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—El juego tiene una especie de lado oscuro: puede hacer daño a un sector vulnerable de la sociedad, como el alcohol o la droga. En función de esa característica es que el juego en Uruguay se explotó en el marco de una máxima plasmada en una ley de 1882: no se prohíbe —porque la población necesita jugar y distraerse— pero tampoco se incentiva. La excepción fue la autorización de la Lotería y las carreras de caballos, porque el país se había hecho arriba de un caballo.
Los maquineros ilegales dicen que esa ley está derogada, pero no es así; los que están derogados son los artículos que establecían una multa o pena de prisión. Porque el juego clandestino es un delito menor, es una falta. El artículo 1°, que es prohibitivo, nunca cayó: si hubiera caído, usted podría estar explotando un juego con una mesita en la calle. El juego no es una actividad libre y todos tuvimos que pedir autorizaciones, y por la vía de la excepción se habilita.
Enmarcado en este principio general, el juego en Uruguay se armó prácticamente sin competencia: somos 28 bancas y cada una tiene un territorio. Pero cuando vino Internet se terminó el territorio, por lo cual, cuando nos autorizaron las apuestas deportivas, el Estado fomentó una plataforma única, con una misma política de explotación comercial.
¿Cuál es el tema ahora? En 2005 Inglaterra sancionó una ley y autorizó los juegos en el marco de la concepción filosófica del liberalismo, pero la libertad de mercado no es aplicable al juego. ¿Por qué? Porque en un ámbito de libertad las empresas compiten, hacen que los juegos paguen cada vez más premio, fomentan la oferta, hacen una publicidad agresiva, y dan beneficios, bonos y otras políticas VIP para los jugadores online. Hay jugadores VIP que se han matado; está comprobado que los que reciben un bono como estímulo se convierten en ludópatas. En la otra mano, los ingleses aplican el concepto del juego responsable y se les pide a las propias empresas de la industria que determinen cuándo un jugador es vulnerable. Esa es la contradicción que está implícita en la ley inglesa, que se exportó a todo el mundo, y está en el proyecto de ley que trata nuestro Parlamento. No se puede armar un esquema de competencia y a su vez decirles a las mismas empresas que deben cuidar al cliente. En esa competencia exacerbada la empresa no cuida nada y ve que la persona está loca, que está mal, que roba para jugar, pero lo sigue teniendo porque, si lo echa, se va con el de enfrente. Por suerte, con los juegos deportivos, al haber una plataforma única yo lo saco: cuando está enfermo, no le permitimos jugar. Pero en un ámbito de competencia sí tiene a dónde ir.
Apelar al liberalismo con el tema de la salud es un grave error, porque la gente enferma no se reconoce como tal y termina mal. Esta es una contradicción flagrante que tiene la ley.
Tenemos 80 años de experiencia en esto. Y sabemos que si se va a regular y legislar el juego se debe tener en cuenta el pilar social; la sociedad tiene partido acá, porque después, cuando se mata alguno, los familiares se reúnen en una asociación y empiezan a hacer campaña contra el juego. Fue lo que pasó ahora en Inglaterra para detener lo que llaman el juego depredador. Inglaterra se olvidó de esa pata social. Pero la industria del juego, al igual que la de la alimentación y la farmacéutica, tiene un gran lobby, y está presionando ahora en Uruguay… En Italia y en España pasó lo mismo, y el péndulo fue para atrás, prohibiendo todo, salvo lo que ya estaba autorizado. Toda Europa está dando marcha atrás. Entonces, ¿por qué Uruguay va a cometer este error ahora de legislar con este enfoque del liberalismo? ¡Consideremos el enfoque social y de la salud de entrada y acomodémonos nosotros a eso!
Me pueden decir: “Bueno, acá va a haber intervención del Estado, porque va a controlar la Dirección de Casinos”. ¡Sí, pero vas a armar un régimen de competencia que no va a servir para cuidar la salud de la gente! Esa es la contradicción.
—¿Por qué cree que el Ministerio de Economía (MEF) impulsa este proyecto? ¿Es para contemplar los pedidos de algunas empresas interesadas?
—Puede ser. No quisiera incursionar en eso porque no sé cuál es la intención del Poder Ejecutivo. Lo que pretendo con mi mensaje es que cambie la filosofía de este proyecto en su enfoque: no estoy en contra de que se habilite el juego online de casino, pero quiero que se legisle bien, porque a futuro va a afectar a todo el mercado de juego y afectará a la sociedad.
—En concreto, ¿qué enfoque plantea usted?
—Primero, debería haber una plataforma única. Casinos dice que habrá una plataforma propia de esa dirección más los emprendimientos mixtos; luego estarían los casinos privados, como el Conrad o el Casino Carrasco en otra plataforma. Y la intendencia podría abrir otra.
—¿Está interesada?
—No lo sé, la intendencia no se ha manifestado. Pero por supuesto están interesados los casinos privados. Quiere decir que habría varias plataformas compitiendo. Si se da eso, ¿qué es lo primero que van a hacer? Para poder agarrar a los clientes ofrecerán pagar más que las otras. En el mundo, más o menos el 8% de los jugadores constituyen el 90% de la venta…, son los vulnerables y a los que les ofrecen programas VIP.
Hay que cambiar la filosofía e ir a una plataforma única, como tenemos nosotros con Supermatch. Tuvimos la habilidad de unir a las 28 bancas y las 220 agencias —empresas— en un régimen en donde distribuimos la utilidad teniendo en cuenta los factores capital y ventas. Con los casinos online se puede hacer una fórmula parecida. Y las reglas de competencia debería ponerlas la Dirección de Loterías, porque Casinos es arte y parte si al mismo tiempo explota una plataforma.
Si elimino o mitigo la competencia, puedo atender la problemática social del juego. Una solución de este tipo también considera al gobierno, que recauda y genera riqueza para la sociedad. Esta teoría la defienden los finlandeses y en Viena.
—Dijo que si se aprueba este proyecto se corre riesgo de afectar a todo el mercado de juego y a la sociedad. ¿De qué forma?
—Lo más peligroso de todo es que las empresas, compitiendo, van a hacer publicidad exacerbada, van a dar bonos y beneficios para disputarse los clientes, y eso va a generar que esa gente vulnerable caiga enferma o se suicide. El riesgo está ahí. Esperamos que haya una reconsideración. Por ejemplo, el proyecto debería prohibir dar promociones a los apostadores. Tampoco está prohibido procesar el juego en zonas francas y hay que prohibirlo. El proyecto también debería tener algunos artículos referidos al lavado de dinero a través de los sitios, por si las moscas. Son aspectos clave.
—Desde el MEF han intentado acelerar el trámite parlamentario del proyecto. ¿Cómo interpreta ese apuro?
—Es muy buena pregunta. Esto no debería ser un tren bala, sino que debería ser bien estudiado por las razones que dijimos. Hay que tomarse el tiempo suficiente y todos deben opinar, porque son temas que implican a todos. Uno tiene la impresión de que a esto lo van a sacar a marcha camión, y no debería ser así porque va a terminar mal; son hechos objetivos. No debería haber apuro ni velocidad, debería legislarse bien. Repito: no estamos en contra de que se aprueben los juegos online de casinos sino que queremos que se legisle con un enfoque ideológico que no cause daño.
—Si se aprueba, ¿La Banca va a participar?
—No, con este enfoque no. Porque sabemos que en esa batalla de competencia le haríamos daño a la gente, y por una cuestión moral y ética, no. Es más, no sé cómo harían para convivir el juego nuestro con el de ellos.
