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El homicidio muy especialmente agravado de Oscar Fernández Mendieta, un joven trabajador rural de Durazno que en 1973 tenía 26 años. Por esa causa, el juez penal de 23º turno, Tabaré Erramuspe, podría procesar a los cuatro oficiales retirados del Ejército Líber Morinelli, Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino (hijo) y Daniel Blanco.
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La muerte por torturas de Fernández Mendieta, un militante del maoista Partido Comunista Revolucionario (PCR), que había estudiado para ser cura, se produjo el 24 de mayo de 1973, apenas unas horas después de su detención en el Regimiento de Caballería Nº 2 de Durazno.
Fernández había sido detenido en una chacra donde trabajaba con su esposa, a la altura del kilómetro 178 de la Ruta 5, por orden del jefe de la unidad, el teniente coronel Juan Bonfrisco.
Si prospera el pedido de procesamiento realizado días atrás por el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, el caso podría convertirse en el primero desde que se produjo una suerte de “empantanamiento” de las causas, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas a las investigaciones. En los últimos años hubo magros avances en los más de 200 expedientes en trámite y solo tres procesamientos (Pedro Barneix en 2015, Asencio Lucero en 2016 y Gregorio Álvarez Nieto, en 2017).
El teniente coronel Bonfrisco, el segundo jefe, mayor Aurelio Abilleira, el encargado del S-2 (Inteligencia) capitán Líber Morinelli y los alféreces Ballestrino, Blanco y Mieres declararon entonces que Fernández Mendieta había muerto una hora después de entrar al cuartel cuando apenas habían podido revisarlo y preguntarle el nombre y el apellido. La versión oficial decía que, “rebelde y descontrolado”, el detenido había intentado fugarse dos veces del sótano donde iban a interrogarlo y que “forcejeando” terminó por perder “el equilibrio y resbaló desde el último tramo de una escalera”.
La autopsia realizada por los doctores Eduardo Pastor, Edison Scaffo y Carlos Schettini, a pedido de la esposa, contradice la versión oficial, firmada por Julio C. Rossi, Juan J. Navarro y Hugo Bosch, y demuestra que la cantidad de hematomas coincide con torturas.
El pedido de procesamiento ya había sido realizado en 2016 por la fiscal Ana María Tellechea, quien intervino en el caso, pero la defensa de los militares interpuso varios recursos.
Según el portal Sudestada, la investigación judicial comenzó en 2006 por parte de la jueza de 7º turno Mariana Mota, quien interrogó a los militares acusados de la muerte bajo torturas de Fernández Mendieta y también a los médicos que realizaron el examen del cuerpo durante el velatorio.
“En el reconocimiento yo vi que en la frente tenía quemaduras de cigarrillos. (…) Tenía hematomas en todo el cuerpo y los dos grandes hematomas en lugares asimétricos, (…) esto no era muy compatible con una caída. Mi conclusión es que lo habían golpeado”, declaró entonces el doctor Schettini.
Extradiciones.
Por otra parte, fuentes judiciales confirmaron a Búsqueda que la fiscalía solicitó la extradición de tres oficiales relacionados con casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura: Pedro Mato, radicado en Brasil, Manuel Cordero, preso en Argentina, y Wellington Sarli, que había sido extraditado a Chile por la muerte en Uruguay del químico Eugenio Berríos.
Las investigaciones están relacionadas con la causa por abuso sexual y torturas a 28 mujeres del MLN-Tupamaros y el Partido Comunista durante la dictadura.
El miércoles 25, la Justicia realizará una nueva inspección a la exsede de la Guardia Republicana en la calle Magallanes, en el marco de otra causa promovida por expresos en 2012.
Hasta ahora 30 militares, policías y civiles han sido procesados por la Justicia en causas relacionadas con los derechos humanos.
Cuatro de ellos fueron liberados, al menos tres —Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y José Gavazzo— están en prisión domiciliaria y siete han fallecido en prisión o prisión domiciliaria.
El resto están presos en la cárcel especial de Piedras Blancas, en Coraceros o en el Hospital Militar.
En relación con el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia, se designó en forma interina un nuevo secretario de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Luego del retiro de la organización Familiares del grupo, el coordinador Felipe Michelini le pidió la renuncia a Gustavo Lancibidad, quien, según informó La Diaria, fue reemplazado de forma interina por el abogado de Presidencia Héctor Díaz.
“Dar vuelta la página”.
Como es habitual, el Centro Militar realizó un homenaje a los caídos en defensa de las instituciones democráticas el 14 de abril.
En el discurso pronunciado por el presidente de la institución, coronel Carlos Silva, se reivindicó a los caídos ese día de 1972 del lado estatal (un capitán de corbeta, dos policías y un civil acusados de integrar grupos paramilitares). El coronel dijo que la imagen de los caídos ha sido víctima de “un relato interesado y mentiroso” que busca “convertir lo que fue una guerra contra las instituciones y el sistema de convivencia respetuoso y tradicional de los orientales en poco menos que una cruzada filantrópica y pacifista”.
Según el coronel Silva, “resquicios anticonstitucionales” cambiaron lo que la ciudadanía decidió y promovieron “una política de persecución, de destrato, de venganza y de resentimiento contra integrantes de las fuerzas armadas”.
El militar retirado insistió en “dar vuelta la página”, porque “no puede haber un pasado tan grande ni tan traumático como para asfixiar hoy la urgente posibilidad de que los orientales trabajemos juntos”; ya que “el mundo está revuelto en muchas partes y aquí tenemos problemas que no son menores, que cada día que nos encuentra distraídos o enfrentados corren el riesgo de agravarse más y más”.
