Mazzoni citó un ejemplo de política para revisar: “Nos preocupa que las autoridades anuncien a tambor batiente para 2022 una reforma curricular de los bachilleratos, que ya tiene mucha resistencia en toda la comunidad educativa. Por eso tenemos que participar cuanto antes”.
También Iglesias, histórica referente de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), marcó “diferencias enormes” con las políticas reformistas anunciadas por las autoridades de la enseñanza y con la reorganización estructural del Codicen, centrada en su gobernanza, que “dificulta la gestión” de la ANEP, según dijo a Búsqueda.
Esta maestra, férrea defensora de los intereses corporativos de los docentes y las luchas salariales, arremetió especialmente contra “las reformas estructurales” del gobierno. “Aunque a ojos vista de la opinión pública parezcan de suma innovación, no necesariamente lo son en el ámbito de la academia, donde suelen ser cuestionados por sus efectos y alcances”, comentó Iglesisas, que tiene dos maestrías, es inspectora de zona en Educación Especial y hasta ahora no ocupó cargos políticos.
La gremialista cuestionó en particular los cambios que establece la Ley de Urgente Consideración (LUC) en materia educativa, parte de cuyo articulado se someterá a referéndum en marzo.
“Con la LUC se ha producido un cambio de centralización gerencial. El Codicen ha pasado de ser un organismo colegiado, representado por tres delegados de cada consejo desconcentrado (Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional) a recaer toda la responsabilidad en una sola persona”, señaló Iglesias, que aspira a “que vuelvan los consejos de la educación”.
Asimismo, advirtió que “el sistema educativo no funciona mejor por estar en manos del Ministerio de Educación y Cultura” (MEC).
“Frente a los que dicen que estaría muy bien la educación en manos de un ministerio, rompiendo nuestra tradición de los entes autónomos en la enseñanza, les pedimos que lean los balances de evaluación en países donde la educación está en manos de un ministerio… Verán que no precisamente sus resultados son tan positivos como creen”, planteó Iglesias, que en su día también se opuso a varias políticas educativas de los gobiernos frenteamplistas, como la Ley de Educación de 2008.
Mazzoni coincidió en todos estos puntos con Iglesias. “El clima actual es bastante fulero, como que si opinás en contra de la LUC vas a tener dificultades. Y esto se refleja en la represión de las autoridades contra los sindicatos docentes en San José y en otros lugares del país. ¡Eso también hay que cortarlo!”, planteó.
El dirigente de Fenapes recordó que “la lucha contra la LUC” integró la plataforma electoral de los consejeros electos y adjudicó en parte a eso una representación fuerte de los sindicatos de profesores y maestros en el máximo organismo de la ANEP.
A partir de febrero, el Codicen quedará integrado por los tres consejeros designados por el presidente de la República: su titular, Robert Silva (Partido Colorado), y los también consejeros políticos Juan Gabito (Partido Nacional) y Dora Graziano (Cabildo Abierto), además de los representantes docentes.
Sobre los consejeros políticos del Codicen, Mazzoni destacó: “Representan la concepción que tiene el gobierno de la educación. Los tres tienen una trayectoria importante. Es gente con experiencia y con credenciales. Yo espero (que podamos) relacionarnos de buena forma en lo personal, aunque tenemos diferencias claras y las manifestaremos en ese ámbito”.
Recordó que Silva había sido electo consejero en representación de los docentes en el período anterior, sin abanderar las expresiones sindicales, y que con el cambio de gobierno fue propuesto como titular del Codicen.
Mazzoni es profesor de Matemáticas, sindicalista y comunista. Fue preso político en la última dictadura (1976-1981), se exilió en Ecuador, donde estudió ingeniería civil, y de regreso a Uruguay se dedicó durante 36 años a la docencia. También fue edil desde 2005 a 2019 por el Frente Amplio y candidato a intendente de Lavalleja en 2020. Lideró la lista 11 al Codicen y resultó ganador dentro del lema de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) en las elecciones de octubre, con 8.853 votos.
