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“Uruguay es un país con un Estado de estructura socialdemócrata”, dijo el dos veces presidente Julio María Sanguinetti en una entrevista con Búsqueda, publicada en la edición del 30 de diciembre. Agregó que desde distintos lugares tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio prometieron cambiar eso cuando llegaron al poder y no lo lograron. También dejó establecido que el actual gobierno no será el que lo intente.
De lo que está hablando el líder del Partido Colorado es de una realidad objetiva pero no necesariamente una buena noticia. Desde esta página editorial pusimos hace poco el ejemplo de Suecia, que con su famosa y mitológica socialdemocracia iba camino a la ruina a fines del siglo pasado, y gracias a medidas liberales duras llegó en los últimos años a estar en carrera junto con los países más desarrollados del mundo. Nuestra cultura, en cambio, ha sido invadida por la necesidad del “papá Estado” y su peso negativo sobre la libertad y la iniciativa individual.
Sanguinetti hizo referencia a los intentos liberales del gobierno de Luis Lacalle Herrera diciendo que no le fue posible hacer cambios al modelo en cuestión, “por suerte”. Eso nos trajo a la memoria el fuerte enfrentamiento entre ambos líderes en los tiempos del referéndum sobre una muy parcial privatización de Antel. En ese momento, el colorado se convirtió en el guardián de esta cultura estatista que resiste a cualquier cambio.
Y es esta cultura impuesta con la que todas las empresas deben lidiar mes a mes sin que ni siquiera se vislumbre un debate. Nos referimos a la obligatoriedad de ser agente de retención del IRPF. Como a papá Estado no le alcanza con su intervencionismo en varios niveles, obliga a los empresarios a ser sus cómplices y papás de sus empleados. Si en otros casos —como en la retención del IVA— las alternativas no saltan a la vista, no hay duda de que en el IRPF la responsabilidad es del individuo, “el niño” para el socialismo, la socialdemocracia o cualquier régimen enamorado del intervencionismo estatal.
Es interesante buscar en Internet comentarios sobre el tema y encontrarse con las explicaciones de la normativa desde la DGI, que reflejan y dan por hecho un supuesto derecho a exigir de qué forma, cómo y cuándo las empresas deben retener. Allí se fue por el caño el “respeto a la propiedad privada” y de “libertad comercial” a la que se refiere Sanguinetti como característica del sistema que pregona.
Deberíamos preguntarle al gobierno, o a la propia DGI, cuánto paga a los empresarios para que le hagan su trabajo. El manejo de esto tiene un costo para las empresas, y además resulta una espada de Damocles la multa del 100% que se estipula por cualquier atraso. Como siempre, el régimen de crimen y castigo para las empresas, como para casi nadie más, es un régimen socialdemócrata. Es como si se dijera: “Si caes en la iliquidez y te demoras en un pago, yo —el Estado— voy a hacer que te vaya peor” (en el supuesto permanente y absurdo de que las empresas privadas siempre nos quieren perjudicar).
Es cierto que los empresarios están manipulando dinero que no es de ellos, pero no por decisión propia. El Estado les impone una tarea que sería complicada para él hacerla con eficiencia —no existe otra razón lógica— y luego las fallas son responsabilidad del empresario. ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
En este punto las preguntas son simplemente con el objetivo de empezar a romper con una cultura que nos acecha, que acepta verdades como absolutas, cuando en realidad están atadas al régimen que hayamos elegido. Hay algunos a los que les encanta que el papá Estado les dé tareas, pero hay otros que preferimos dedicar nuestro tiempo a las tareas que elegimos como individuos responsables. Siempre hay que estar dispuesto a negociar, pero la imposición innecesaria como el ejemplo de las retenciones, realmente no nos gusta y tampoco parece justificable.
