá? Ubicate, loco”.

La diputada Pereyra aprovecha que su marido, el exministro del Interior Eduardo Bonomi, había fallecido y que por ello no puede ser juzgado ni contradecirla. Entonces afirma que él fue quien le aconsejó que se atendiera en el Hospital Policial debido a las amenazas contra la pareja por el cartel de la droga mexicano Los Cunis.

En otro terreno, dijo que “era usual” que personas ajenas a la función policial se atendieran en ese hospital ante determinadas circunstancias y sostuvo que no se pueden probar los delitos de uso de documento o certificado público falso. Aunque la ignorancia de la ley no sirve de excusa, dijo que nadie le advirtió que atenderse en ese hospital era irregular.

La Fiscalía tiene sobrados elementos para tomar la decisión que fuere, pero Carrera y Pereyra como legisladores gozan de inmunidad y, antes de considerar su eventual responsabilidad penal para interrogarlos, la Fiscalía debería pedir su desafuero.

Ahí no termina este entuerto porque ambos seguirán ocupando lugares de privilegio en las listas del Frente Amplio para las próximas elecciones generales y serán legisladores, salvo que decidan no postularse y presentarse a declarar sin inmunidad. Un desafío como pocos para la Fiscalía frente a quienes políticamente han sido formados en la filosofía del autoritarismo: “Lo que se hereda no se roba”. Se disfrazan de demócratas defensores de las leyes, pero los hechos demuestran otra cosa.

Así nos va.