Montevideo, 1º de marzo de 2020 (de nuestras agencias). Los uruguayos salieron hoy a las calles a festejar la toma de posesión del presidente Héctor Lescano, quien triunfó en las elecciones de octubre del año pasado al frente del PER (Partido Equilibrado y Razonable).
Esta agrupación política se conformó tiempo atrás con ciudadanos provenientes de todos los partidos políticos existentes en el Uruguay (que siguen funcionando, pero con muy menguadas fuerzas), y ganó las elecciones con una tan simple como efectista propuesta: “volvamos a ser nosotros”.
Como nuestros lectores sin duda recuerdan, hace diez años este pequeño y pacífico país sudamericano comenzó a vivir un extraño y paradojal período, el cual tal vez concluya con la asunción hoy de las nuevas autoridades electas.
En efecto, cuando el Uruguay era gobernado por el viejo ex guerrillero José (“Pepe”) Mujica, en medio de una crisis de seguridad motivada por un exponencial incremento de hurtos, rapiñas, copamientos y homicidios a sangre fría, el gobierno sorprendió a la opinión pública con la original propuesta de legalizar la marihuana.
La oposición, lejos de levantarse en revolucionaria acción cívica contra tamaño dislate, entró en el siniestro juego de discutir si era el momento de hacerlo o no, si habría algún otro país que ya lo había hecho, y si sería conveniente o no abrir un debate nacional sobre este disparate.
Las autoridades del momento entendían que la adicción a la pasta base de los delincuentes que asolaban a la población era la causa de la inseguridad en la que se vivía, y que la legalización y la estatización de la marihuana resolverían el problema, porque los pastabaseros se volcarían en masa a consumir la marihuana producida por el Estado.
Lo hicieron basados en los estudios llevados a cabo por un reconocido experto internacional en el tema, el novelista y músico jamaiquino Albert Breccia Marley (autor, entre otras obras, del célebre best-seller “I Felt Joy, Peace and Happiness”).
El Estado se transformó a partir de ese momento en productor y distribuidor de marihuana, comenzando los cultivos estatales de cannabis sativa en un predio de 100 hectáreas dentro de la Estancia Presidencial de Anchorena. Se creó a tales efectos la Brigada “Por el Porro y con el Pepe”, a cuyo frente se nombró al Ing. Agr. Braulio Estoivo Lando, quien poseía un posgrado en cultivos alucinógenos en la Maruujen Universitaat de Holanda.
La implementación del plan no fue sencilla. A los primeros que llevaron a buscar sus cigarros fue a los adictos a la pasta base, quienes se desacataban en forma sistemática, procediendo a atacar a los funcionarios a cargo de los depósitos, asaltándolos y hurtándoles celulares, computadoras y hasta sus propias pertenencias, las que después comercializaban en el mercado negro, para volver a adquirir pasta base.
Cuando, tras el fracaso inicial de transformar a los adictos a las drogas pesadas en marihuaneros, se inició el registro de todos los ciudadanos interesados en adquirir la maruja oficial, la cosa no fue tampoco sencilla.
En la División Porros Estatales del MSP se requerían numerosos datos para registrarse. Había que presentar la solicitud de los 40 cigarros mensuales en triplicado, sellándose el original en la ventanilla 35 (“solicitudes”), yendo luego a la ventanilla 42 a sellar las dos copias (“sellado de copias”), en la que también se sellaban las copias de las solicitudes de medicamentos sicotrópicos, por lo que las colas eran interminables. Luego se exigía asimismo la firma de un acta notarial en la que el interesado se comprometía a entregar las colillas de los cigarros fumados, acompañadas de un certificado médico que contuviera el análisis de ADN registrado en dichas colillas, de manera de comprobar fehacientemente que los cigarros habían sido efectivamente fumados por el interesado, y que no había sustituciones antirreglamentarias.
Las solicitudes de inscripción eran luego derivadas a estudio de la “Junta Nacional de Promoción y Distribución de la Marihuana Estatal”, un cuerpo integrado por 16 técnicos, cada uno de los cuales debía informar acerca de las formalidades y fundamentos de la solicitud.
La preocupación de las autoridades iba en aumento, ya que, con todos estos trámites y papeleos, los interesados eran cada vez menos, y la marihuana se seguía vendiendo en forma clandestina (a precios cada vez mayores). Las cosechas estatales se perdían, la marihuana se estropeaba, y la inseguridad pública no disminuía un ápice.
Convencido de que éste era el camino, el gobierno siguiente, presidido por el Dr. Tabaré Vázquez, intentó reflotar la iniciativa con una novedosa acción. Al igual que el exitoso Plan Ceibal, las autoridades distribuyeron plantitas de marihuana en las escuelas, bajo la alegación de “un niño, una plantita”. Se esperaba que así desde la infancia los uruguayos se drogaran, y no cometieran delitos.
El “Plan Porrito” fracasó también, porque los niños preferían hacer germinar porotos en tapitas de frascos con un algodón mojado, y dejaron secar aquellas extrañas plantas que les habían regalado en la escuela.
El fracaso de la implantación de la marihuana, lejos de desanimar al gobierno le dio más fuerzas para luchar contra el crimen y la inseguridad drogando a la población.
Se decretó entonces la distribución gratuita de cocaína en los liceos, ferias vecinales y clubes deportivos. El polvo blanco se ofrecía sin cargo en bolsitas de 10 gramos en unas mesitas dispuestas en esas instituciones, a cargo de funcionarios públicos que revistaban en la “Dirección de Drogadicción Gratuita Antidelictiva”, la cual funcionaba en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional.
Tampoco anduvo este plan, pero su fracaso exacerbó el ímpetu del gobierno, el cual seguía actuando con total impunidad, mientras en la oposición se trataban temas de tal trascendencia como las precandidaturas para las elecciones siguientes, el peligro de los carritos recolectores de residuos y el puente de la Laguna Garzón.
Cuando se decretó por parte del Poder Ejecutivo la inoculación obligatoria de heroína en las policlínicas de Salud Pública y en puestos móviles operados por enfermeros sumariados del Hospital Maciel, el clima de convivencia estaba fuertemente deteriorado.
En el Parlamento, los legisladores inoculados con heroína deliraban en sesiones donde campeaba la paranoia. Era frecuente escuchar diálogos tales como “¡El señor senador no da la cara porque está escondido detrás de un elefante rosado que está revoloteando en sala!”, - “¡No es cierto! ¡Aquí lo único que vuela son los canguros verdes que ayudan a esconderse al señor senador!”
Los ciudadanos falsificaban certificados de inoculación heroínica para que no los drogaran, y los enfermeros venales vendían constancias falsas de inoculación. Los delincuentes seguían actuando con total impunidad, y no había manera de detectarlos ya que estaban entre los ciudadanos no registrados por el censo que había empezado 8 años antes y aún no había concluido.
Fue entonces que ciudadanos de todos los partidos se alejaron de sus grupos políticos, formaron el Partido Equilibrado y Razonable, y llevaron a la presidencia al Dr. Héctor Lescano.
El pueblo entero ansía que se cumpla el lema que lo llevó al triunfo: “volvamos a ser nosotros”.
La falta que hace.
