“Antes no pasaba nada en el país, ahora tiene inversiones y demandas por todos lados. Además los problemas ambientales son cada vez más importantes. Esta contradicción es constante”, evaluó.
Mujica está preocupado por algunos proyectos puntuales. En primer lugar Aratirí, al que considera fundamental para extraer riqueza del subsuelo. Aunque el gobierno firmará el contrato en los próximos días, la Dinama y la empresa todavía intercambian información.
También molesta al mandatario el retraso en la puesta en marcha de algunos parques eólicos. Hay dos que todavía esperan la autorización: uno del español Grupo Cobra cerca del balneario Kiyú, en San José, y otro de UTE en Juan Pablo Terra, Artigas. Las autoridades de UTE calculan que se pierden U$S 3,6 millones por cada mes que los parques permanezcan sin funcionar (Búsqueda Nº 1.744).
Al jefe de Estado lo inquietan además emprendimientos que ya están en marcha pero que necesitan mayores controles que los que puede ofrecer la Dinama. Uno que mencionó en conversaciones de trabajo es la extracción de oro en Minas de Corrales que lleva adelante la empresa Orosur, que usa métodos químicos para la separación del metal. El presidente entiende que “el proceso es peligroso”, aunque considera que la compañía “hace las cosas muy bien”.
“Hay que controlarlo. Hay que tener siempre la certidumbre de que ande bien”, comentó Mujica.
En la Torre Ejecutiva asumen que la Dinama “está superada en dimensiones por la realidad” y “seguramente habrá que darle más recursos, medios, capacidad y más flexibilidad para contratar y descontratar gente”, dijo el mandatario.
Según informaron desde la Dinama a Búsqueda, en la actualidad trabajan unas 20 personas en la División de Evaluación Ambiental.
En noviembre el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de U$S 5 millones —con una contrapartida local de U$S 2 millones— para “apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión ambiental en Uruguay” que “se ejecutará bajo la responsabilidad” de Dinama.
Con ese dinero se “financiará equipamiento para fortalecer la capacidad de laboratorio de la Dinama”. Se espera reducir el 20% “los tiempos de expedición de la autorización ambiental previa para grandes proyectos” y el 30% “los tiempos para otros proyectos”.
“Cuello de botella”.
Cuando todavía no se había presentado el proyecto de Aratirí, Rucks planteó que tenía problemas para afrontar la demanda creciente de evaluación ambiental.
“Por supuesto que la Dinama requiere ser fortalecida frente a los procesos de desarrollo intensos que se están verificando en el país. El incremento del número de proyectos y la calidad y la dimensión de los proyectos que ingresan a la Dinama hoy son mucho mayores que los que entraron en años anteriores. Eso implica necesariamente un fortalecimiento de la institución para poder cumplir sus cometidos”, dijo a El Espectador el 30 de junio del 2011.
En febrero del 2012 la entonces ministra de Vivienda, Graciela Muslera, dijo en una entrevista con “La República” que el ministerio trabajaba “en buscar una nueva institucionalidad” para “dar una respuesta más integral y firme a cada una de las solicitudes de emprendimientos”.
El presidente expresó en marzo al gabinete productivo su preocupación porque la Dinama “esté a la altura de los desafíos” que se le presentan. El 6 de ese mes la entonces ministra de Vivienda, Graciela Muslera, dijo en conferencia de prensa que el gobierno estaba trabajando en una reestructura de la Dinama (Búsqueda Nº 1.653).
“Hay un proceso de maduración de capacidades que tienen que llevar a tener una organización institucional distinta”, dijo. De todos modos, Muslera consideró que no estaba claro que el organismo tuviera “la madurez” como para convertirse en ministerio “a corto plazo”. El gobierno evaluaba la posibilidad de trasladar a la Dinama a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Por esos días el gobierno lanzó un “plan retorno” para que profesionales vinculados a la evaluación ambiental volvieran al país a ocupar 13 cargos en la Dinama.
Rucks explicó en abril el problema que enfrentaba. “El área a la que le corresponde hacer los estudios de impacto ambiental, sobre fines de 2011 tenía solo un director con dos técnicos trabajando. Eso generó un proceso de acumulación enorme de 50 proyectos a estudiar. Teníamos cinco técnicos para estudios de impacto ambiental y tras la presentación de Aratirí, tres se dedicaron al megaproyecto” (Búsqueda Nº 1.657).
El director afirmó que “el nivel de complejidad de los proyectos ha aumentado” y con eso se generó “un gran atraso que fue un tapón, un cuello de botella para la inversión”.
“Todo aquel que dentro de la Dinama tenía experiencia de trabajo en impacto ambiental pasó a trabajar ahí y se le asignaron proyectos a estudio. (...) Hubo que sacrificar al resto de la Dinama para que trabajen solo en impacto ambiental (...). Esto no es un chicle, sacamos capacidades de un lugar y las ponemos en otras”, contó.
Poco después se agregó a los problemas la salida de la ministra. Muslera renunció a su cargo en junio luego de que corrieran versiones de que iba a ser sustituida. Mujica nombró en su lugar a Francisco Beltrame.
