En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Hace poco más de un año el ministro de Defensa Nacional, Javier García, visitaba en la Torre Ejecutiva al presidente Luis Lacalle Pou para analizar la posibilidad de liberar el acceso online a todos los archivos militares de la dictadura que están en poder del Estado.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En setiembre García anunció la iniciativa tras una reunión con el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En mayo de este año se plasmó en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para que sea tratado de manera urgente.
Según el ministro, este impulso del gobierno a liberar información que hasta ahora permanece reservada es la causa principal para que una o varias personas anónimas hayan publicado dos meses atrás en un sitio web más de 1.600 archivos militares de la época de la dictadura, muchos de ellos los mismos que están en manos del Estado. “Es innegable que bastó que pusiéramos en el debate público el tema de acceder a toda la verdad para que apareciera esto. Es innegable la conexión y la consecuencia temporal de que apareciera esto a partir del debate público que generó el proyecto de ley”, dijo García a Búsqueda. “Esto hasta ahora se manejaba con oscurantismo y es obvio que, si el gobierno no tenía en la agenda abrir la documentación, todo hubiera seguido en la oscuridad”, planteó.
El jueves 15 El Observador informó que el llamado archivo Berrutti y otros documentos de esos años que nunca se habían encontrado fueron puestos a disposición de quien quisiera en archive.org, un sitio web sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal preservar y proporcionar acceso universal a contenido digital. Bajo el nombre “Archivos del terror”, los datos contienen fichas, seguimientos y sumarios a personas surgidos de la digitalización de rollos de microfilms elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 que incluyen el período de la última dictadura cívico-militar (1973-1985). También hay datos que demuestran la existencia de espionaje militar hasta al menos 2004, cuando la democracia ya estaba plenamente vigente en Uruguay.
Aunque estos registros —ordenados de forma numérica— comenzaron a publicarse en archive.org a partir del 18 de abril, todos los jerarcas de gobierno, incluidos el presidente y el ministro de Defensa Nacional, se enteraron por la prensa el mismo jueves 15. En ningún organismo estaban al tanto de la situación.
Tras conocer el episodio, el viernes 16 García presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El escrito enviado al fiscal de Corte, Juan Gómez, sostiene por un lado que “la información podría resultar de interés a la tramitación de diversos casos por violación de derechos humanos que se hallan en la égida de la Fiscalía” y que, como fue diseminada anónimamente, también “sería necesario se investigara su veracidad y de dónde proviene”.
García señaló que ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas analizarán ni recopilarán los datos divulgados, ya que no es su competencia: “Que el tema vaya a la Justicia, que es quien tiene todos los medios para investigar y podrá determinar el origen de estos datos y si hay información que pueda servir para las causas sobre derechos humanos”.
El lunes 19, entrevistado por En perspectiva, García explicó que las connotaciones políticas del hecho obligan al gobierno a mantenerse a un lado. “No anduve con medias tintas, no anduve con vueltas. Lo mejor es que lo traten la Fiscalía y la Justicia. ¿Quiénes mejor y más independientes que la Fiscalía y la Justicia? ¿O es mejor que esto pase por el tamiz de investigaciones políticas que pueden estar tildadas de parcialidad y de intencionalidad? Este gobierno se ha caracterizado por transparencia en brindar toda la información a la que podamos acceder, colaboración con los organismos competentes y bregar por toda la verdad. Así seguiremos”, apuntó.
La denuncia presentada por el Ministerio de Defensa en Fiscalía recayó en Raúl Iglesias, fiscal letrado penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 15º turno. Iglesias dijo a Búsqueda que por el momento procura por medios informáticos determinar de dónde se subieron los archivos, para lo cual se encuentra trabajando con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional. Aún no requirió pedidos a Interpol respecto a la posible participación de personas en el extranjero.
