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A fines de 2020, mientras el gobierno transitaba los primeros meses de su gestión, existía dentro del Ministerio del Interior preocupación con la conducta que podrían adoptar grupos radicales para incitar una reacción violenta de la Policía ante procedimientos de rutina.
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El contexto era de críticas al ministerio por los supuestos abusos que permitía la Ley de Urgente Consideración (LUC) y por la agresividad para desarticular aglomeraciones prohibidas en la cuarentena. En el Poder Ejecutivo algunos jerarcas pensaban que estos grupos buscaban generar una “chilenización” de la protesta, tomando como referencia el estallido social ocurrido en 2019 en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera. También se había observado con inquietud las protestas sucedidas en Ecuador ese mismo año.
La coyuntura produjo una mayor atención de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial sobre estas organizaciones y convenció al entonces director de la Policía Nacional, Diego Fernández, de la importancia de adquirir equipamiento específico para desarticular posibles manifestaciones. Propuso la idea al ministro Jorge Larrañaga, que prefirió descartarla al considerar que el nuevo equipamiento no era necesario ante la situación de seguridad pública del país e iba a aumentar la imagen negativa de la Policía en sectores concretos de la población, dijeron fuentes del oficialismo a Búsqueda.
Tras la muerte de Larrañaga, la llegada en mayo de 2021 de Luis Alberto Heber cambió la ecuación y el año pasado el ministerio realizó la compra directa por excepción de dos camiones blindados y de dos camiones hidrantes. De acuerdo a las fuentes, se trata de vehículos fabricados en Brasil por parte de MAN Latin America, propietaria en ese país de la división Volkswagen Caminhões e Ônibus. Los camiones son similares a los que utiliza la Policía Militar de algunos estados brasileños, por ejemplo, el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) de la Policía Militar de Río de Janeiro. En Uruguay su destino será una unidad antidisturbios que funciona en la Dirección Nacional Guardia Republicana, que con la llegada del nuevo gobierno aumentó sus integrantes y recibió mayor capacitación y entrenamiento.
La Policía posee camiones hidrantes que han quedado fuera de servicio por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Los carros, que lanzan potentes chorros de agua para disuadir y dispersar manifestantes, dejaron de usarse por la “falta de eventos de seguridad de magnitud” que los hiciera necesarios. En el fútbol, por ejemplo, la aplicación de tecnología como las cámaras de reconocimiento facial redujo la posibilidad de ataques multitudinarios contra la Policía.
Este tipo de vehículos sí se usan en países de la región como Brasil y Chile y causaron interés en Fernández por su experiencia en la materia: dirigió la Compañía Antidisturbios de la Guardia de Granaderos, que en 2011 desapareció luego de que las guardias de Granaderos y Coraceros se fusionaran para crear la Guardia Republicana, la división de elite de la Policía. “Las labores que más me gustan son las antidisturbios. Recuerdo muchas, pero más vale no nombrarlas porque son bastante ríspidas con la sociedad”, recordó Fernández en 2012 en una entrevista con El Observador. Entre otras cosas, valoró que durante esos procedimientos se hace imprescindible “la ascendencia sobre la tropa en las maniobras”, ya que la Policía suele actuar en inferioridad numérica contra los agresores.
De acuerdo con las fuentes, el Ministerio del Interior decidió la compra de los camiones por considerar que la Policía debe estar preparada ante desbordes ciudadanos como los ocurridos en Latinoamérica y estos vehículos son los elementos que permiten a la represión policial ser mucho menos violenta y mucho más profesional. “Cuanto mejor equipada está la fuerza antidisturbios menos violencia ejerce. Restablece el orden público con el menor daño posible sobre las personas y los policías”, afirmó uno de los consultados.
Mientras los camiones lanza agua son más específicos de represión sobre manifestantes, los blindados tienen un rol de protección. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Guardia Republicana utiliza vehículos similares para traslado y patrullaje en sus operaciones de alto riesgo, que incluyen procedimientos con francotiradores, neutralización de motines carcelarios, apoyo en la lucha contra el narcotráfico, allanamientos de alta peligrosidad, detección de sustancias estupefacientes, armas y explosivos y el trabajo junto con negociadores en toma de rehenes y delincuentes atrincherados.
