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“Patético”, “decepcionante” y “preocupante”, fueron algunas de las apreciaciones que Búsqueda recogió de parte de varias agencias marítimas y operadores portuarios luego del diálogo que —a través de la plataforma Zoom— mantuvieron el martes 11 con las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP). El propósito del contacto fue tratar de aclarar dudas sobre el funcionamiento del nuevo reglamento de atraque de buques del puerto de Montevideo.
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“Esto no es lo que esperábamos de la reunión. Hoy los armadores no sabemos, porque la ANP no sabe cómo vamos a trabajar. Dicen que van a ver cómo se van a solucionar los problemas en una mesa de trabajo. Se hicieron preguntas y no se contestaron”, se quejó el directivo de una agencia marítima.
“El reglamento es un disparate, atenta contra la libre competencia y contra los acuerdos privados que las agencias tenemos con las terminales. Es un cuasi monopolio”, dijo otro ejecutivo que participó de la reunión virtual. Y añadió que las autoridades están “con un libreto muy estructurado”, cuando lo que “tendrían que entender” es que las navieras pueden dejar de operar si se les quita la posibilidad de elegir con qué proveedor de servicios trabajar, lo que terminaría “afectando la conectividad” del puerto y del comercio exterior.
El nuevo reglamento de atraque fue aprobado junto con la polémica extensión de la concesión a Katoen Natie como parte de un arreglo para evitar un juicio de ese grupo belga contra el Estado uruguayo.
Los informantes indicaron que el Centro de Navegación (Cennave) —que nuclea a las agencias, operadores, terminales y depósitos— advirtió a la ANP que se está “dañando la confianza” en la administración y que se precisan “respuestas claras” para dar previsibilidad a los usuarios del puerto y ser “lo más sólido posible”, para que los servicios se mantengan.
Expresaron su “preocupación” al presidente de la ANP, Juan Curbelo, sobre el incremento en los costos que el acuerdo entre el Estado y la Terminal Cuenca del Plata (TCP, de la que Katoen Natie es accionista principal) puede significar al eliminar los topes a las tarifas a los buques. Eso también fue advertido ayer miércoles por la Unión de Exportadores (UEU) en la Comisión de Transporte del Senado.
La delegación indicó que con las rebajas tarifarias previstas —en etapas— para los exportadores en el marco del acuerdo entre el Estado y TCP se seguirá estando “entre tres y cuatro veces más caros” que puertos como los de Chile y Brasil, por lo que no se lograría “mejorar sustancialmente la competitividad”.
Además, la UEU planteó “preocupación” porque el nuevo régimen de gestión acordado para TCP “permite la inclusión de nuevos conceptos” a cobrar a la carga sin previa autorización de la ANP.
La gremial subrayó que “no se establecen objetivos de competitividad para la terminal”, pero sí para la administración portuaria.
“Desconcierto”
En la reunión virtual entre las autoridades de la ANP y unos treinta operadores privados hubo “más preguntas que respuestas”, dijeron algunos de los participantes, que tras la desconexión intercambiaron su “desconcierto”.
Sobre las tarifas, indicaron que Curbelo aseguró que dada la economía de escala se podrían bajar “sensiblemente” y que la ANP estará involucrada —como accionista minoritario de TCP— en todas las decisiones que tome la terminal especializada, porque se intenta “volver a que sea una sociedad”. Eso funcionaría como una especie de “garantía”, les dijo, según las fuentes.
Agregaron que anunció que “a la brevedad” se aprobará un nuevo decreto para fijar la vigencia del reglamento de atraque (que regiría desde el 25 de febrero del 2022), y que para aclarar las dudas e inquietudes sobre la operativa y funcionamiento de parte de los distintos operadores se formará una “mesa de trabajo” para tener respuestas rápidas. Y transmitió que antes de esa fecha las obras de TCP no estarían terminadas y que la administración pretende alcanzar un “consenso” de cómo se ordenaría la operativa hasta tanto, aseguraron.
Paralelamente, dijeron que la ANP prevé “reordenar” el uso de las áreas públicas, asignándolas gradualmente con procesos competitivos y no como sucede actualmente con permisos que se renuevan cada 90 días.
Destacaron que el titular de la ANP recalcó la “decisión política” de “ajustar” a la normativa vigente el funcionamiento portuario para que Montevideo sea un puerto “competitivo con la región” y poder “duplicar los movimientos”.
Entre otras cuestiones prácticas, el Cennave planteó si existe un cronograma y cuál será la capacidad operativa de TCP desde febrero del año próximo; si el régimen de prioridades para las terminales especializadas será para todas las cargas; y si habrá “ventanas operativas” para buques océanicos y barcazas.
Curbelo, dijeron, derivó las respuestas para la mesa de trabajo a conformarse. El Cennave replicó que ese tipo de contestaciones deberían darse en el momento.
La gremial empresarial planteó que existen 12 servicios con buques de ultramar que llegan al puerto, con cierta frecuencia, pero que hay momentos en que todos coinciden. Ante ello, se consultó cómo se prevé ordenar las prioridades de atraques para ofrecer los servicios a todas las navieras. Pero no hubo una respuesta “clara y contundente” por parte de Curbelo, dijeron; el jerarca fijó la primera reunión del grupo de trabajo para el próximo miércoles 19.