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    Para Kreimerman “es esperable” que se concrete Aratirí y pide “retener” a técnicos, porque “se juega el desarrollo del país”

    El lunes 2 el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, volvió a su despacho cortando con 14 días “de licencia” tras haber presentado su renuncia al presidente José Mujica. Atrás quedaron las compensaciones sin pagar a su equipo técnico y a los funcionarios de carrera del Ministerio.

    Sin embargo, la preocupación por cómo retener a sus trabajadores más calificados aún ronda en la cabeza de Kreimerman, porque “están siendo demandados con sueldos bastantes más altos” que los que paga su cartera y en eso “se juega el desarrollo de un país”.

    Su agenda ya le marca reuniones con Aratirí por el contrato de inversión, del que “faltan temas referidos a las garantías”, pero “es esperable que se concrete”, y la visita al Parlamento para explicar los resultados del balance de Ancap, que tiene “cuestiones para modificar” pero que no le preocupan.

    A menos de un año de cerrar su gestión, Kreimerman quiere irse habiendo aprobado una “ley de medios” en la que el organismo que imponga las sanciones tenga “autonomía”.

    —¿Qué sucedió para que llegara a presentar la renuncia?

    —Se acordaron dos esquemas de un mismo acto de aumento: buscar retener las competencias del Ministerio y mantener un ministerio que, con muchos temas, tiene que tener una motivación importante. Desde el año pasado habíamos trabajado en una escala compensatoria a profesionales y a otros cargos y habíamos acordado a nivel sindical una compensación menor en función de la antigüedad.

    El presidente apoyó desde el principio reforzar el Ministerio, que no solo ha crecido en la cantidad de temas sino que ha tenido mayor presupuesto, siendo un presupuesto bajo.

    Para eso se necesita la normativa adecuada, que ha salido adelante en su mayoría, y luego los recursos humanos, tanto capacitados como operativos. Por lo tanto, marcamos adelante en ese tema pero el cumplimiento se dilató y de allí vino el sentimiento de que si no podía cumplir con lo previsto presentaba la renuncia. El presidente nos pidió que esperáramos, que iba a buscar una solución, lo que finalmente sucedió.

    —¿Qué organismo puso reparos para dar los fondos? En el Ministerio de Economía se dijo que Presidencia nunca ordenó liberar el dinero

    —No hay una oposición por ministerio sino porque no se dio cumplimiento entendiendo que no había normativa que habilitaba. Nosotros entendimos que siendo presupuestos propios del Ministerio estábamos en condiciones legales de hacerlo. No hay una negativa, hay un transcurrir del tiempo en el que no concretamos un acuerdo al que se había llegado y eso, perdiendo profesionales y no cumpliendo con lo acordado con el gremio, llegó un momento que había que tratar de definirlo.

    —¿El problema que hay con la disponibilidad de técnicos es crítico?

    —Sí, está claro que el Estado necesita diversas tareas: técnicos, administrativos. Si nos referimos a los técnicos, tenemos estrategias de largo plazo que venimos cumpliendo y algunas son acuerdos políticos. En segundo lugar necesitamos estudiar la normativa, leyes, decretos. Y en tercer lugar tenemos negociaciones bastante importantes. La capacidad técnica del Estado es clave en un país donde queremos incrementar la independencia en el tema energético y la calidad de vida.

    Ya quedó comprobado que no es la marcha por sí sola de los temas lo que resuelve las cosas sino que hay una compenetración con el mercado, con el sector privado, con la universidad, con la investigación, con el desarrollo. Esos temas necesitan de personal calificado cuando se juega un desarrollo de un país.

    Nosotros nos hemos reforzado bastante, pero en la medida en que generamos nuevas industrias, tenemos que retener a los técnicos que han adquirido experiencia pero que están siendo demandados con sueldos bastante más altos.

    —En el caso de Aratirí hubo al menos dos postergaciones en la firma del contrato de inversión. ¿En qué situación está y qué resta?

    —Estamos con temas acordados de acuerdo a la ley de minería de gran porte sobre la presentación del proyecto, los datos del proyecto, de las etapas del proyecto, del desarrollo de proveedores nacionales y algún otro. Faltan temas referidos a garantías en los que hay que avanzar.

    Por otra parte, falta la autorización ambiental, que no van juntas como ya se ha aclarado, pero que al momento de comenzar la inversión, si se concreta, son necesarias las dos. No tienen por qué adjudicarse simultáneamente.

    —Dinama ha pedido más estudios ambientales a la empresa, pero aún no los presentó. ¿Usted ve que el proyecto avance?

    —Sí, está claro que el proyecto avanza y que es un proyecto serio. Lógicamente faltan temas a culminar y tenemos un plazo para hacerlo, pero la empresa a raíz de la ley de minería de gran porte, que trazó un marco para las grandes inversiones en minería, tuvo que reactivar una serie de estudios, mejorar otros, básicamente por las exigencias que esta ley contiene, como las de garantías o el plan de cierre.

    Que la empresa luego de que la ley se promulgó empezara a complementar lo informado y negociar el contrato son señales de que se mueve y quiere finalizar el tema.

    —Al día de hoy, ¿ve que el proyecto se va a concretar?

    —Yo estimo que sí, el proyecto viene avanzando de acuerdo a lo que uno puede esperar. Es esperable que se concrete.

    —¿Qué expectativas tiene sobre la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?

    —Buenas expectativas. Es una ley que ha sido mejorada en algunos aspectos, que hay cambios que hacerle. El Poder Legislativo está buscando soluciones. Está claro que para seguir la normativa internacional los organismos que impongan sanciones o que controlen tienen que ser organismos con autonomía. La solución final va a estar dada por el Poder Legislativo.

    —El gobierno preveía aprobar, además de esta ley, otra de telecomunicaciones. ¿Se llegará a tratar este tema durante este gobierno?

    —No, nosotros nos volcamos en el ámbito de una subasta de frecuencias, el sistema de telecomunicaciones, habilitar la telefonía 4G, así que ya hace mucho tiempo nos concentramos en esta otra ley, sin descartar que en el futuro pueda haber otra ley nueva.

    —Durante los gobiernos frenteamplistas hubo tensiones con las empresas privadas de telecomunicaciones, que pretenden dar otros servicios aprovechando la creciente convergencia tecnológica. ¿Cree que la próxima administración deberá abrirse más a los intereses de los operadores privados?

    —No, los operadores privados ya están trabajando ampliamente en todo el sistema de comunicaciones. Hemos abierto, por ejemplo, bandas de frecuencia en telefonía 3G y 4G. En la última subasta se adoptó un criterio muy claro: se subastó para los privados y Antel pagaba el promedio de los privados por las frecuencias.

    Estamos haciendo un esquema de estricta justicia que es el que vamos a continuar hacia adelante, impulsando el desarrollo nacional con una visión de país donde se disminuye la pobreza, donde la gente tiene acceso a calidad, con industrias diversificadas, donde el medioambiente se cuida a través de las energías limpias y donde hay trabajo de calidad.

    —¿Cómo evalúa el resultado que arrojó el último balance de Ancap?

    —El resultado ha estado fuertemente influido por el tipo de cambio y no trajo sorpresa. Está claro que hay cuestiones para modificar, pero no es un motivo de preocupación de fondo, porque Ancap es una empresa fuerte, con un patrimonio importante, que ha crecido mucho en los últimos años y está haciendo una contribución importantísima a la transformación del país, como no había ocurrido antes.

    Información Nacional
    2014-06-05T00:00:00

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