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    Nunca hubo ni habrá almuerzos gratis

    La pandemia del Covid-19 ha llevado prácticamente a todos los gobiernos y bancos centrales del mundo a desplegar una gran cantidad de medidas de “apoyo”, dentro de las posibilidades y capacidades de cada país, con el objetivo de mitigar las consecuencias negativas de la crisis sanitaria.

    Esta semana fue el turno de Europa, donde la Comisión Europea anunció un paquete de 750.000 millones de euros a ser distribuido entre sus 27 países miembros (de los cuales unos 500.000 millones serían no reembolsables). A su vez, en Japón el gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, aprobó un segundo paquete de apoyo que duplicó al de abril, llevando el total comprometido a alrededor de 40% del PBI, récord en todo el mundo.

    Obviamente, en todos los casos se trata de recursos que los gobiernos no tienen, porque con la excepción de Alemania, en prácticamente todos los casos los países venían acumulando déficits significativos. Por eso, para financiar el mayor gasto no queda otro remedio que recurrir a la emisión de cantidades extraordinarias de deuda, que deben ser absorbidas por los bancos centrales de manera directa e indirecta, monetizando un desequilibrio fiscal creciente. En los hechos, se está poniendo en práctica de manera muy acelerada lo que proponen los partidarios de lo que se ha dado en llamar la “Modern Monetary Theory” (MMT), que en esencia dice que los gobiernos que pueden emitir deuda en su propia moneda no enfrentan ninguna “restricción presupuestaria” porque el banco central siempre puede emitir para comprar esa deuda.

    En América Latina fuimos pioneros en poner en práctica la MMT a mediados del siglo pasado, y sabemos cómo terminó la historia, con décadas de estancamiento económico y altísima inflación. No bien las expectativas inflacionarias de los agentes económicos se ajusten, y el público comprenda que no existe ninguna “magia” y que es imposible que los bancos centrales sean capaces de crear recursos reales (los “novillos de papel” serán siempre de papel y nunca de carne), la realidad volverá a imponerse y la “restricción presupuestaria” reaparecerá. Eso va a dejar a los gobiernos con opciones nada agradables para hacer frente a la colosal deuda que se está creando, ya que deberán elegir entre subir impuestos y/o bajar fuertemente los gastos, dejar que la inflación deteriore el valor de la deuda, ir directamente a un default o una combinación de todas esas alternativas.

    El hecho de que a corto plazo el riesgo mayor es el de una depresión económica y una deflación en lugar de una aceleración inflacionaria, no debe llevar a pensar que es ilimitado lo que los gobiernos y los bancos centrales pueden hacer. Mucho menos se debe creer que será gratis todo lo que se ha hecho y lo que se intentará continuar haciendo en el futuro cercano.

    Países como el nuestro, y ni que hablar Argentina, tienen mucho menos espacio para pensar en el tipo de medidas que se están adoptando en el mundo desarrollado. Financiar mayor gasto con emisión no es una opción, más allá de que Argentina lo está intentando, con la consecuencia de que la inflación está en el orden del 50%. Por suerte en Uruguay a casi nadie se le ocurre transitar por ese camino, al menos por ahora. La capacidad de endeudamiento es también bastante limitada, en el caso de Argentina porque no accede a los mercados voluntarios de capital y en el caso de Uruguay porque el crecimiento de la deuda bruta y neta en el quinquenio 2015-2019 ya había encendido señales de alerta en cuanto a la sostenibilidad del proceso aun antes de la llegada del Covid-19, junto con un déficit que ya se ubicaba en 5% del PBI.

    Aun con menos capacidad de maniobra, es obvio que los créditos de los organismos internacionales que se están tomando también en Uruguay, así como las emisiones de deuda que eventualmente se hagan en los mercados, habrá que pagarlos y condicionarán mucho el manejo de las finanzas públicas en los próximos años. Por eso, el ajuste en nuestro país del gasto público en el próximo presupuesto debería ser mucho más fuerte del que el gobierno se había imaginado antes de la pandemia. A su vez, la reforma de la seguridad social deberá poner al gasto en esta área en una trayectoria actuarialmente sostenible en el mediano plazo, en función de las realidades demográficas, de tasas de interés y laborales actuales y previsibles a futuro. Habiendo experimentado con la MMT hace más de 60 años, es claro —o debería serlo— que no hubo, no hay ni nunca habrá almuerzos gratis. Esperemos que nuestro gobierno no caiga en la tentación de creer lo contrario.

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