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    Ordenan a los policías filmar con sus celulares los operativos que puedan derivar en situaciones como las de la plaza Seregni

    Una y otra vez, como en un loop, Jorge Larrañaga ha tenido que rechazar públicamente que la Policía cometa abusos contra los ciudadanos. Reitera que no hay un accionar ilegal ni malintencionado liderado desde el Ministerio del Interior, sino la necesidad de terminar con la impunidad, castigar el delito, tener la presencia territorial que no había antes, recuperar la autoridad, aplicar la ley y restablecer el orden y el respeto como base de la convivencia.

    Es que los reclamos a la Policía por supuestos abusos y excesos han sido repetitivos desde que Larrañaga asumió el 1° de marzo. Y más allá de sus palabras y de las investigaciones de la Fiscalía ante las denuncias que efectivamente se realizaron, el ministro quiere disipar cualquier acusación con pruebas irrefutables. En agosto su cartera inició la compra de 600 cámaras personales para que —sumadas a las 2.000 que hay actualmente— la Policía pueda filmar los operativos a través de dispositivos colocados en los uniformes de sus oficiales. Pero como aún con esa compra las cámaras son insuficientes para registrar todos los operativos, se ordenó que cuando no haya cámaras los policías usen su celular personal para grabarlos.

    Según señalaron a Búsqueda fuentes oficiales, la orden partió del director de la Policía Nacional, Diego Fernández, quien enfatizó la necesidad de recurrir a los celulares en procedimientos que puedan derivar en enfrentamientos, como el ocurrido a inicios de mes en la plaza Seregni. Allí, un choque con vecinos terminó con tres policías heridos, 11 detenidos, denuncias de abuso y racismo y un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El martes 24 en una conferencia de prensa el ministerio defendió públicamente el accionar de la Policía en la plaza Seregni, amparado en una línea de tiempo cronológica y una georreferenciación de los hechos basada en este caso en cámaras fijas de videovigilancia.

    El uso de cámaras personales se inició en la gestión de Eduardo Bonomi y con el paso del tiempo fue valorándose cada vez más por autoridades y policías, que las ven como su principal garantía de actuación. Los dispositivos se cargan con un arnés en el pecho de los oficiales y su empleo fue extendiéndose de allanamientos y operativos en partidos de fútbol a controles de rutina. La intención actual es utilizarlas para cualquier procedimiento, pero la cobertura no es total y no todos los policías tienen cámara; por eso Fernández consideró aprovechar los dispositivos móviles de los agentes.

    En agosto, al anunciar la compra de cámaras personales, Larrañaga las describió como una forma de amparar al policía ante “las denuncias sistemáticas de abuso” que terminan por ser perjudiciales para “la correcta administración de las órdenes del ministerio” y generan desánimo en los oficiales “que pierden tiempo en una Fiscalía o en un juzgado” y sufren una suerte de devaluación de su tarea.

    “Eso termina en una frustración enorme del policía que recibe un doble destrato. Está una cantidad enorme de horas persiguiendo al delincuente, después está horas en el juzgado y no se le cree. Mientras que el delincuente o presunto delincuente termina libre, del policía termina dudándose de su palabra, yéndose para su casa con la frustración de haber perdido uno, dos o tres días en los procedimientos del caso”, afirmó ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

    Maniobra defensiva.

    La disposición que obliga a los policías a realizar registros fílmicos con sus celulares se da en un contexto en el cual casi todas las semanas hay acusaciones sobre su accionar. El último caso fue el pasado fin de semana en Durazno. En la mañana del domingo 22 se encontró el cuerpo de un hombre que, en la noche del viernes 20, intentó robar ovejas de un predio junto con otra persona. Dos policías que patrullaban la zona evitaron el abigeato y dispararon dos veces mientras los delincuentes huían; según su declaración, dispararon apuntando al piso. La fiscal del caso, Gabriela Rusiñol, dijo a El Observador que la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) no informó a la Fiscalía del operativo porque no hubo detenidos. Mientras la investigación continúa, la autopsia realizada por el Instituto Técnico Forense en Montevideo no encontró elementos para concluir que la muerte del hombre haya sido provocada por disparos de arma de fuego.

    En setiembre en Artigas un hombre de 19 años murió de un disparo en la cabeza efectuado por un policía, también durante una persecución por abigeato. “Dos personas huyeron en una moto a alta velocidad y sortearon al primer policía que pedía el alto. El segundo policía disparó como maniobra defensiva en la nocturnidad y también frente a la incertidumbre de que no sabía si quien venía en la moto podía tener alguna arma. Por eso se produjo ese desenlace”, argumentó entonces Larrañaga en rueda de prensa.

    Las muertes a manos de policías han aumentado desde 2012. Según información otorgada el año pasado a Búsqueda por el Ministerio del Interior, en 2019 la cifra superó las 30 y en 2018 fue de 13, mientras que de 2012 a 2017 nunca hubo más de 11 muertes al año. El total de muertes en manos de la Policía ocurridas durante 2020 no fue informado por el ministerio, tras una consulta de Búsqueda.

    Como ministro, Bonomi opinó que la tendencia de crecimiento de las muertes no respondía a una situación de “gatillo fácil” en la que la Policía reaccionara con más violencia que antes, sino a que habían aumentado los ataques con armas de fuego contra los propios policías, lo que los obligaba a defenderse más.

    Información Nacional
    2020-11-25T18:36:00