Las auditorías correspondientes a 2011, sintetizadas a continuación por Búsqueda, involucran a dependencias de seis ministerios y a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Defensa.
En el Ministerio de Defensa, la actuación se realizó en el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada, y buscó verificar el monto de la rentabilidad en el ensamblado de dos barcazas de empuje contratado por una empresa.
Los auditores informaron que “no se tiene una contabilidad del proyecto” y que no se les proporcionó el “análisis que acredite la veracidad del monto de la rentabilidad (...)”. También advierten diferentes fallas en el manejo de dinero ingresado y de gastos. En base a todo eso, la AIN se vio impedida de “verificar la exactitud y veracidad del monto de la rentabilidad informada” por la construcción de las barcazas, ni si los ingresos percibidos alcanzaron a cubrir el costo.
Recomendó, entre otras cosas, iniciar una investigación administrativa para determinar las responsabilidades en el manejo de los fondos del proyecto, y en particular por la falta de documentación que respalde egresos por U$S 381.400 y el pago de U$S 233.743 por concepto de utilidades, “careciendo de registros que permitan validar dicho monto”.
Un segundo informe en ese Servicio de Defensa evaluó el proceso de contratación y ejecución para obras de infraestructura (galpón metálico, instalación eléctrica, ampliación del cobertizo existente, cerramiento lateral del local, explanada exterior de hormigón, red de distribución de gases, camino de acceso vehicular, etc.) efectuadas con fondos de Ancap. Según la AIN, se incumplió la normativa al no haberse comunicado a la Dirección Nacional de Arquitectura la realización de dichos trabajos, no se realizó una licitación pública para el proyecto y el gasto careció de la intervención previa del Tribunal de Cuentas, entre otros apartamientos.
Los auditores recomendaron, entre otros puntos, disponer una investigación administrativa para determinar responsabilidades por el destino dado a 444.000 kilogramos de portland (en las obras “solo se consumieron 35.000 kilogramos” de cemento, de un total de 479.000 suministradas por Ancap, si bien posteriormente se les informó que el material se utilizó como forma de pago a las empresas a cambio de trabajos realizados, aunque no lo pudieron comprobar) y por la cantidad de jornales declarados al Banco de Previsión Social, sobre los que no hubo ningún control durante la realización de las obras.
En la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, la AIN evaluó la venta de servicios a terceros y la gestión de cobranza de los mismos. También la facturación y gestión de cobro al Fondo Nacional de Recursos en el marco del programa de trasplante hepático.
Entre los “principales hallazgos” se encuentra la ausencia de estudios de costos para la determinación de los aranceles, la facturación de servicios por importes distintos a los fijados como referencia, saldos pendientes de cobro y “debilidades” en los registros manuales e informáticos de los movimientos.
Otra área de Defensa auditada fue el Comando General de la Fuerza Aérea, por el ingreso del dinero percibido en las misiones de paz de Naciones Unidas entre 2006 y 2010. “No es posible asegurar la integridad de los fondos” a raíz de “debilidades en el control interno del proceso” por la “falta de asignación de responsabilidades, de integridad en la documentación respaldante” y en los movimientos en las cuentas bancarias en el exterior”, concluyen los auditores.
La AIN sugirió efectuar una investigación administrativa para determinar si hubo “manejo irregular” de los fondos depositados en las cuentas bancarias.
Interior.
En el Ministerio del Interior, las actuaciones referidas al recambio de la flota automotriz en los ejercicios 2009 y 2010 efectuadas en la Dirección General de Secretaría dieron mérito a una investigación administrativa y la AIN mantuvo en reserva el informe de auditoría.
En la Dirección Nacional de Cárceles investigó la gestión de aprovisionamiento de alimentos (carne, arroz, aceite y fideos) para reclusos y funcionarios penitenciarios. La conclusión principal con relación a ese proceso fue que “no se puede asegurar que se cumpla en forma eficiente y eficaz con el cometido de brindar alimentación adecuada y oportuna a todas las personas privadas de libertad”. Eso, entre otras razones, debido a que “no existen criterios técnicos” ni “análisis que sustenten la elección de cantidad, calidad y variedad de los productos adquiridos”, y a que no se aplican sistemas de verificación cuando son recibidas las mercaderías, y se carece además de controles de stock.
En la Dirección Nacional de Sanidad Policial fue evaluada la venta de servicios con internación y el arrendamiento del lugar físico para la instalación del CTI pediátrico. Los procedimientos allí “no son eficaces ni eficientes, produciendo un perjuicio económico, financiero y de gestión” para esa repartición de Interior, sentencian los auditores.
Transporte.
La AIN analizó el proceso de expropiación que efectúa la Dirección de Topografía del Ministerio de Transporte para la realización de obras de infraestructura vial. Esa gestión se cumple “en forma razonable”, si bien existen “algunas debilidades en los aspectos técnicos y administrativos del mismo, y ciertos riesgos que no aparecen suficientemente controlados que afectarían la imagen del organismo y lo expondrían a posibles reclamos”.
