Para evitar su “catástrofe”, estacioneros piden al Poder Ejecutivo que fije márgenes en la cadena de distribución de combustibles

La Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) reclamó que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) fije los márgenes a la distribución secundaria (de mayoristas y minoristas) porque advierte que, de dejarlos liberados, se irá “contra los equilibrios actuales del sistema”. “No fijar los márgenes no implicará bajarles el precio a los consumidores, solo implicará transferir fondos de las pequeñas y medianas estaciones a los distribuidores mayoristas”, declaró a Búsqueda su gerente, Federico de Castro.

“El ministro sabe que si se avanza los mayoristas se comen a las 465 pymes nacionales” que comercializan combustible y emplean a más de 8.500 trabajadores, aseguró el ejecutivo de la Unvenu.

Actualmente, el precio está regulado en toda la cadena, pero desde Ancap se ha señalado que una vez que el Poder Ejecutivo fije el valor máximo de los combustibles (previo informe preceptivo del precio de paridad de importación —PPI— calculado por la Ursea y otro de la propia Ancap) en la puerta de la planta de distribución del ente, “aguas abajo” serán los privados los que definan el precio de venta.

Supuesto equivocado. La Unvenu cuestiona que los cambios que se impulsan vayan a promover un mercado más competitivo entre las estaciones en el precio que pagan los consumidores minoristas.

“Se parte de un supuesto equivocado. Suponen que el comerciante tiene exceso de renta y podría bajar el precio en el surtidor. No se acuerdan de que en 2016 se congeló la bonificación y que en 2017 se bajó 10% el margen bruto de las estaciones. No hay paño para bajar” el precio, señaló De Castro. Y por el absurdo, dijo que el precio en el surtidor “seguiría en (el valor) máximo en todas las estaciones, a menos que el Poder Ejecutivo fije el máximo en $ 100”.

Para el asesor de la Unvenu, Daniel Porrini, que participó de la reunión con la comisión de expertos, dijo a Búsqueda que los ahorros que se puedan conseguir eventualmente en la distribución primaria o secundaria van a ser “insignificantes”. Agregó: “Nadie dice que no se pueda mejorar, pero hoy se parte de un alto nivel de eficacia en la cadena que asegura en todo el país la presencia de los combustibles en calidad y cantidad y que como funciona no se aprecia debidamente”.

Para la Unvenu, un cambio en la ecuación económica de los estacioneros, “que han realizado inversiones, en función de contratos vigentes que tienen plazos de 10, 15 o 20 años con determinada relación de litros vendidos y un margen por litro”, sería una “catástrofe económica, que generaría daños irreparables” al sector.

La gremial aboga porque se mantenga el sistema de distribución de combustible actual, con una metodología de cálculo del PPI y la Ursea fije los márgenes a la distribución secundaria. Por tanto, sugieren que el precio máximo que fije el Poder Ejecutivo sea “el PPI más los márgenes de cada eslabón de la cadena (fleteros, estacioneros y distribuidores mayoristas) para que no haya abusos o se afecte el nivel de competitividad de las pymes”.

Para la Unvenu el “mayor ajuste” lo tiene que hacer Ancap, y para ello el gobierno debe poner sobre la mesa los temas de fondo que determinan el sobreprecio de los combustibles, porque es allí donde lograría mejoras sustanciales en la competitividad de los sectores productivos del país.

Y entre ellos, la gremial insta a que se cambie la fuente del financiamiento del llamado fideicomiso del boleto; a modificar aunque sea parcialmente la ley de agrocombustibles; eliminar el subsidio al supergás; y solucionar el déficit sistemático de la división Cemento de Ancap, por ejemplo.

Biocombustibles. En particular, los representantes de la Unvenu dijeron a los integrantes del comité que la gremial comparte el objetivo del Poder Ejecutivo de bajar el precio del gasoil para que el sector privado tenga un alivio de costos.

Y plantearon su fórmula para disminuir el impacto de los biocombustibles en los precios de la nafta y el gasoil. Señalaron que lo “ideal” sería derogar la obligación establecida en la Ley Nº 18.195 de mezclar biodiesel y etanol. Pero, como la voluntad política es mantener esa norma por el impacto económico y social que implicaría afectar —especialmente— la actividad de Alur en Bella Unión, propusieron que se introduzca una flexibilización legal. Y dejaron al comité un proyecto de ley que plantea fijar el porcentaje de mezcla de biodiesel “en hasta un 5%” en función de si el costo de producción de dicho combustible es inferior al de producir gasoil. De lo contrario, se eximiría a Ancap de la obligación.

Actualmente, la ley exige mezclar como mínimo 5% de biocombustibles en las gasolinas y el gasoil, pero Ancap incorpora 9,8% y 5,5% respectivamente.

Para De Castro la propuesta no encerraría una “pérdida de valor, ya que los granos que hoy ‘se queman’ en la mezcla se pueden exportar y por ende se estarían generando divisas para el país”.

A su juicio, una modificación de este tipo es “impostergable” y sería poner a Ancap “al servicio de los uruguayos” y no al revés.

El martes 17, en un taller para periodistas organizado por el ente, donde se presentaron los resultados acumulados a setiembre, el presidente, Alejandro Stipanicic, explicó que la decisión de bajar el porcentaje de mezcla “parece sencilla de tomar, pero en la implementación no se puede estar jorobando con el número” porque implica cambios en los procesos, que van desde la compra de crudo, de granos, así como de inventarios y procesos. La implementación y decisión “no es banal”, insistió el jerarca.

Indicó que si bien la decisión del porcentaje de mezcla la seguirá tomando Ancap el ente está analizando la cadena y pretende implementar para la próxima zafra exigencias de rendimientos en los contratos con los productores de caña de azúcar además de introducir variables de precio internacional. “Alur va a dejar de tener como productores a aquellos que no tengan un rendimiento mínimo; no podemos soportar productores que son (como) empleados”, afirmó el jerarca.

Pérdidas. En enero-setiembre Ancap registró pérdidas por US$ 61 millones, principalmente debido al resultado financiero negativo derivado de su exposición en moneda extranjera y el impacto de la variación del tipo de cambio en su balance. En el primer semestre el “rojo” había alcanzado a 41 millones, por lo que las cuentas del ente continuaron empeorando.

El resultado operativo mantuvo su signo positivo en US$ 7 millones (igual que el registrado a junio).

En tanto, mejoró el resultado de participación en las vinculadas que pasaron de ganar en conjunto US$ 11 millones a US$ 26 millones.

Por tipo de negocio, el único que continuó arrojando números negativos fue el de cemento portland, que a setiembre acumuló US$ 3 millones de pérdidas.

El nuevo presidente del directorio común que asumió al frente de las tres subsidiarias principales de Ancap (Cementos del Plata, Ducsa y Alur), Alfredo Fernández, se refirió a la gestión del cambio que el ente está diseñando para contar con un centro de servicios compartidos a fin de lograr “mejor eficiencia y profesionalización” de los procesos. Indicó que su implementación, que se prevé terminar para fines del 2021, tendrá “como consecuencia” un ahorro del orden del 10% de los costos actuales de los servicios.

El grupo Ancap perdió US$ 28 millones hasta setiembre.