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Reducir la incidencia del narcotráfico y del crimen organizado fue uno de los principales objetivos tras la decisión de legalizar y regular la producción y comercialización de marihuana en Uruguay. Sin embargo, dos años y medio después de comenzar ese camino, la Policía asegura que la situación cambió poco. La venta ilegal y las incautaciones de marihuana continúan a niveles similares previo a julio de 2017, lo que demuestra que para las organizaciones criminales continúa siendo rentable vender esa droga en Uruguay. Incluso, la célula local del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), que días atrás se desarticuló, trabajaba en el desarrollo de una “línea incipiente” de comercialización de marihuana, dijeron a Búsqueda fuentes policiales.
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La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) ya superó las dos toneladas de cannabis incautado en lo que va del año, una cifra que casi en su totalidad está formada por marihuana prensada y que incluye hachís, semillas y flores. El año pasado ese número fue de 2,4 toneladas y en 2017 —cuando el comercio legal de marihuana empezó a implementarse en farmacias— fue de 1,9 toneladas. De 2005 a 2016 el promedio había sido de 1,5 toneladas, según un informe de la DGRTID.
Aunque los números señalan que el combate al narcotráfico registró pocos avances con la regulación legal de la droga, dentro de la Policía las miradas son diferentes. Algunos, como el director nacional Mario Layera, consideran que la ventana de análisis es aún corta y que a la larga la estrategia dará resultados. “Las drogas hay que regularlas desde el Estado, y aclaro que dependiendo de la peligrosidad de cada una se debe dar una política específica en tal sentido, porque no se pueden manejar todas por igual. Cada una según sus formas, pero sí hay que regularlas”, dijo Layera el domingo 8 entrevistado por el diario argentino Página 12.
Ayer miércoles, un estudio presentado por la Junta Nacional de Drogas indicó que en Montevideo hubo un descenso de los delitos de drogas que ingresan al Poder Judicial, que según los operadores en parte está relacionado con la regulación del cannabis. Durante la presentación se explicó que “el avance de la regulación ha afectado negativamente al negocio del narcotráfico”, pero que la reestructuración del ingreso de la sustancia y la sobrevivencia de mercados cautivos mantiene el negocio ilícito de la marihuana.
Otros jerarcas policiales y del Ministerio del Interior aseguran que a largo plazo es díficil que la situación se modifique y se pueda debilitar a los grupos de narcotráfico. “El efecto actual de la regulación es mínimo, no es positivo”, sostuvo una de las personas responsables del combate al narcotráfico, quien basa su afirmación en la cifra de procesados y formalizados por casos relacionados al comercio de estupefacientes, incluido el cannabis: 777 en 2019, 842 en 2018, 947 en 2017 y un promedio de 703 entre 2005 y 2016.
Debido al crecimiento sostenido de las personas registradas para acceder legalmente a cannabis —actualmente son 38.771 para comprar marihuana en las 17 farmacias autorizadas— el consenso común entre la Policía y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) es que la droga que produce el Estado no alcanza para cubrir la demanda.
Pese a que las dos empresas con licencias vigentes han mejorado los procesos y aumentaron su producción, el desequilibrio determinó que en octubre el Ircca haya seleccionado a tres nuevas empresas para la producción y distribución de la droga, que operarán en las mismas condiciones que las dos que trabajan por el momento, con el permiso de producir hasta dos toneladas anuales de flores secas de cannabis psicoactivo por un período inicial de cinco años (ver nota en página 15).
Más allá de la escasez del producto legal en las farmacias, en la Policía consideran que es imprescindible profundizar las campañas de concientización del consumo ilegal, específicamente en los menores de edad, un grupo de consumidores que por ley no está autorizado a adquirir marihuana estatal.
