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Con el objetivo de agilizar las investigaciones para encontrar a personas desaparecidas, el Ministerio del Interior elaboró un protocolo de actuación que busca aumentar la coordinación entre las unidades policiales y pone el foco en investigar la mayor cantidad de información sobre la víctima, incluidos factores de riesgo que estén relacionados a casos de trata de personas. El protocolo, al que accedió Búsqueda, fue presentado en julio al Parlamento, que desde el año pasado discute iniciativas sobre el tema.
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“Motiva su creación la reforma en la manera de investigación frente a los casos de ausencia, tanto en la capital del país como en los departamentos del interior”, indica el documento, que aspira a “orientar, ejecutar y dar respuesta a la misión con relación a las instituciones de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y Fiscal, con el Poder Judicial, integrantes de la sociedad civil y medios de comunicación”.
La premisa inicial del protocolo ordena a los policías del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes a no demorar el comienzo de una investigación, ya que “solía creerse erróneamente que deben transcurrir 24 horas” para que una denuncia por desaparición sea recibida. Luego de este punto, indica que antes de iniciar la búsqueda se estudien “con atención las novedades que puedan enmarcar al ausente en una situación de violencia doméstica”.
Gran parte del resto del documento se basa en la metodología para abordar una desaparición y otros criterios sobre la persona ausente que deben ser analizados por la Policía. Se pide entre otras cosas averiguar sobre tratamientos, adicciones y medicación; hobbies y religión; los últimos posteos, fotos y comentarios en redes sociales; asociar los “me gusta” en estos posteos para identificar personas; guardar información sobre los seguidores de Facebook e Instagram e identificar chats y charlas; solicitar a la Unidad de Información y Análisis Financiero si la persona ausente hizo cobros por instituciones financieras; observar sus movimientos con tarjetas de crédito o débito; rastrear tarjetas o boleteras de transporte de la persona buscada y si utilizaba algún tipo de aplicación para trasladarse, como Uber; y verificar los movimientos migratorios y hoteleros.
Uno de los detalles más llamativos refiere al sistema automatizado de interceptaciones legales (SAIL) de la Policía, que usa el software El Guardián. El protocolo señala que de ser necesario deben tramitarse interceptaciones telefónicas a través del sistema y “analizar la información recibida y ejecutar las acciones que se desprenden de la información obtenida”.
Otro punto novedoso es la averiguación de factores de riesgo o de vulnerabilidad que anteceden a una desaparición. “Para nosotros esto es muy importante para saber si estamos frente a una situación de trata o no. Es muy importante el combate de la trata, ya que detrás de las ausencias muchas veces hay delitos de trata, que es un flagelo de nuestro tiempo que tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas; hablamos de una organización criminal, generalmente, organizada, por lo que esto lo tenemos que tener muy aceitado”, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el 7 de julio ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
Los factores enumerados en el documento son la edad cronológica, enfermedades o alteraciones psicofísicas, consumo de sustancias psicoactivas, aislamiento, soledad, fallecimiento de un familiar o amigo cercano, estrés, deudas, situación socioeconómica, bullying, amenazas, la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo, ser víctima de castigos o malos tratos y ser víctima de phishing, un método de ciberdelincuencia que a través del engaño se apropia de información personal y económica. La lista también agrega pertenecer a sectas, religiones y maras, un tipo muy violento de pandilla criminal originaria de Estados Unidos y hoy asentada en Centroamérica, cuya presencia en Uruguay ha sido sugerida en el pasado por la Policía, aunque no confirmada.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Sinergia
Desde 2004 existe en la Policía el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, dependiente de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y encargado de centralizar las denuncias e investigaciones por la desaparición involuntaria de una persona del lugar en el que vive y se desenvuelve en forma habitual.
El ministerio decidió crear un nuevo protocolo de búsqueda ante la falta de comunicación entre este departamento y el resto de las divisiones policiales. También ante la falta de conocimiento sobre metodologías y procedimientos de actuación en policías de ciertos lugares del país donde las denuncias por desaparición no son frecuentes. “Podemos nombrar a Migración y podemos nombrar a las 19 jefaturas departamentales. Lo que se pretende es una sinergia entre todas las unidades”, explicó en el Parlamento Diego Fernández, director de la Policía Nacional.
La cantidad de denuncias por personas ausentes tuvo vaivenes de 2004 a la actualidad, aunque con una tendencia al alza. Fueron 51 en aquel año y van 2.081 en 2021, con un pico de 4.000 en 2019. Desde que se creó el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, hasta julio de 2021 hubo 24.797 denuncias ingresadas y alrededor de 24.500 resueltas, ya sea porque la Policía encontró a la persona, porque retornó sola o porque fue identificada como fallecida.
En Diputados hay un proyecto de ley presentado por la representante colorada Nibia Reisch que propone imprimir fotografías de personas desaparecidas en envases de cartón de un litro de industria nacional. La propuesta cuenta con apoyo del Ministerio del Interior. En el ámbito policial, el trabajo sobre personas ausentes se profundizó a partir de 2019, cuando la Policía Científica obtuvo autorización para desarrollar un banco genético de familiares de personas ausentes, que es confrontado con su base de datos de restos humanos sin identificar.