En el área de asesoramiento jurídico de la Dirección de Transporte se detectó que los distintos servicios no actúan en forma coordinada y autónoma, que algunos tienen atrasos de un año en la emisión de informes en materia de multas por contravención que provocaron la prescripción de las infracciones, y que determinados expedientes requirieron una tramitación excesiva (entre 138 y 197 días), dado que cada asesor debió atender anualmente un promedio de 1.671 asuntos.
Mientras, la “falta de controles y de información” sobre la asesoría de la Dirección General de Transporte Aéreo “impide evaluar con certeza su gestión”.
La demora en el trámite sancionatorio fue también un problema detectado en la División de Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), aunque no el único. En promedio, el castigo de las infracciones en materia sanitaria y de movimiento de semovientes y frutos del país llevan aproximadamente tres años, aunque determinados casos insumieron casi nueve. La AIN dictaminó que el servicio “no es eficiente para tramitar las infracciones detectadas” y que la “seguridad jurídica del administrado se ve afectada debido a la dilación constatada a lo largo de todo el proceso”.
Desarrollo Social.
El proyecto para mejorar las condiciones de vida de los hogares de los clasificadores de residuos del interior del país, que se financia básicamente con dinero del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (U$S 1,6 millones), presentó niveles de cumplimiento de metas por debajo de los fijados. Asimismo, la ejecución financiera del dinero llegó a 69% y, desde el punto de vista formal, se constató un “apartamiento con las normas en materia de contratación” de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a esta iniciativa.
Una organización detectó un faltante de $ 281.947 y realizó la denuncia penal, pero “no se dispusieron los procedimientos administrativos tendientes al esclarecimiento de los hechos”, remarca la AIN.
Según los auditores, este proyecto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social “presenta errores de diseño y retrasos importantes en su ejecución, que impactarán en el cumplimiento oportuno de los objetivos propuestos. La imposibilidad de vincular el grado de avance físico y el financiero, no permiten asegurar el uso adecuado de los recursos”.
Exteriores.
La auditoría en esta cartera de Estado consistió en un seguimiento de recomendaciones formuladas anteriormente con relación al atraso de la Dirección Financiero-Contable en el control de las rendiciones de cuentas de ingresos y egresos, remitidas trimestralmente por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. Esas demoras, de varios años, eran por montos de U$S 83 millones y U$S 20 millones en uno y otro caso a fin de julio de 2007.
La AIN evaluó que no se adoptaron medidas efectivas y que incluso se agravaron los atrasos, que llegaron a ser de tres años y un trimestre para la rendición de gastos, y de cuatro años y tres trimestres para la de los ingresos.
El director general de Secretaría informó que se contratará a una empresa externa que colabore en la puesta al día del contralor de las rendiciones y que luego se reforzará el plantel de funcionarios de la Dirección Financiero-Contable.
Trabajo.
Los procedimientos con respecto a los ingresos y egresos de fondos de terceros, y de ingresos y depósitos de fondos de recaudación en la División Financiero-Contable del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “presentan debilidades significativas en su diseño y operativa, que no permiten brindar una seguridad razonable sobre la adecuada gestión e integridad”, afirma el informe de auditoría referido a esa área.
El Instituto Nacional de Administración transfiere fondos a los gobiernos departamentales para que den alimento diario en el sistema de comedores. La AIN detectó que las intendencias de San José y Lavalleja recibieron dinero sin contar con convenios suscritos; que se dieron aumentos muy superiores a la inflación a varias comunas generando diferencias entre las mismas; que se transfirieron fondos mayores a los que hubiera correspondido con la población beneficiaria estimada y que el monto per cápita girado, en general excede el costo determinado por la guía de consumo de víveres frescos, lo que incrementa el “riesgo de desvíos o uso ineficiente” del dinero. De hecho, de las rendiciones presentadas a los auditores surgen gastos respaldados con fotocopias, precios pagados superiores a la media del mercado e intendencias que tienen concurrencia de usuarios menor a la estimada y rinden por montos mayores a los transferidos.
Además, de las visitas a tres comedores se constató que menos de la mitad de las personas presentaron la documentación exigida para recibir el servicio.
En resumen, si bien la prestación alimentaria se brinda con regularidad, “la falta de actividades de control y supervisión no asegura que los fondos se apliquen a la población objeto y se utilicen eficientemente”.
En el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), la AIN se expidió acerca de la razonabilidad del valor de los indicadores de ejecución del compromiso de gestión de 2010. Evaluó que 17 de 22 de dichos indicadores analizados recogen razonablemente los resultados del funcionamiento del organismo, dos presentan diferencias respecto a los valores informados (cantidad de trabajadores en seguro de paro y en actividad capacitados) y otros tres carecen de evidencia suficiente que respalde sus resultados (capacitación a empresarios, becas de Uruguay Estudia y asistencia crediticia a Pymes).
ASSE.
En el Instituto Nacional del Cáncer de la ASSE, la gestión de drogas antitumoral presenta “debilidades significativas que no permiten asegurar razonablemente” la salvaguarda de los medicamentos, por no poder delimitar responsabilidades en su manejo ni la “integridad y confiabilidad de la información”, entre otras deficiencias.
Economía
2012-10-04T00:00:00
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