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Desde el Frente Amplio reconocen como un acierto del gobierno de la coalición pentapartidaria la orientación de las medidas tomadas ante la crisis por el Covid-19, pero consideran insuficiente el gasto para atender la emergencia social que produjo. Algunos de sus dirigentes invocan un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según el cual Uruguay destinó —en términos de su Producto Bruto Interno— bastante menos recursos que otros países latinoamericanos, aunque ese comparativo tiene limitaciones, ya que no contabiliza el costo de los “seguros de paro” normales y especiales, así como los subsidios por enfermedad otorgados para proteger a los trabajadores más expuestos al contagio.
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Una nueva investigación del BID fechada este mes aporta más elementos para el análisis: utilizando la información de las Encuestas de Hogares efectuadas por las oficinas estadísticas oficiales, calculó la cobertura potencial (a cuántos alcanza, en proporción) y las tasas de reemplazo (cuánto significa la nueva transferencia recibida en proporción al ingreso normal) en cinco segmentos —quintiles— de la población, distribuida conforme a su nivel de ingresos. En el caso de Uruguay, mientras que con la asistencia social preexistente al Covid-19 llegaba a la mitad (51%) de los hogares más “pobres” —el primer quintil—, sumando los nuevos programas ese porcentaje cubre potencialmente al 97%. Para ese grupo, el dinero que podrían estar recibiendo equivale a 18% de su entrada de dinero mensual habitual, en promedio. Pero en seis de cada 10 (63%) de esos hogares uruguayos la transferencia de emergencia no llega a cubrir la cuarta parte de sus ingresos anteriores al Covid-19; es la proporción más alta entre los 10 países abarcados en el estudio.
Los autores de este “documento para la discusión” —titulado El desafío de proteger a los hogares informales durante la pandemia de Covid-19: evidencia para América Latina— aclaran que sus estimaciones deben ser interpretadas como un límite superior de la cobertura real y las tasas de reemplazo, al estar enfocadas en los beneficiarios “potenciales” (dado que “implementar estos programas con criterios de elegibilidad complejos durante una pandemia es un desafío” y ya que es baja la bancarización promedio de la población objetivo). Por otro lado, para calcular la tasa de reemplazo obtuvieron el estipendio mensual de todos los programas como una proporción del ingreso laboral regular del hogar, calculados teniendo en cuenta la duración prevista del aislamiento social; si los gobiernos decidieran extenderlos sin expandir la ayuda, los estipendios mensuales disminuirán.
Con las transferencias de emergencia tomadas ante la pandemia, la cobertura en el primer quintil llega potencialmente al 85% de los hogares en el promedio de los 10 países estudiados, cuando sin ellas se abarcaba a menos de la mitad (45%). Pero la cobertura cae linealmente” con los quintiles de mayores ingresos, lo que “deja sin cubrir una fracción sustancial” de los hogares en el segundo y tercer quintil pese a que muchos son informales, cuestiona la investigación. Uruguay es uno de los que escapa a esa crítica, ya que con las transferencias pospandemia se llega a asistir al 90% del segundo quintil y al 70% del tercero, donde está parte de la “clase media baja”.
Asimismo, la extensión de estos programas ad hoc en el promedio de los países latinoamericanos analizados “también muestra posibles fugas” de recursos. Hasta el 22% de los hogares en el quinto quintil —los más “ricos”— podrían convertirse en beneficiarios.
En suma, según los investigadores del BID, los gobiernos han tomado medidas “agresivas” para compensar los problemas sociales derivados del aislamiento impuesto o recomendado frente al nuevo coronavirus que, en general, están bien enfocadas hacia los hogares más vulnerables: aquellos en el primer quintil de la distribución del ingreso. “Sin embargo, las tasas de cobertura y reemplazo en los segundo y tercer quintiles son mucho más limitadas (…). Esta compensación insuficiente limita la capacidad de los gobiernos para mantener períodos de bloqueo prolongados”, eventualmente frente a nuevas oleadas de contagio. De este modo, las respuestas a la crisis de Covid-19 “resaltan problemas estructurales en la región” a partir de una “cobertura fragmentada e insuficiente de los sistemas de protección social. Estas limitaciones complican la entrega de apoyo a los ingresos a los trabajadores informales, que no son lo suficientemente pobres como para beneficiarse de la asistencia social, pero carecen de otros estabilizadores automáticos, como el seguro de desempleo, que podrían aliviar el impacto de las crisis temporales (…). América Latina debe pensar seriamente en las reformas que proporcionarían una asistencia más eficaz y ágil a quienes caen en la crisis en tiempos de crisis. Hacerlo haría que la región fuera más resistente”.
