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Durante las administraciones del Frente Amplio, algunas de las principales críticas de quienes hoy están en el gobierno apuntaban a que en materia de políticas sociales se aplicaban medidas asistencialistas y se transfería dinero a organizaciones de la sociedad civil sin controles y por afinidad partidaria. Tras la instalación del nuevo gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), controlado por el Partido Nacional, anunció que aumentará los controles a las organizaciones y que algunas de las actividades que realizaban serán ejecutadas directamente por el Estado.
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La impronta de la nueva administración ha generado roces con la sociedad civil. Desde ese ámbito entienden que el gobierno tiene una visión “errada” y “prejuiciosa” sobre el trabajo de las organizaciones sociales, y defienden que no basan su financiamento en el dinero del Estado y que sí existen controles sobre lo que reciben, según dijeron en diálogo con Búsqueda Cristina Prego y Sergio Reyes, integrantes de la directiva de la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (Anong), que agrupa a 46 organizaciones no gubernamentales.
Prego, que es integrante de El Paso, una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos de la infancia, y Reyes, miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), coinciden en señalar que hay poco diálogo con las autoridades del Mides, uno de los principales operadores del Estado que articula con la sociedad civil. Señalaron, no obstante, que es distinta la situación con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el otro organismo que realiza varias tareas a través de contratos con la sociedad civil, y con el cual sí han mantenido un vínculo fluido.
Por otra parte, Prego dijo que advierten que se está dando un “cambio de enfoque en términos de política social”.
“Estamos viendo una mirada mucho más asistencial, en realidad la palabra adecuada es asistencialista, porque está esta cuestión de que no se reconoce la promoción de la persona, sino simplemente trasladarle algo y que se arregle”, afirmó.
La presidenta de Anong explicó que observan que el aspecto socioeducativo de los programas se está dejando de lado. “No habrá más un recurso orientado a promover acciones vinculadas al acceso de derechos, de desarrollo de conocimiento para actividades; le transfiero dinero y ya está”, precisó.
También expresó su preocupación por la visión planteada en el proyecto de Presupuesto nacional, que continúa midiendo la pobreza como “hace 40 años”, basada en términos de ingresos. “Eso es grave”, dijo y sostuvo que el abordaje del problema debe ser “multidimensional”.
Anong también tiene recelo respecto a la idea de “reestructurar” el concepto de familia por parte del Mides. En opinión de Prego, hay un “retroceso” en la mirada hacia los derechos humanos.
Además, cuestionó que a través del artículo 314 de la Ley de Urgente Consideración se le permita al Mides hacer asignaciones directas de contratos sin pasar por la licitación. “Esto es gravísimo y es falta de transparencia. Ahí hay un riesgo de una cuestión discrecional”, aseguró.
Cogobierno
La decisión del Mides de prescindir del trabajo de la sociedad civil en algunos de sus programas causó sorpresa en la asociación, dijo Reyes. Desde el comienzo se instaló un “vínculo distinto” con el ministerio, añadió Prego. “Se nos planteó que no habría cogobierno, y nosotros no pretendemos gobernar ni cogobernar. Hay una mirada que no es real”, afirmó.
“Hay una idea de que las organizaciones definían en el pasado y eso es errado, es más prejuicioso que otra cosa. Nosotros peleamos mucho por tener espacios de diálogo. Muchísimas leyes tienen representación de la sociedad civil. Por ejemplo, Anong está en entre 15 y 17 espacios de articulación establecidos por las normas”, señaló.
Las autoridades de Anong afirman que la sociedad civil no es un actor social que existió en función de los gobiernos del Frente Amplio. La propia asociación tiene casi 30 años de existencia y algunas de las organizaciones que la integran existen hace más de un siglo, como la ACJ.
Reyes dijo que además se ha establecido una “falsa idea de que el Estado no controla”. Aseguró que en el país hay una serie de mecanismos para que la sociedad civil rinda cuentas, y añadió que a nivel internacional Uruguay es reconocido por la gestión de las organizaciones sociales. Eso se debe a los objetivos de las políticas y a la “lógica de control para la asignación de los proyectos”, señaló.
Prego dijo que hubo críticas hacia toda la sociedad civil, lo que “lastimó mucho al sector”. La presidenta de Anong dijo que habría preferido que se hablara de casos específicos. “Si hay que hacer una denuncia penal, que se haga. Son dineros públicos, nos debemos hacer cargo de eso”, afirmó.
Agregó que desde la asociación esperan que las cosas decanten y se encuentre un mejor diálogo. Hoy se está en medio de una contienda electoral y eso influye, señaló.
Tanto Prego como Reyes plantearon las dificultades por las que atraviesan hoy las organizaciones sociales. Existen algunos recursos que provienen del exterior —en especial la Unión Europea— para fortalecer a las organizaciones. Pero el dinero que se reciben del Estado para implementar proyectos se gasta íntegramente en los programas que les fueron asignados.
“Está la idea de que el Estado banca a las organizaciones sociales y eso no es así”, dijo Prego.
Advirtió que la forma en que se cogestiona con el Estado ha llevado a “debilitar a la malla de organizaciones sociales”. Si el Estado se demora en el pago del dinero, eso genera problemas financieros a las asociaciones, dijo. “Nosotros hacemos un trabajo por el bien común. Nadie es parte de una organización para hacer plata”, agregó.
Reyes defendió que las organizaciones son importantes para la democracia. La sociedad civil, dijo, aporta al control, el debate y la mejora de la calidad de una sociedad democrática.
