Países nórdicos y “liberales” inspiraron regulación de medios que para las empresas no es necesaria y perjudicará a la industria

El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, destacó que con el proyecto se avanza en la “transparencia para otorgar licencias y plazos”, se crea “una nueva institucionalidad” que “se dirige a la protección de los derechos de los prestadores, de la sociedad y de las personas” y se promueven los contenidos audiovisuales.

Hay que tener “cuidado”, observó, de que eso “no perjudique el acceso del público a los medios de comunicación”.

Además, agregó, “la tarea que realizaron durante más de 90 años los medios de radiodifusión debería ser valorada en su justa medida”.

Inchausti opinó que “algunas propuestas del proyecto pueden lesionar los derechos de los titulares de medios de comunicación y las garantías que establece la Constitución”.

Puntualizó que los derechos a la libertad, la seguridad jurídica, el trabajo y la propiedad “sufren algunas limitaciones”.

El empresario se preguntó “si existen verdaderas razones de interés general” para regular los medios y dijo que, si existen, “deben ser explicitadas”.

Inchausti cuestionó a los “numerosos organismos de control que se solapan unos sobre otros”, “la vigilancia en todos los aspectos sobre los medios de comunicación” y el “desproporcionado” margen de sanciones.

Dijo que habrá “una enorme cantidad de organismos administrativos que estarían evaluando permanentemente cuál es la conducta de los medios de comunicación” con regulaciones de una “peligrosa vaguedad” que podrían “generar un marco intimidatorio y dar lugar a la autocensura”.

Además le “preocupa que varias de estas disposiciones no cumplen con las disposiciones internacionales”.

Inchausti sostuvo que “en general el proyecto de ley debilita a los medios de comunicación uruguayos frente a las propuestas que llegan de otros lados del mundo” y genera “inequidades” porque “la regulación se establece sobre los medios de radiodifusión” y “quienes tienen dinero para contratar televisión para abonados e Internet son quienes se verán menos afectados por estos cambios”, mientras que “quienes deberán soportarlos son quienes solo pueden acceder a la televisión y radio gratuitas”.

Inspiración nórdica.

Gustavo Gómez, asesor de la Presidencia y uno de los principales autores del proyecto, dijo que está “preocupado” porque “surgen sin fundamentos y con desconocimiento críticas a lo que tiene que ver con la libertad de expresión”, ya que “se ha dicho que es una ley mordaza”.

“Todo esto que se dice no es cierto”, respondió. “O no leyeron, o hay mala intención, o están confundidos”, insistió, porque “en 183 artículos hay cinco” que refieren a contenidos. Cuatro de ellos están vinculados a la niñez y uno a expresiones racistas o discriminatorias.

Explicó que esos artículos “tienen que ver no con censurar” sino con “proteger a los niños (...) y proteger a todas las personas de discursos racistas o discriminatorios”.

Esas regulaciones “refieren solo a imágenes violentas de todo tipo y solo en ese horario y además expresamente dice que no pueden interpretarse como una limitación a informar”.

“Lo que no queremos es que los niños vean más imágenes de cuerpos mutilados”, indicó.

Gómez opinó que “es aceptable que haya ciertas restricciones a la libertad de expresión” pero “tienen que ser la excepción, tienen que estar establecidas por ley y ser lo más precisas posible”.

Según el jerarca, “al contrario de lo que dice Andebu, esto cumple con los estándares internacionales”. Propuso invitar a representantes de los principales organismos del mundo a analizar el proyecto.

Además recordó que “en el año 2004 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia”, que “regula los contenidos de los medios” y “fue votado por unanimidad de los legisladores, incluyendo el Partido Nacional y el Partido Colorado”.

“Nosotros no estamos haciendo nada distinto a eso, lo estamos mejorando”, afirmó.

Gómez dijo que en Estados “liberales” del mundo, como Estados Unidos, Chile y España, existen “los mismos horarios de protección al menor” y el texto del proyecto uruguayo fue copiado de Chile.

“No es una locura de cuatro gatos locos ni de un gobierno izquierdista que tiene criterios de censura”, aseguró.

En tanto, la regulación sobre publicidad está inspirada en la normativa de Dinamarca. “Trajimos ejemplos de fuertes democracias”, afirmó.

Recordó que en julio de 2010 comenzó el proceso de elaboración del proyecto “convocando a 16 personas de todos los sectores” en un Comité Técnico Consultivo. Ese “proceso de discusión terminó con algunos desacuerdos pero muchos acuerdos” y “el proyecto de ley tomó casi textualmente todo lo que recomendó” ese comité sobre la niñez y la adolescencia, que “fue votado por unanimidad”.

“Por supuesto que en algunas cosas tuvimos que tomar definiciones”, explicó.

“En el CTC las organizaciones sociales querían prohibir toda publicidad para niños. Del otro lado pedían que todos se autorregulen. Optamos desde el gobierno por una posición intermedia de corregulación: autorregulación complementada por una regulación mínima. (...) Establecimos tomando el ejemplo de Dinamarca nuestra propuesta de regulación”, dijo Gómez.

Respecto a “quién regula y quién aplica” la ley, “hay que dar las máximas garantías para que cualquier otro gobierno que quisiera manejarlo de forma espuria no tenga la menor posibilidad”.

“Mejoremos el organismo regulador para dar la mayor independencia respecto al poder político que sea posible. Ahí hay margen para mejorar”, opinó.

“Está cubierto”.

Patricia Lussich, ex presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap), dijo que aunque es la primera egresada universitaria del país en ese rubro “jamás” escuchó “decir por parte de un profesor o de un libro que la publicidad engaña a los consumidores”.

También cuestionó que se haya importado normativa de los países nórdicos: “Ojalá tuviéramos en Uruguay otra cantidad de guarismos parecidos a Dinamarca y Suecia. (...) Estamos muy alejados de Dinamarca y Suecia en muchos sentidos. (...) Estamos importando el problema e importando la solución”.

Destacó que Audap tiene un código de autorregulación y que existe la oficina de Defensa del Consumidor.

“No hemos tenido ni casos ni denuncias ni ningún tipo de problema en la publicidad para niños y adolescentes. (...) Está cubierto, los niños y adolescentes están protegidos, no tenemos ese problema en este país, por suerte”, opinó.

Lussich auguró que con la ley “van a perjudicar a las empresas que quieren hacer publicidad en Uruguay, no a las internacionales” y sostuvo que los “niños y adolescentes pasan más del 60% de su tiempo viendo publicidad en el cable o en Internet”, medios que el proyecto no propone regular.

La publicista sostuvo que “en el caso de la publicidad, a diferencia de otros medios, el mejor censor o el mejor juez es el televidente con el control remoto”, ya que “la mayoría de la gente evita la publicidad”.

El proyecto de ley es de “una altísima discrecionalidad” y vulnera “la libertad de expresión comercial”, cuyo principio es que “cualquier producto que puede ser comercializado tiene que poder ser publicitado”.

“Por momentos nos preguntamos por qué la publicidad tiene que estar dentro de esta ley —afirmó—. Somos serios, somos profesionales. (...) Nada de toda esta problemática la tenemos hoy en nuestro país”.