Países latinoamericanos “no están siendo estratégicos” al acudir por dineros internacionales para enfrentar el cambio climático

“En los países latinos cuando hablamos de fondos internacionales muchas veces pensamos como el niño que le escribe la lista a Santa Claus. Sin embargo, el presupuesto es bastante corto”, dijo Andrea Rodríguez Osuna, abogada senior del Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en México, durante la sesión el 24 de agosto sobre financiación del Programa Entrevistas Climáticas organizado por Conex­iónCOP y El Árbol. Con formación de posgrado en las universidades de Estocolmo y de Uppsala, la abogada boliviana es observadora de la sociedad civil frente al Fondo Verde para el Clima (FVC) y ha contribuido al diseño de sus reglas de operación.

Durante la Conferencia de las Partes (COP) de París en diciembre de 2015 los países acordaron que los recursos no eran suficientes y han llamado a recaudar más. De todos modos, no está clara aún la ruta para alcanzar los abultados millones previstos.

Los países han establecido sus compromisos de mitigación en documentos presentados ante la última COP conocidos como Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas (INDC, por sus siglas en inglés). En estos, la mayoría de los países latinoamericanos condicionan acciones a la obtención de fondos externos al país. Uruguay no es la excepción, en su INDC explicita metas a financiarse con dineros estatales y otras sujetas a conseguir fondos internacionales. De hecho, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, reclamó más apoyo y compromiso del Ministerio de Economía para los temas de cambio climático (ver Búsqueda Nº1.875).

“Muchos países están condicionando sus medidas particularmente de mitigación (políticas destinadas a la reducción de GEI)” a conseguir dineros externos y al condicionar estas acciones solo al financiamiento internacional “podemos entrar en un riesgo bastante amplio”, dijo Rodríguez a Búsqueda.

Prioridad.

El FVC promueve que sean los países los que acudan con las propuestas. En el pasado, instituciones financieras llegaban a los países a ofrecer ayudas con formatos y paquetes cerrados con escaso margen de modificación. La tendencia actual en Latinoamérica muestra que las propuestas aprobadas por el Fondo han sido para financiar proyectos de mitigación (para reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero), mientras que los países han establecido como prioridad la adaptación a las consecuencias del cambio climático.

“Empezamos a ver inconsistencias que tienen que ver con la falta de priorización sobre qué acciones tomar y cuáles son las más importantes al momento de buscar financiamiento. Falta aprovechamiento oportuno del recurso. El FVC tampoco es la solución a todos los problemas, es un recurso limitado que nos va a ayudar en distintas circunstancias a financiar las actividades dentro de las INDC y otras actividades climáticas pero no podemos pensar que es la única instancia. Los recursos del FVC no van a ser suficientes para solucionar el problema del cambio climático”, indicó Rodríguez. “Los países no están siendo estratégicos al momento de priorizar las propuestas. Tiene que ver con esta falta de coordinación a nivel nacional”, opinó.

Para Rodríguez, el reclamo de ayuda externa de los latinoamericanos es una “demanda justa” pero paralelamente deben los Estados comprometerse con su dinero. Dentro de América Latina se está empezando a dar la cooperación “sur-sur” a través de instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica (CAF), mientras otros, como el Banco de Desarrollo de Brasil, comienzan a transitar este camino.

“En América Latina una debilidad que tenemos es que las diferentes dependencias de los gobiernos trabajan de forma muy segregada. No están en coordinación. El sector energía, transporte y agua no se reúnen, no hablan ni determinan sus prioridades sino que cada sector vela por sus propias actividades”, algo que se refleja a la hora de presentar propuestas a financiamiento externo porque genera “competencia interna”, comentó la abogada. Honduras tiene ahora un nuevo sistema nacional climático para coordinar sectores y México también. Uruguay creó la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, que este año está empezando a dar sus primeros pasos.

En Latinoamérica está ocurriendo “un proceso bastante rápido en la creación de política pública climática y se están formando instituciones nuevas tanto de fondos nacionales para cambio climático como con característica transversal que en papel están muy bien. Hay que darle tiempo y medir su efectividad”, opinó Rodríguez.

Transparencia.

Cada país tiene una autoridad designada ante el FVC, para que al presentar proyectos sea una entidad la que evalúe todas las propuestas a impulsar en un país y haya coordinación previa. Fue un aprendizaje luego de otras experiencias que observaron carencias en la coordinación gubernamental de los proyectos que apoyaban. Por otra parte, la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático está trabajando en los últimos meses en crear una metodología para hacer el monitoreo, reporte y verificación del financiamiento climático para que haya claridad sobre cómo los países usan los recursos, para qué acciones y con qué resultados.

“Esperamos como sociedad civil que en los siguientes dos años la Convención pueda crear una metodología aplicable a todos los países y hasta pueda ayudar a mejorar el rastreo de los recursos. Podríamos determinar si realmente están siendo utilizados o malgastados y establecer penalidades”, auguró Rodríguez. El FVC cuenta con un “mecanismo de integridad” para asegurar la transparencia de los recursos. Las entidades nacionales deben acreditarse para administrar dineros. Ahora pueden hacerlo instituciones como BID, CAF y el Banco Mundial, pero se espera que los países acrediten las suyas.