Mientras que Iglesias, la secretaria general de la Ademu filial Montevideo, desde donde centró su militancia en asuntos gremiales no partidarios, fue la primera candidata docente de la lista 30 y quedó segunda en esos comicios, con 7.637 apoyos. Gremialista, maestra inspectora en Primaria y profesora efectiva en Formación Docente, Iglesias tiene dos maestrías y es inspectora de zona en Educación Especial.
El director del Departamento de Educación Rural, el también maestro Limber Santos, postulante por la lista 1 y por el mismo lema, recogió 23 votos menos que Iglesias y por esa diferencia no alcanzó un sillón en el Codicen.
La CSEU superó con holgura su objetivo de duplicar el apoyo de sus rivales “oficialistas” y obtener los dos lugares de representación en un total de 44.798 votos emitidos por docentes de todo el país. Esta intergremial, que incluye a sindicatos no docentes y también del PIT-CNT, rechaza el proyecto de reforma del gobierno. Los gremios educativos prevén diseñar un plan de movilizaciones y además insistir con planteos formales ante el Codicen cuando a inicios de 2022 asuman los nuevos consejeros en representación de los docentes.
“No a cuchillo”
Mazzoni e Iglesias destacaron que la votación que los convirtió en consejeros docentes en el Codicen dejó mensajes claros a la interna del organismo de conducción educativa y de cara a la sociedad. Por un lado, “el peso gremial docente se hizo sentir en las urnas”, más que duplicando las otras opciones, y “esto fue como un plebiscito para los sindicatos”, resumió Mazzoni. Por otro, indicaron, la mayoría de los docentes votaron por un cambio en los equilibrios de la conducción de la enseñanza.
“Las reformas implican descifrar consensos, sus diseñadores deben tener una mirada muy amplia y, sobre todo, darles la palabra a los docentes”, demandó Iglesias, quien dijo abogar por “otra forma de comunicación” desde el Codicen, más transparente.
Su colega, Mazzoni, completó: “Por eso queremos tomar partido desde una posición sindical y de consenso social desde el Codicen. Porque la política educativa que está desarrollando el gobierno ha sido negativa para la mayoría de los docentes, pero también para los estudiantes y para la población en su conjunto”.
En ese sentido, el dirigente cuestionó a la directora sectorial de planificación educativa del Codicen, Adriana Aristimuño, por haber dicho tiempo atrás a El País que el gobierno debía “confrontar con el cuchillo entre los dientes” a los sindicatos para reformar la educación, como se había hecho en Finlandia.
“Lo de Aristimiuño es una brutalidad… Hablar de salir a cuchillo entre los dientes a pelear contra los sindicatos es un razonamiento del siglo XVII. Una reforma no se hace a cuchillo”, opinó.
Asimismo, consideró “incomprensible” que los proyectos para la educación se procesen “a espaldas de las ATD” y cuestionó “el ninguneo” que existe hacia las asambleas técnico-docentes. Mazzoni presidió la ATD Secundaria, desde donde enfrentó la gestión de la directora general Jenifer Cherro.
Mazzoni también centró sus críticas en el titular del MEC, Pablo da Silveira, quien planteó que quienes mandan en la educación son la coalición electa por voto popular y “los sindicatos no cogobiernan”.
“Da Silveira dice que ellos ganaron y entonces ellos gobiernan, y así pretendió quitarles representatividad a los sindicatos. Pero ahora que nosotros ganamos nos van a tener que escuchar… Porque si esto se trata de quién más votos saca, tenemos 25.000 votos más que las listas oficiales. ¡Les ganamos 3 a 1, señor!”.
El futuro consejero agregó que “esa soberbia expresada por el ministro es una lectura equivocada de cómo funciona la democracia en Uruguay. ¡No votamos por un rey!”, dijo. Y enseguida vaticinó: “Serán tiempos de mantener la guardia alta”.
