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El presidente Luis Lacalle Pou firmó el decreto que establece cómo se reconocerán universitariamente los estudios de formación docente dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La reglamentación señala que una carrera ofrecida en distintas sedes o regiones solo podrá disponer que hasta un 33% de las horas de docencia directa sean impartidas a distancia, pues “el reconocimiento de carácter universitario de una carrera requiere un alto nivel de exigencia en distintos componentes” con el fin de “asegurar el cumplimiento de condiciones de calidad”.
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Además, para ser considerada como licenciatura, una carrera de la ANEP deberá tener al menos 3.000 horas de docencia directa o actividades prácticas supervisadas, y cuatro años de duración. El título de magíster o máster, por su parte, se otorgará para un estudio de postgrado de al menos 500 horas de docencia directa o actividades prácticas supervisadas, y de dos años de duración. La especialización necesitará de 360 horas de docencia directa o actividades prácticas supervisadas, y un año de duración; y el doctorado tres años de duración y un trabajo de investigación académica o aplicada.
Firmado el viernes 4 en el Consejo de Ministros, el decreto 338/020 regula el artículo 198 de la Ley de Urgente Consideración, donde se estableció la necesidad de crear un procedimiento para acreditar el nivel universitario de carreras de formación docente en entidades públicas no universitarias. Se trata de estudios que forman parte de la oferta actual del Consejo de Formación en Educación de la ANEP —como el Instituto de Formación Docente o el Instituto de Profesores Artigas—, o que puedan ser propuestas en el futuro por esta u otras instituciones públicas.
El proceso depende del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y obliga a constituir un consejo consultivo para asesorar al ministerio. Las solicitudes se presentarán ante el MEC, que se pronunciará dentro de los seis meses siguientes. En el caso de que se niegue la certificación, la institución podrá volver a solicitarla.
Aunque Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, realizó aportes al decreto, algunas de sus disposiciones tuvieron puntos de vista discordantes en otros integrantes del organismo, señalaron fuentes oficiales. La normativa también provocó reacciones críticas en el ámbito académico. Claudio Rama, economista y doctor en Ciencias de la Educación, afirmó que el requisito del 33% sobre educación a distancia “genera por primera vez en Uruguay una normativa que inexplicablemente limita explícitamente” en la materia. “Es un contrasentido a las tendencias internacionales, es técnicamente antiguo al no tomar en cuenta lo que hoy sucede en un mundo digital”, sostuvo en diálogo con Búsqueda.
Rama añadió que el gobierno tampoco sigue lineamientos internacionales y demanda más de lo que imparten la Universidad de la República y las universidades privadas al exigir 3.000 horas de docencia directa para acreditar una licenciatura: “En un contexto global en el que se busca reducir las horas de la licenciatura para promover los posgrados, se establece una gran diferencia con el formato que se pide a la ANEP”.
Expertos que trabajaron en el decreto aseguraron a Búsqueda que el límite en la educación a distancia se fijó al entenderse que las carreras de formación docente “son esencialmente presenciales”, mientras que su carga horaria “no es comparable con la de otras carreras universitarias” porque incluye la parte de práctica docente.
Agregaron que, a nivel general, la normativa busca aprovechar la experiencia que el MEC tiene actualmente en la acreditación de las instituciones universitarias privadas y de las carreras impartidas por esas instituciones, así como de los programas de formación de grado y posgrado de la enseñanza policial y militar.
La intención de que la formación docente tenga nivel universitario es un objetivo que cuenta desde hace años con el consenso de todo el sistema político, pero los partidos no se han podido poner de acuerdo sobre cómo alcanzarlo.
Los esfuerzos de administraciones anteriores se centraron solo en la dimensión institucional, señaló uno de los expertos consultados.
La Ley de Educación que se aprobó en 2008 con votos del Frente Amplio preveía la creación de la Universidad de la Educación, pero cuando el tema se discutió en el Parlamento, la oposición no dio sus votos. La principal crítica planteada entoncs era que se establecía que la institución sería dirigida por un cogobierno.