En diciembre del 2012 un grupo de científicos de la Universidad de la República presentó un trabajo titulado “Análisis de componentes zoológicos en informes ambientales presentados ante Dinama”. Estudiaron 156 informes y encontraron “inconsistencias y datos poco transparentes”. Algunos estudios presentaban confusiones tales como nombrar un animal con el nombre de una planta, tenían listas repetidas respecto de otros informes o gruesos errores respecto de la flora y la fauna que habitan en Uruguay (Búsqueda Nº 1.693).
“Palos en la rueda”.
En el 2013 el gobierno decidió dar un giro a la situación y decretó la reestructura en distintas divisiones del MVOTMA, entre ellas la Dinama.
El artículo 3 del decreto dice que las vacantes que se generan serán cubiertas según lo dispuesto en la ley 18.966, que permite incorporar un trabajador “en régimen de contrato, durante un período de dieciocho meses, a cuyo término y previa evaluación satisfactoria de su desempeño, será incorporado a un cargo presupuestado del escalafón respectivo”.
El 23 de setiembre unos 150 funcionarios, entre ellos cuatro directores, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio (AfuMvotma) presentaron un recurso de revocación contra la medida.
Dos semanas después Rucks envió un correo electrónico a los implicados en el recurso. Allí criticó la actitud de los directores firmantes.
“Me decepcionan como directores y digo las cosas de frente”, afirmó. “Busqué construir un equipo pero veo que no lo somos con ustedes cuatro”, lamentó. Consideró con “dolor” que no tuvieron “responsabilidad” ni “lealtad institucional” hacia la Dirección, apoyando una medida para “destruirla”.
Rucks dejó a esos directores fuera de las reuniones de coordinación porque no podía “confiar en un equipo que no está dispuesto a cambiar, que sigue poniendo palos en la rueda”. Aseguró que la reestructura fortalece a la institución. “Yo creo que los cambios son imprescindibles en la Dinama y los haremos”, sentenció (Búsqueda Nº 1.735). Cinco días después se presentó en una asamblea del sindicato para ratificar su postura ante los funcionarios.
El miércoles 16 de octubre el ministro Francisco Beltrame dijo ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado que en el reclamo estaba en juego la “salvaguardia o no de los intereses personales” de los funcionarios.
Ese día varios directores y asesores de la Dinama redactaron una carta para manifestar su “total respaldo a la gestión” de Rucks.
“El crecimiento del país y el aumento de los emprendimientos productivos han incrementado la demanda hacia esta organización, constituyendo un desafío para los equipos técnicos y administrativos de Dinama. Con el impulso de Rucks se transita un camino de fortalecimiento que apunta a mejorar la eficiencia de la organización, con independencia técnica y calidad de los procesos, en particular los de evaluación y control asociados a la instalación de nuevos emprendimientos”, afirmaron.
En noviembre concurrió al Parlamento una delegación de AfuMvotma junto a una representante de la Confederación de Funcionarios del Estado (Cofe).
Iris Fregossi, secretaria de Asuntos Gremiales de la Cofe, dijo que en el ministerio “se están viviendo situaciones de persecución, irregularidades respecto del funcionamiento” que “perjudican a los funcionarios”.
Astrid Sánchez, vicepresidenta de AfuMvotma, describió un “ambiente de descontrol dentro de la institución” y sostuvo que están “viviendo la situación de tener ministerios paralelos”.
“En el Ministerio hay 200 contratos por proyecto. Por ejemplo, una unidad ejecutora, como la Dinama, tiene 85 cargos ocupados en total —algunas personas están fuera del Ministerio— pero hay más de 200 contratos por proyecto. Lo que más nos alarma de esa situación es que estos funcionarios, que no marcan tarjeta, que reciben sueldos que son dos o tres veces más grandes que los de cualquier funcionario de carrera, además no están registrados en Recursos Humanos. El área de Recursos Humanos no tiene idea de cómo entran, de si asisten o no, porque entienden que como sus haberes no salen de las retenciones del contrato formal de los funcionarios de carrera, son una cosa aparte”, dijo.
Sánchez sostuvo que esos trabajadores contratados por proyectos “son un número mucho mayor que los funcionarios de carrera y están manejando la Dirección”.
La sindicalista dijo que “la nueva reestructura presenta doscientos y pico de cargos para la Dinama y el proceso que se está viviendo dentro del Ministerio es de prácticamente una contratación directa para llenar esos cargos”.
“La Dinama se corta sola, está funcionando como un ente autónomo (...). Necesitamos que haya una auditoría de recursos humanos y pedidos de informes para ver cómo se han utilizado los recursos y por qué ahora es necesario que se contraten afuera productos que ya se trabajaron por dentro”, agregó.
Mientras la Dinama enfrenta las rencillas internas, sus técnicos intentan avanzar en el análisis de esos voluminosos informes de impacto ambiental, como el de Aratirí y el de la planta regasificadora que se instalará frente a Punta Sayago. Además deben controlar los proyectos que ya están funcionando, en particular la planta de celulosa de UPM. Y la fábrica de Montes del Plata ni siquiera empezó a funcionar. Todos esos emprendimientos suman unos U$S 8.000 millones de inversión.
“Los atrasos muy considerables en los proyectos son pérdidas económicas pero el trabajo de control hay que hacerlo”, reconoce Mujica, que intenta lanzarle un salvavidas al organismo ambiental.
Contratapa
2014-01-09T00:00:00
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