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El Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, una comisión creada por la Ley de Urgente Consideración y que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, recomendó al Poder Ejecutivo estudiar y promover en el Parlamento un proyecto de reforma del Código Penal.
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Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que la decisión fue tomada la semana pasada por el organismo, cuyo objetivo es el diseño, la planificación, la coordinación, el monitoreo y la evaluación de la política criminal y penitenciaria. El consejo está integrado por Lourdes Salinas, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación; Horacio Ponce de León, asesor letrado del Ministerio del Interior; Fabián Rosano, director del Centro de Formación Penitenciaria; Juan Gómez, fiscal de Corte; Gastón Gianero, director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura; y Eduardo Lombardi, exintegrante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y representante del Poder Judicial.
La recomendación, que será elevada al Ministerio del Interior para su análisis, obedece a la necesidad de “unificar” en un solo documento distintos delitos que están “desperdigados” de manera independiente y a “modernizar” varios conceptos que quedaron desactualizados en el código vigente, que data de 1934. “Hoy debe aprovecharse mucha producción doctrinaria que hay que incluir, además de recopilar muchas leyes sueltas para recuperar el concepto de Código Penal como un cuerpo unificado de normas”, indicó una de las fuentes. El objetivo también es que se debatan las penas que se otorgan a ciertos delitos.
La reforma del Código Penal es una discusión que se ha prolongado por años y atravesó a varios gobiernos. El último impulso fue en el 2017 por parte del Frente Amplio. A fines de 2010 la administración de José Mujica remitió al Poder Legislativo un proyecto de modificación que había sido discutido durante los cinco años previos en la gestión de Tabaré Vázquez. Incluso dentro del Parlamento se creó una Comisión de Reforma del Código Penal que recibió a académicos y procuraba plantear cambios concretos, pero las conversaciones volvieron a estancarse en el Parlamento por diferencias entre los partidos políticos e incluso dentro de ellos.
En 2018 el entonces diputado nacionalista Pablo Abdala, hoy presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y el actual diputado colorado Ope Pasquet expusieron su posición en una jornada que planteó lineamientos para una reforma del Código Penal. Pasquet señaló que actualizar la legislación penal era “una tarea indispensable” ante la proliferación desordenada de normas penales, para lo cual era necesaria la elaboración de un nuevo código por especialistas sujeto a revisión parlamentaria. Abdala, por su parte, relacionó la reforma del documento al nuevo Código del Proceso Penal que se aprobó entonces.
Desde el ámbito de la Justicia la modificación del código fue alentada públicamente en diversas ocasiones. En 2017 el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que la sociedad uruguaya debía llevar adelante “un gran debate” en esa materia. “Seguimos teniendo vivito y coleando el código del 34. Entre las penas de los delitos sexuales y los delitos de la propiedad no hay ninguna proporción. Hay una grosera alteración en la dosimetría penal. Eso no se corrige con ningún Código del Proceso Penal, se corrige cambiando el Código Penal, que es una asignatura pendiente”, afirmó.
Una de las mayores trabas para que la reforma tenga éxito está relacionada con la discusión sobre la eliminación del artículo 162, que contiene el delito de abuso de funciones. La norma indica que el funcionario público que con abuso de su cargo cometa u ordene cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se halle especialmente previsto en las disposiciones del código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Mientras algunos sostienen que esta redacción es demasiado amplia y ambigua, otros creen que derogarla supone eliminar la posibilidad de perseguir determinadas conductas ilícitas en el ámbito de la administración pública. De hecho, casos de alto impacto como la investigación sobre el cierre de Pluna o la situación económica de Ancap derivaron en condenas de jerarcas por abuso de funciones.
En el Ministerio del Interior consideran que este punto debe ser resuelto previo a una discusión legislativa general que desemboque en un nuevo código.
