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Primero fue el Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario, conocido como el GACH en seguridad, que el año pasado reclamó al Ministerio del Interior invertir fuertemente en medidas alternativas a la prisión —como el arresto domiciliario y las tareas comunitarias— para superar el crecimiento de prisioneros y la falta de rehabilitación del sistema carcelario, con una tasa de más de 400 reclusos por cada 100.000 habitantes, que es de las más altas del mundo.
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Ahora es el otro órgano asesor del ministerio en la materia que sostiene lo mismo. El Consejo de Política Criminal y Penitenciaria asegura en su memoria anual del 2022 que “presentará una propuesta de reestructura de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA)” ante “el aumento progresivo de la población privada de libertad” y las “posibilidades de fortalecimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad”.
La OSLA realiza el seguimiento de las penas alternativas a la privación de libertad en Uruguay y sus autoridades mantuvieron el año pasado una reunión con el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. A partir de ese encuentro, el consejo concluyó que la OSLA tiene personal técnico, administrativo y policial “escaso” para llevar adelante sus tareas y que la mayor parte de sus problemas “responden a una falta de comunicación” con las sedes judiciales.
Debido a estos puntos hay medidas alternativas que no están siendo correctamente supervisadas y hay un número de personas que no cumplen con ellas; también existen dificultades para el funcionamiento de las tobilleras electrónicas, por ejemplo porque deben instalarse en lugares donde la electricidad no siempre es legal. “Respecto a las medidas alternativas, es imposible que las cumplan si no cuentan con recursos o redes que las contengan”, afirma el documento.
El Consejo de Política Criminal y Penitenciaria está presidido por Lourdes Salinas, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación; además lo integran Horacio Ponce de León, asesor letrado del Ministerio del Interior; Fabián Rosano, director del Centro de Formación Penitenciaria; Juan Gómez, fiscal de Corte; Eduardo Lombardi, representante del Poder Judicial; y Gastón Gianero, director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación. Fue convocado directamente por el ministro Luis Alberto Heber a instancias del artículo 88 de la Ley de Urgente Consideración.
Se estableció en julio de 2021, al mismo tiempo que el Grupo Multidisciplinario Técnico y Científico Honorario. Hasta el momento todos sus integrantes se mantienen en funciones, a diferencia del GACH, del cual se fueron cinco miembros, dos tras renunciar por diferencias con Heber al entender que la mirada del ministerio no coincide con sus enfoques y que no han recibido la información necesaria para brindar un asesoramiento completo que pueda discrepar con los intereses del gobierno.
En la memoria anual, presentada el 7 de diciembre y a la cual accedió Búsqueda, el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria plantea la reestructura de la OLSA por intermedio de EL PacCTO, un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca especializar la lucha contra el crimen organizado en Latinoamérica. Cira Stefanelli, técnica de EL PacCTO y experta en implementación de medidas alternativas, visitó el año pasado Uruguay para explicar al consejo el proceso de construcción de un sistema de medidas alternativas en Italia y cómo puede replicarse en Uruguay. “La clave de un control eficaz y eficiente de las medidas se da en el cambio cultural que se debe generar en la sociedad. En Italia hubo una evaluación que determinó que el sistema tradicional no estaba generando impacto o solución a la problemática social de ese momento, y se cambió la visión del delito no como un hecho individual sino como una señal en lo colectivo”, indica la memoria.
Entre los objetivos para mejorar las medidas alternativas está la elaboración de estudios que estimen los costos del sistema carcelario para compararlos. También la posibilidad de construir en conjunto con el Poder Judicial un perfil para medidas alternativas o solicitar un informe técnico para determinar si es conveniente o no que la persona acceda a una pena alternativa a la prisión, “a la luz de que se entiende que no todas las personas son pasibles de aplicar” medidas de ese tipo.
