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Sin el respaldo del astorismo, la bancada oficialista en el Senado presentó el martes 9 un proyecto de ley que propone topear los aranceles que cobran los emisores de tarjetas de crédito y débito, a la vez que fija un límite a los aranceles a las transacciones de financiamiento, entre otras medidas.
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Antes de ser presentada la iniciativa, los tres senadores que responden al Frente Líber Seregni realizaron consultas con el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Banco República, que les transmitieron su oposición a regular por ley los precios de las tarjetas. En función de eso “no pareció acertado acompañar” el texto, dijo a Búsqueda Daniela Payssé, senadora de Asamblea Uruguay.
Semanas atrás, jerarcas del área económica del gobierno habían expuesto su visión contraria a otro proyecto de ley que tramita la Cámara de Diputados y, del mismo modo, apunta a regular los aranceles que cobran a los comercios los emisores y administradores de tarjetas. Hace algunos años el Ministerio de Economía acordó con los emisores y administradoras de tarjetas que fueran reduciendo los aranceles, un compromiso que se ha ido cumpliendo; los comerciantes entienden que ello es insuficiente.
La iniciativa presentada esta semana plantea fijar un tope a los aranceles a los comercios afiliados al sistema de tarjetas de 0,5% más IVA por operaciones de débitos. “Esta medida es posible gracias a que el costo marginal de una transacción con tarjeta de débito tiende a cero”, se señala en la exposición de motivos. El texto también faculta además al Poder Ejecutivo a reducir dicho máximo.
Asimismo, el proyecto establece un límite de hasta 1,5% más IVA a cobrar por las transacciones con tarjeta de crédito.
Estas medidas “buscan volver indistinto al débito tanto para los consumidores como para los comercios”, a la vez que “transparenta el costo financiero que tienen los créditos que otorgan los bancos a través de las tarjetas” e impide que los mismos sean “transferidos de facto a los comercios y/o consumidores”, alegan sus promotores.
En la situación actual —añaden— existe para los comercios una diferencia de costos entre utilizar débito o efectivo en función de los aranceles que deben pagar las entidades emisoras, a las licenciatarias de los sellos o a las prestadoras de servicios a los comercios afiliados al sistema. Hay, señalan, una “dispar relación de fuerza” entre los actores.
“Tanto la existencia de aranceles elevados (con máximos de 2% más IVA para débito y 4-6% para crédito y tarjetas de alimentación u otros medios de pago alternativos), como la imposibilidad de diferenciar precios en la economía, configura una situación de opacidad de costos y tarifas en el sistema, se propicia la propagación de prácticas desiguales de contratación para comercios o proveedores, así como aumenta la fricción a la adopción y difusión de medios de pago electrónicos”, dicen los impulsores del proyecto en su exposición de motivos.